Uno. Nuevas circunstancias. Las elecciones generales del 20 de octubre se llevarán a cabo en condiciones internas y externas muy diferentes de las que caracterizaron los eventos electorales del pasado. Después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009, se han adoptado en efecto las leyes primordiales del sistema electoral a gusto y sabor del partido gobernante y se han emitido asimismo resoluciones por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional que exceden largamente sus competencias. Las renuncias de vocales y personal técnico han alimentado una desconfianza aún mayor sobre la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral.
Por otra parte, con las elecciones de Bolivia, Argentina y Uruguay en octubre, se cierra el gran ciclo electoral de América Latina 2017 – 2019, donde hay que destacar que de las once elecciones ya realizadas, siete han dado lugar a un claro giro hacia la derecha.
Dos. El sistema político.- Forman parte del sistema político: (i) los partidos políticos, (ii) las plataformas ciudadanas, (iii) los medios de comunicación y (iv) las redes sociales. Además, ejercen indudable influencia en las decisiones del poder (v) las corporaciones sindicales, (vi) las federaciones de cocaleros del Chapare, (vii) los cooperativistas mineros, (viii) algunos gremios urbanos, y varios otros poderes fácticos.
De todos estos actores políticos visibles o solapados, únicamente los partidos cumplen con las funciones esenciales para la democracia, a saber: (i) establecen las mediaciones legítimas entre la sociedad y el poder político; (ii) agregan demandas; (iii) compiten en elecciones; (iv) constituyen alianzas parlamentarias; (v) educan políticamente a sus militantes, y (vi) rinden cuentas de los recursos que administran, entre otras funciones menores.
Se trata, por de pronto, únicamente de buenos deseos.
Tres. La situación social. La inclusión, la reducción de la pobreza y de la desigualdad de ingresos son logros destacables de la gestión de Evo Morales de 2006 a 2019. Los factores determinantes de dichas mejoras han consistido en la urbanización creciente; el aumento del empleo público; los aumentos salariales anuales; las transferencias condicionadas (los bonos) que alcanzan a un tercio de la población, y, por último, las remesas de los trabajadores emigrados a países vecinos, España y Estados Unidos.
En materia de empleo, sin embargo, las cosas no han mejorado mayormente. Más de dos tercios de la población ocupada sigue atrapada en el sector informal, donde no se aplican las normas salariales ni de protección laboral, imperando en cambio las mayores discriminaciones y abusos por motivos de género.
Cuatro. La situación económica. A pesar de la enorme disponibilidad de recursos financieros externos en el período 2004 – 2014, el país no ha superado su inserción internacional de país exportador de recursos naturales con bajo valor agregado y sometido a las oscilaciones cíclicas de los términos del intercambio.
Salvedad hecha de unas pocas plantas industriales, la mayor parte de las empresas productivas opera con escalas de producción y niveles de productividad ubicados a considerable distancia de las fronteras tecnológicas en los países vecinos.
El fin de la bonanza externa desde 2015, aproximadamente, ha ocasionado situaciones deficitarias en las cuentas fiscales y en la balanza comercial, que han sido atendidas con pérdida de reservas internacionales y endeudamiento externo, que no pueden continuar indefinidamente en el futuro.
Cinco. El papel de la sociedad civil. Como se ha visto hasta ahora, es poco probable que los partidos en campaña se encarguen del debate sobre las dimensiones del cambio necesario para enfrentar los retos estructurales que se han puesto de manifiesto ante el país.
Bajo tal supuesto, algunas organizaciones de la sociedad civil podrían organizar foros y debates independientes para examinar un catálogo acotado de temas, entre los cuales se pueden considerar los siguientes:
a) Ajustes macroeconómicos que no deterioren la situación del empleo y los ingresos de los sectores menos favorecidos.
b) Medidas destinadas a iniciar la transformación productiva a partir de aumentos sostenidos de la productividad y con el menor daño posible al medio ambiente.
c) Políticas orientadas a preparar a la sociedad para el aprovechamiento de la revolución digital.
d) Exploración de escenarios para organizar la reforma laboral mediante el diálogo tripartito entre el Estado, los empleadores y los asalariados.
e) Lineamientos de un pacto fiscal, que incluya la reforma tributaria.
f) Identificación de los procedimientos necesarios para construir una base democrática robusta expresada en un sistema político pluralista; un Estado de Derecho de verdad y la efectiva independencia y coordinación de poderes, así como una administración pública meritocrática y paritaria en todos sus niveles.
