Al referirnos al incremento salarial anual, debemos partir del principio de que la fuente de pago de los salarios es la producción y la comercialización exitosa de esa producción. Por ello, para hablar de ajuste salarial sostenible, tenemos que considerar la productividad en general y la del trabajo en particular. Si no hay mejoras en la productividad, los ajustes salariales se harán inviables y para resolver la brecha se reducirá el empleo o se postergarán decisiones de contratación nueva.
Por otro lado, el problema de los costos laborales y su impacto en la informalidad y precarización responde a un efecto acumulado. Entre 2007 y 2018 el incremento del salario mínimo fue de 312% y el haber básico subió en 150%. Lo que vemos es una trayectoria de ajustes muy por encima de la inflación y por arriba de la productividad del trabajo. Se trata de incrementos en el salario real, sin una mejora comparable en la productividad. Es ese efecto acumulado el que hoy explica que se tenga casi 60% de informalidad, tasas de desempleo relevantes para mujeres (5,5%) y peores para jóvenes (8,6%).
Lo que agudiza este escenario es que con cada ajuste, sumado a costos como el segundo aguinaldo, los beneficios de una minoría se traducen en pérdidas para la mayoría. La evidencia muestra que entre los trabajadores asalariados, el porcentaje de los que ganan menos del salario mínimo subió de 6,5% en 2011 a 17,5% en 2017. Nuevamente, los costos indujeron a la informalidad y, en definitiva, la política salarial en vez de favorecer a la mayoría de trabajadores resultó afectándola. Los costos golpean más a las PYMEs, que son más vulnerables y al mismo tiempo las que emplean una mayor cantidad de trabajadores menos calificados.
Para el sector empresarial, los problemas son aún más graves. En 2018, el incremento real en el costo de la planilla fue 14% (suma del incremento de 5,5% al haber básico y el segundo aguinaldo, que es 8,33%), además de otros factores como la incidencia de la subida del salario mínimo en el bono de antigüedad. Eso representó $us 681 millones, cifra que pudo representar inversión nueva con más empleos nuevos de calidad.
Muchas de las empresas que se acogieron al plazo para el pago de este beneficio están recién saliendo de esta obligación para tener que asumir ahora el incremento salarial, que es retroactivo a enero.
Es claro que los flujos de caja de los empleadores no podrán resistir una presión elevada si el incremento es superior a lo que la realidad puede soportar. Y si a ello se suman las rigideces de la normativa, son muy pocos los empleadores que pueden contratar sabiendo además que, ante una caída en ventas o producción, no podrán terminar una relación laboral.
El aumento de los costos laborales desligados del incremento de la productividad genera efectos multiplicadores indirectos que afectan el equilibrio y la sostenibilidad, producen contracción de la economía, y sobre todo inciden negativamente en el clima de negocios, la competitividad y la atracción de inversiones. La política de aumentos anuales desproporcionados y retroactivos, además de la amenaza de un incremento adicional a fin de año, son factores disuasivos que desalientan las inversiones y disminuyen la posibilidad de creación de nuevas fuentes de trabajo, lo que a la larga resulta en una acumulación de factores negativos que están incidiendo sobre el aumento del desempleo y del empleo precario no protegido.
Como sector empresarial acompañamos iniciativas gubernamentales como el plan de empleo, que busca generar oportunidades laborales para casi 180.000 jóvenes que ingresan al mercado de trabajo cada año. Sin embargo, pensamos que existe un vacío de sincronía en el Estado, en la medida en que los esfuerzos por ampliar empleo son diluidos por normas y costos laborales crecientes. El impulso a la informalidad se refuerza por las políticas de excesiva regulación y burocracia, además de problemas administrativos y de riesgo que generan un contexto tributario hostil para el emprendedor.
Pensamos que el debate sobre el ajuste salarial anual debe dejar de ser arbitrario e incierto, y pasar a ser previsible y justo. Para ello, el Estado debería priorizar el equilibrio entre la demanda de la dirigencia laboral, la capacidad real de los empleadores, las diferencias regionales y sectoriales y, sobre todo, la necesidad de sostener un clima de negocios adecuado que proteja y aliente las inversiones que, en definitiva, son el motor para la generación y sostenimiento de las fuentes de trabajo.
Por lo señalado, es de esperar que el Gobierno actúe con prudencia y responsabilidad al momento de decidir el aumento salarial para este año, y asuma que para que el empleo prospere hacen falta empresas con perspectivas en un entorno favorable y costos posibles de absorber.
