El sábado 20 de septiembre de 2003 fue un día de luto para los habitantes de Warisata. Con el aval del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, dirigió un convoy de militares y de policías que ejecutó un “rescate humanitario” de turistas “secuestrados” en Sorata. Frente al bloqueo de caminos, la “acción comando” se abrió paso a sangre y fuego. La jornada concluyó con seis muertos y 13 heridos a bala. Así empezó la llamada ‘guerra del gas’.
Al instante, los medios afines al Gobierno divulgaron la “noticia” de que el uso de armas fue en respuesta a una “emboscada”. Sin embargo, días después, las pesquisas realizadas por entidades estatales e independientes de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo demostraron lo contrario.
Hoy, a 16 años del suceso y pese al recurrente compromiso de hacer “justicia”, no existe un solo detenido.
Conflictos. Luego del levantamiento policial del 12 y 13 de febrero de 2003, que concluyó con 33 muertos y alrededor de 210 heridos, los sindicatos, en septiembre, comenzaron una nueva ola de conflictos.
El Gobierno — integrado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR) — estaba en crisis económica. En ese marco planteó un “régimen impositivo drástico” y la exportación de gas por puerto chileno. El Fondo Monetario Internacional (FMI), además, le exigió un “gasolinazo”. Incluso la Iglesia Católica propició un “rencuentro social”. Empero, el imparable tren de la rebelión ya se había puesto en marcha.
El 1 de septiembre, según los periódicos de la época, cuatro militares rechazaron la “competencia de la justicia ordinaria” para ser procesados por la muerte de civiles en “febrero negro”; confesaron que tenían inclusive “órdenes de disparar sus ametralladoras”. Al día siguiente, los alteños realizaron una manifestación contra la “regularización” de impuestos, lo que culminó con seis heridos. El 4, los trabajadores en salud acataron un paro de 72 horas.
Para evitar una nueva rebelión policial, el régimen al día siguiente aprobó un “reglamento” que sancionaba “motines, huelgas y deliberaciones”. Luego, el mayor David Vargas, junto con 42 oficiales, fue expulsado de esa institución. Todo eso elevó más el termómetro de las luchas sociales.
Huelga. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de Felipe Quispe, “El Malku”, y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, el 7 de septiembre, comenzaron una marcha desde el altiplano “contra la venta del gas”. A esa acción, se sumó la Central Obrera Boliviana (COB) de Jaime Solares que “no tenía reconocimiento del Ministerio de Trabajo”. El Gobierno había conformado una “COB paralela” liderada por el minero Édgar Rejas y el gremial Francisco Figueroa.
El 10 de septiembre, los marchistas llegaron a El Alto. Luego, en la radio San Gabriel, más de mil autoridades originarias se declararon en huelga de hambre. La medida conmovió al país. Días después, la CSUTCB aprobó un bloqueo nacional de caminos y la COR un paro cívico. El Presidente (también conocido como “Goni”) decretó “la militarización” de las zonas en conflicto.
El 15, la huelga de la COR fue un éxito. El bloqueo campesino solo se acató en los Yungas. Ante la “débil movilización”, en Tarija Sánchez de Lozada inició su “campaña” para vender gas a Estados Unidos y comprometió la “reelección” de Ana María Romero de Campero como Defensora del Pueblo.
Marchas. El martes 16, en El Alto, la Policía reprimió los bloqueos. Varios vecinos quedaron heridos, 39 fueron detenidos y ocho, encarcelados. El 19, la COB ingresó en el conflicto con una masiva manifestación desde El Alto. Solares fue el primero en hablar en la plaza San Francisco. Advirtió que si el “el gringo Goni” no cambia de política “caerá en cualquier momento”.
En la noche, una marcha de teas de la Central Obrera Departamental de La Paz (COD) cercó la plaza Murillo, vitoreando una consigna: “El gran día está llegando/Todos nos levantaremos/K’encha gringo vas a morir/Las orejas te cortaremos”.
Al filo de la noche, otra consigna fue coreada por los manifestantes: “Ahora sí, guerra civil”. Los dirigentes aseguraron que ese día 500 mil trabajadores tomaron la ciudad de La Paz. En Cochabamba, una gran concentración recordó los tiempos de la “guerra del agua”, informó La Prensa.
Masacre. A las 04.30 del 20 de septiembre, 120 efectivos de la Policía y 300 militares pasaron por Warisata, ubicada a 89 kilómetros de La Paz, rumbo a Sorata, disparando balines y gases lacrimógenos. El hecho enfureció a los comunarios.
A las 15.30, la caravana de “rescate” de turistas, retornó por el mismo lugar e “ingresó a Warisata disparando gases y balas calibre 7,9 FAL y 22 de fusiles policiales”. Los pobladores respondieron a la represión con piedras y dinamita. Ahí fallecieron cuatro campesinos, una niña de la comunidad y un soldado. El informe de una “comisión independiente”, publicado por La Prensa, destacó que es “muy difícil aceptar la idea de que la comunidad hizo una emboscada a las Fuerzas Armadas”. En realidad, fue un encuentro desigual que culminó en una masacre.
Sobre la muerte de una niña de ocho años, “hay que ver qué sucedió, quizás una bala perdida”, afirmó el ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, luego de aclarar a El Diario que frente a una “emboscada” no hay otra salida que tomar “definiciones militares”.
Guerra. La masacre generó indignación en todo el país. El ampliado de la COB, efectuado en Huanuni el 25 de septiembre, decretó el bloqueo nacional de caminos y la huelga general indefinida hasta que el Presidente renuncie a su mandato.
Así, la “guerra del gas” tomó otro rumbo. En octubre, los sindicalistas paralizaron el país, pero al régimen no le tembló la mano para ordenar otras matanzas.
El 17 de octubre, “Goni” y sus ministros renunciaron y escaparon a Estados Unidos.
