La imagen de la Policía Boliviana está en uno de sus momentos más críticos, no solo porque cuatro de sus miembros, Gonzalo Medina, Fernando Moreira, Kurt Brun y Juan Carlos Villca, se involucraron con Pedro Montenegro, buscado en el ámbito internacional por delitos de narcotráfico, sino también porque el propio Medina, en su calidad de Comandante de la FELCC de Santa Cruz, otorgó un reconocimiento al individuo, quien es requerido por la justicia brasileña y ahora está prófugo.
Fotografías publicadas el 24 de abril por el diario El Deber, que muestran la entrega del galardón y otras de viajes lujosos a Cartagena de Indias (Colombia), fueron el detonante para que Medina y Moreira sean investigados, dados de baja y encarcelados preventivamente por los delitos de encubrimiento, relativos a sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.
¿Qué hubiera pasado si la foto no aparecía? Pues nada, ambos policías, como los otros dos, seguirían en sus cargos, gozarían de libertad; Medina se mantendría al frente de la FELCC cruceña, tal vez, por quinto año consecutivo —algo desde ya irregular, porque los jefes oficiales solo pueden estar un año en esos cargos— y Pedro Montenegro sería un ilustre desconocido.
Pero no es así. El caso puso en apuros al Alto Mando Policial y por orden del ministro de Gobierno, Carlos Romero, se activó de inmediato un paquete de medidas extremas para contrarrestar el abucheo y la condena de la opinión pública: toda la guarnición policial cruceña fue removida y ahora se investiga a otros uniformados, además que en adelante los policías serán sometidos al detector de mentiras y deberán revelar sus vínculos familiares. Menudo trabajo les espera, en un universo de más de 35.000 miembros que hay en la institución del orden.
Pero esto también tomó ribetes políticos. Ante las críticas opositoras que piden, ahora más que nunca, la cabeza de Romero, el Gobierno se vio obligado a poner sobre el tapete un abanico de promesas, en procura de una nueva “profunda reforma” en la Policía Boliviana.
“Mano dura”, anunció el presidente Evo Morales, aunque la frase seguirá flotando en el aire hasta que no se vea a los uniformados corruptos, extorsionadores y vinculados con hechos delictivos fuera de las filas policiales y pagando sus delitos. “No son todos”, aseveró Romero y esto cierto, pero de que existen, existen; y las autoridades ahora pondrán a prueba sus capacidades para cernir a los mejores elementos.
Ante este escenario, el propio comandante de la Policía, Vladimir Calderón, afirmó hace unos días: “Preferimos quedarnos con 100 policías honestos”. Y si las autoridades están en esto de asumir “medidas extremas”, no sería mala idea tomarle la palabra, pero urgirá plasmar esto en un plan de reestructuración integral y en la renovación de los recursos humanos, pues no bastará una purga interna, sino atacar el problema de raíz: los centros de formación policial, uno de los meollos de la crisis moral y de valores.
La idea no está tan jalada de los pelos; el propio Ministro de Gobierno anunció la suspensión de nuevas admisiones mientras no haya una “profunda reestructuración” en entidades como la Academia Nacional de Policías (Anapol).
Si el policía “traiciona” su misión de proteger a la sociedad y los derechos fundamentales “es catastrófico”, sentenció Romero.
Por eso, la honorabilidad de la institución verde olivo está de nuevo resquebrajada y el caso Medina-Montenegro no es aislado ni las irregularidades en la institución son recientes. “En la Policía han ocurrido problemas de esta naturaleza durante los últimos años, no solamente los últimos 10 o 15 años; es un problema que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo”, reconoció el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, según una publicación del diario La Razón del 25 de abril.
Otra publicación del 28 de este mes hace un recuento de cuatro casos similares, entre 2011 y 2019, en los que jefes policiales como René Sanabria, Óscar Nina, Juan Carlos Tapia y Romel Raña estuvieron involucrados en hechos de narcotráfico y extorsión.
“Estamos ante un problema gordo”, admitió Manuel Canelas, ministro de Comunicación, la semana pasada durante un breve contacto con los periodistas.
Pero más allá de la robustez de este nuevo escándalo, que fue la gota que rebalsó el vaso y puso en jaque la imagen de la Policía, habrá que ver la efectividad de las medidas que están en curso.
Parte de esa “profunda reforma” que embandera el Gobierno deberá ser la exposición de los malos elementos insertos en la institución encargada de velar por el orden, la ciudadanía necesita conocerlos, deben ser procesados y someterse a las respectivas sanciones ¿Una lista negra de los corruptos y extorsionadores? Puede ser, la condena social tiene su propio peso.
Por otro lado, la Policía también está en la difícil misión de visibilizar el trabajo de los buenos uniformados, que los hay, y hay que reproducirlos, incentivarlos. Un personal fuerte hace una institución fuerte.
Esto implica mejores condiciones laborales, sueldos dignos, condiciones logísticas y materiales para el desempeño de sus funciones, tecnología, formación adecuada y especialización. La mirada del Gobierno y las autoridades policiales debe volcarse a un fortalecimiento integral, porque si bien ahora hay que atender el tema coyuntural, también se deben asumir medidas de prevención. El caso Medina-Montenegro no es el único y de seguro no será el último, y si hay verdaderas intenciones de reformar a la Policía, y no solo de lavarle la cara, pues habrá que tocar fondo y cortar las raíces de los problemas que afectaron a la institución a lo largo de su historia.
