Se aplauden las “acciones defensoriales” que viene realizando Nadia Cruz Tarifa, actual Defensora del Pueblo; desde el tiempo de Ana María Romero, no se había trabajado integralmente velando por todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Ahora bien, tengo una observación respecto a la propuesta de proyecto de ley por la que el Estado debería hacerse cargo económicamente de aquellos niños y niñas huérfanos por causa de feminicidios. Un comunicado de la Defensoría del Pueblo señala: “La propuesta normativa contiene medidas de asistencia integral como la creación de un ‘Bono de asistencia económica estatal mensual’ para cada hija o hijo víctima de feminicidio equivalente al 20% del salario mínimo nacional (aproximadamente Bs 424), además de un régimen de descuentos en los servicios de luz, agua y gas domiciliario y en las tarifas de transporte público interdepartamental (terrestre, férreo, aéreo o fluvial)”. No comparto plenamente esta sugerencia. Si bien no hay que dejar en indefensión a la niñez y adolescencia que son víctimas del feminicidio y algunas corrientes de la criminología moderna determinan que el Estado debe resarcir el daño a la víctima o víctimas, se debe analizar bien el contexto, puesto que en realidad se ha demostrado que ese sistema no funcionó, como sucedió en los Países Bajos en Europa.
Imagínense, queridos lectores, que el Estado tenga que asumir una asistencia familiar que es directa responsabilidad de los padres. Bs 424 es el mínimo de asistencia familiar definido por ley. Además, no es buena idea quitar la responsabilidad de los feminicidas ante sus propios hijos. El bloque de constitucionalidad; es decir, la constitución, tratados internacionales y leyes que protegen al niño, niña y adolescente, garantizan que el padre se haga responsable de los hijos y en caso de que él no pudiera por algún impedimento, debe ser la familia cercana quien asuma dicha responsabilidad. Por esto, el Juez de sentencia tiene las atribuciones necesarias para garantizar el bienestar y la asistencia hacia los menores que son víctimas del feminicidio de sus madres. Entonces, la asistencia familiar, por toda esta normativa, recae en primer lugar en los padres, en segundo (ante la imposibilidad del primero), en la familia extendida (abuelos, tíos en la primera línea de los ascendientes de los padres); en esta interpretación de las normas, el Juez de sentencia y los jueces de los menores tiene los suficientes instrumentos para garantizar la justicia restaurativa del daño emanado por los feminicidas.
Sé que la situación de privación de libertad podría limitar la posibilidad de una asistencia familiar, pero se debe ser firme con las políticas restaurativas que debe tener el victimario ante el entorno dañado, éste debe ser consecuente con sus actos ya que no se le puede ni se le debe quitar la responsabilidad que tiene con los hijos; tampoco se debería pensar en darle el premio de no tener que restaurar el daño a los menores de edad. Ya en el entorno familiar, se debe educar a nuestros hijos y estar conscientes de que en caso de un feminicidio, la familia del hombre feminicida será responsable de la asistencia familiar en caso de que éste la niegue; en el caso de la familia de la víctima, la familia también se convierte en víctima, por lo tanto, una debe reparar y restaurar a la otra.
Estoy segura de que como Estado y sociedad civil debemos luchar contra las causas reales de la escalada de índices de feminicidios y no así paliar con medidas que no atacan esas causas. A mi juicio, la propuesta normativa de la creación de un bono de asistencia económica estatal sería como dar un permiso de matar a muchos hombres machistas, pues se da la posibilidad de que estos sin dudar maten a mujeres sabiendo que nunca más tendrán que pagar la asistencia familiar y que el Estado se hará responsable; podría terminar siendo un tiro por la culata. En ese sentido, debemos ser cuidadosos al tomar una medida de este tipo.
En cuanto al régimen de descuentos sobre los servicios básicos, transporte y otros, me parece muy saludable y asequible, porque estos ayudan a tener una mejor calidad de vida ante las vulneraciones a otros derechos que trae colateralmente el feminicidio de las madres; no siendo solo responsabilidad del gobierno central, sino también de los gobiernos departamentales y municipales, e incluso parte de la responsabilidad social de las empresas de nuestro Estado.
No es momento de apoyar a la naturalización de los feminicidios, si es que no están ya naturalizados; por el contrario, hay que desnaturalizar la violencia hacia las mujeres, lo digo en el afán más constructivo para los Derechos Humanos.
