La semana pasada, la plataforma interinstitucional del Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural propuso un Foro Nacional de Desarrollo Rural en Bolivia, organizado en perspectiva a las elecciones presidenciales de octubre. En la primera parte del Foro se establecieron temas como el aporte de la agricultura familiar y campesina con respecto a otros modelos productivos que intervienen a través de los monocultivos y la ganadería intensiva, e impactan en la consecuente pérdida del control territorial campesino e indígena, así como en la decisión sobre los procesos productivos y alimentarios de la mayoría de la población y, además, en la sostenibilidad de los recursos naturales en un contexto de cambio climático.
Algunos productores agropecuarios manifestaron su preocupación por la presión que viven en el ámbito de la agricultura familiar, por el trabajo de la búsqueda de proyectos, capacitación y mercados para sus productos. Además, los problemas climáticos y de rendimiento que generan la movilidad de su población, incluso hacia fuera del país.
Se analizó el modelo agroindustrial, cuya propaganda muestra su “aporte” a la producción alimentaria y sirve de argumento al respaldo gubernamental. La producción intensiva de soya ha elevado sus costos de producción, pero ha disminuido sus precios en el mercado internacional, y Bolivia es uno de los países con menor rendimiento. La agroindustria logró la seguridad jurídica de la propiedad agraria de medianos y grandes propietarios, la eliminación del control de la Función Económica Social (FES), la incorporación de transgénicos y las exportaciones sin restricción.
Precisando, la ampliación de la frontera agrícola como política gubernamental se da en un momento de emergencia climática a causa de la intensiva emisión de gases de efecto invernadero, producto de la dinámica del agronegocio a nivel mundial, el consumo de combustibles fósiles y la persistente deforestación de bosques. Este modelo de desarrollo pasa por alto los compromisos internacionales en los que trabajó Naciones Unidas y, en el caso de Bolivia, la perspectiva gubernamental señala la ampliación de la frontera agrícola a favor de la soya, la caña de azúcar para agrocombustibles y otros productos de exportación, como un derecho de Estado y en contra de la economía campesina e indígena.
En la segunda parte del Foro, se dio espacio a que candidatos de las prontas elecciones presidenciales expongan sus ofertas para el desarrollo rural. Paola Barriga, candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó que la propuesta es trabajar por un “Estado verde, un país ecologista”, no obstante que en su idea de diversificación de la matriz productiva también planteó la “siembra masiva de caña en la población de Ixiamas” y la industrialización de la hoja de coca para competir con la empresa de la Coca Cola. Fernando Untoja, candidato a la vicepresidencia del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), se refirió al régimen de propiedad de la tierra y propuso la privatización e individualización de la tierra, pues la lógica colectivista no permitiría el desarrollo rural, pasando por alto las luchas por los derechos colectivos sobre la tierra y la histórica demanda por la restitución territorial.
Según Pelagio Pati, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), la población rural no ha sido considerada como sujeto de desarrollo y por ello no accede a tecnología ni capacitación. Entre sus propuestas mencionó la inversión en la producción campesina, una ley de tierras que reconozca el territorio y la descentralización de la administración de la tierra. Cecilia Moyoviri, candidata a senadora de Beni por Comunidad Ciudadana (CC), desde su experiencia en la defensa de del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), planteó la defensa de la naturaleza; respecto a los productos transgénicos indicó: “las semillas transgénicas aguantan los químicos, los humanos no” y propuso generar industria de forma sostenible y no destruyendo el medio ambiente. Paulino Guarachi, candidato a senador por el departamento de La Paz (CC), planteó que los ejes de desarrollo que propone su partido asegurarán que “en nuestras mesas no exista comida producida transgénicamente”, además de atender temas como la deforestación, dinamizar la economía en ciudades intermedias para responder a la migración campo-ciudad e intervenir el INRA. Janeth Romero, de Bolivia Dice No (21F), afirmó que el desarrollo rural es un problema de toda la sociedad, sugirió impulsar la industrialización de productos como la quinua y el algodón.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) no se presentó. La mesa de discusión fue abandonada sucesivamente, hecho ilustrativo sobre la importancia que los agentes políticos le dan al desarrollo rural. Quedaron respondiendo las inquietudes del público: Pelagio Pati (MTS), Cecilia Moyoviri y Paulino Guarachi (CC), los tres de origen rural, con trabajo en instituciones de desarrollo y con trayectorias organizativas.
La coexistencia de los modelos productivos: del agronegocio y la ganadería intensiva, por un lado, y de la agricultura familiar campesina e indígena, por el otro, requieren de un posicionamiento político y consecuentes políticas públicas, institucionalidad y normativas adecuadas. Mientras la opción en la última década respalda al modelo agroindustrial, la expectativa para la próxima etapa de gobierno en cuanto al desarrollo rural es un compromiso, tanto de candidatos como de electores, a responsabilizarse activamente sobre los efectos del cambio climático, la sostenibilidad de los recursos naturales, el respeto a la Constitución y al ejercicio de los derechos campesinos y los derechos colectivos de pueblos indígenas originarios. Además, la expectativa respecto a los temas del desarrollo rural es que terminemos esta etapa de corporativización de las organizaciones sociales al gobierno, y que la población en general supere su pasividad ante la problemática rural, territorial y agroalimentaria.
