Como parte de la sociedad civil organizada puedo decir que para hablar de las elecciones es importante considerar la continuidad y la coherencia con que se manejen las políticas públicas. Continuidad en los avances sobre Derechos Humanos y género, y coherencia con los discursos que se tejen en torno a estos avances.
Hace algunas semanas se plantearon modificaciones a la Ley 1173 (de Abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres) que pretendían añadir delitos de sustancias controladas al catálogo de aplicación directa de prisión preventiva, este planteamiento significa un retroceso para el debido proceso ya que afecta en su mayor parte a mujeres detenidas por drogas, 31% de la población penitenciaria según datos de Régimen Penitenciario.
Días atrás, el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, instó a abrir debate sobre descriminalización, despenalización y legalización, bajo la premisa de que la guerra contra las drogas instaurada hace 50 años es un fracaso. Hoy esta propuesta se torna pertinente, sobre todo para una opinión pública “manodurista” que desconoce el costo económico y social detrás del encarcelamiento.
En nuestro país no se discuten características de consumo y consumidores, no se habla del derecho a la salud que tienen los usuarios de cannabis medicinal y mucho menos de las mujeres detrás de la Ley 1008 (caso Chuma). Lo más cerca que estuvimos del debate sobre salud pública, Derechos Humanos y drogas fue en 2017, cuando se aprobó y abrogó la Ley 1005 (Código Penal), que distinguía “microtráfico” a partir de umbrales y marcaba un avance en cuanto a proporcionalidad de penas.
Pero hablar de drogas no es solo hablar de sistema penal o salud pública. Si bien la hoja de coca está regulada por la Ley 906 en el marco de la revalorización-dignificación de la planta, la Lista I de la Convención del 61 le da un tratamiento muy punitivo; en ese sentido, un debate en Bolivia sobre políticas de drogas que no incluya temas relacionados a la hoja de coca, es un debate incompleto. Así lo entiende también Carlos Mesa cuando habla de la necesidad de investigar el consumo tradicional para definir un horizonte legal de hectáreas. La 906 define como legales 22 mil hectáreas, sin embargo, más allá de prever la cantidad de cultivos en base al uso tradicional, el debate sobre coca debería ampliarse a: escenarios de apertura a mercados internacionales (Argentina, el mayor comprador de nuestra mejor coca), fortalecimiento e implementación de industria de la coca con miras a la medicina o alimentación, indicadores de desarrollo en comunidades productoras, entre otros.
Vemos entonces que el fenómeno tiene muchos matices y mientras aquí tratamos de retrasar este diálogo, otros países del mundo lo aceleran. En el presente, el cannabis medicinal está legislado en Argentina, Colombia, México, Chile, Perú, Jamaica y Uruguay así como en 33 estados en Norteamérica, que para 2024 se prevé esté completamente legalizado. Países como Uruguay, Canadá y México llevan la regulación más allá de lo “no médico” y a nivel internacional conversan sobre cambios en el régimen legal. Todo esto mientras en las altas esferas de la política internacional, se discuten las recomendaciones de la primera revisión crítica del cannabis hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Teniendo una idea del panorama global, es preciso que Bolivia continúe con una línea de discusión informada, pero sobre todo diversificada y desnarcotizada. Óscar Ortiz, calificó como “desubicado” a Mesa tras su propuesta, pero quizás es Ortiz quien menos ubica el contexto mundial y las nuevas tendencias en políticas públicas sobre drogas. No ubica que seguir retrasados es perder. Perdemos nuestras posibilidades de industrialización y mercado, perdemos nuestra capacidad de ser más humanos con políticas punitivas que solo generan daño, perdemos la posibilidad de basarnos en la ciencia y aplicar enfoques diferenciados.
Los cambios planteados a Ley 1173, como la propuesta de Mesa, son un indicador de que en época electoral nuestras políticas giran en torno a la opinión pública. El tratamiento de la información será clave para futuras modificaciones en la legislación, esperemos que las propuestas electorales impliquen argumentación científica en favor de la justicia social, proporcionalidad de penas, enfoque de género y derechos humanos.
