JS.R. atravesó episodios de violencia intrafamiliar sistemática antes de ser víctima de feminicidio en marzo de 2014 en la comunidad de Viloco a manos de su esposo; tras su muerte dejó dos hijos, J.J.R.S. de 13 años y J.J.R.S. de 10 años, quienes quedaron al cuidado de la abuela materna y que luego del feminicidio de su hija tuvo que llevarlos a su municipio de origen para cuidar de ellos. Cuatro años después de la muerte de su mamá, los niños no tuvieron asistencia de las instancias públicas para que sus derechos sean restituidos. La abuela materna continúa solicitando a dichas instancias regularizar la situación de la guarda legal de sus nietos, así como acceder a la atención psicológica para su nieto mayor, quien reproduce patrones de violencia, al haber sido testigo de los maltratos físicos y psicológicos que su mamá sufría.
Esta realidad vivida por los hijos de J.S.R. representa la realidad de niñas y niños que perdieron a su madre por un hecho de feminicidio y que no encuentran una respuesta estatal para la restitución de sus derechos, quedando en alta desprotección y vulnerabilidad.
Ante la recurrencia de hechos de feminicidio en Bolivia y la situación de desprotección y vulnerabilidad en la que quedan hijas e hijos víctimas de feminicidio, la Defensoría del Pueblo, como institución encargada de velar y proteger los derechos humanos, priorizó el abordaje normativo integral considerando que la Constitución Política del Estado, el Código Niña, Niño y Adolescente y la normativa internacional garantizan y exigen que los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes, bajo la responsabilidad de las instituciones estatales, sean plenamente ejercidos.
En ese marco y bajo los principios del interés superior y prioridad absoluta de niñas, niños y adolescentes, establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes, se presentó el proyecto de “Ley de medidas de asistencia estatal integral para hijas e hijos víctimas de feminicidio” con el objeto de resguardar y promover el ejercicio del derecho a una vida digna, el derecho a la familia y el derecho a un nivel de vida adecuado.
El proyecto se basa en un enfoque integral y plantea medidas de asistencia que garanticen a hijas e hijos víctimas de feminicidio el acceso y permanencia en los subsistemas de educación regular, alternativa y superior, en el marco de una educación inclusiva e integral; el acceso a una atención psicoterapéutica sostenida para su recuperación psicológica, considerando que fueron víctimas y testigos de procesos de violencia intrafamiliar que desencadenaron en feminicidios, y el registro formal de las hijas e hijos víctimas de feminicidio para garantizar la protección estatal hasta su mayoría de edad.
Asimismo, para las personas con la responsabilidad legal del cuidado de hijas e hijos víctimas de feminicidio se propone que en la esfera profesional tengan inamovilidad laboral, en el ámbito público y privado, y se establezca un régimen de descuentos en tarifas de servicios públicos de luz, agua y gas domiciliario, como en las tarifas de transporte público interdepartamental terrestre, férreo y aéreo. En el ámbito del desarrollo físico e intelectual, el proyecto plantea la creación de un subsidio de asistencia al desarrollo nutricional y, finalmente, propone la creación del “Bono de asistencia económica estatal mensual” para el cuidado de hijas e hijos víctimas de feminicidio.
Estas medidas, consideradas por el derecho internacional dentro de los derechos humanos como afirmativas o positivas, pretenden brindar condiciones materiales e individuales para que las y los hijos menores de edad de las víctimas de feminicidio, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, alcancen una igualdad material o sustantiva respecto a las demás niñas, niños y adolescentes que les permita continuar con su vida y desarrollo integral, rompiendo, al mismo tiempo, los ciclos de violencia que podrían generarse a partir una conducta repetitiva en su grupo familiar.
El proyecto de ley, además, se sustenta en el enfoque de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas (Femicidio/Feminicidio) presentada este año en la Organización de Estados Americanos (OEA); la cual, entre otros aspectos, incluye la reparación del daño a las víctimas, lo que comprendería la restitución de los derechos, bienes y libertades, la satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas y, siempre que sea posible, su rehabilitación física, psicológica y social.
