Las escalofriantes cifras de feminicidios en el mundo, que también se reflejan en Bolivia, ponen de manifiesto una de las problemáticas más graves de los últimos tiempos: la masiva muerte de mujeres como una de las formas de expresión más violentas y graves del machismo en las sociedades patriarcales.
El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. Es consecuencia de la violencia de género, física, psicológica, sexual, patrimonial, simbólica expresada por agresiones físicas, violación y asesinato.
Es la agresión más brutal en la escalada de violencia contra la mujer y sus verdugos en su gran mayoría son personas conocidas o del entorno de la víctima (parejas, exparejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, colegas, compañeros de trabajo). Este crimen también puede ser perpetrado por desconocidos o por grupos delincuenciales. En todos los casos la víctima está en una relación de subordinación frente al dominio del agresor, donde la mujer es el objeto de daño, independientemente de su voluntad y de su conciencia. Sin embargo, a decir de Marcela Lagarde, todos tienen un común denominador: que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables, constituyéndose en crímenes de odio contra las mujeres.
El feminicidio es el extremo, culmina múltiples formas de violencia de género en sociedades jerarquizadas patriarcales, coloniales, segmentadas por clases sociales, que conducen a variadas formas de muerte violenta, y que en la mayoría de casos han ido naturalizándose.
Según Lagarde, en las sociedades patriarcales el feminicidio se produce a partir de relaciones de poder basadas en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, así como en la dominación de los hombres sobre las mujeres, que tienen en la violencia de género un mecanismo de reproducción de la opresión de las mujeres. De esas condiciones estructurales surgen otras culturales, como el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, y de normalización de la violencia contra las mujeres. Se suman ausencias legales y de políticas democráticas con contenido de género, lo que produce impunidad y genera más injusticias.
Los movimientos feministas y la academia debaten la revisión conceptual y teórica del feminicidio, lo que hace necesario ver las causas estructurales de la violencia y visibilizar los estereotipos y roles de género, las creencias, valores, y construcciones socioculturales patriarcales que asignan roles jerarquizados a hombres y mujeres y que permiten la discriminación y desigualdad, expresándose en violencia contra las mujeres. El feminicidio se origina en el sistema patriarcal, se desarrolla en la educación y se reproduce con pautas culturales machistas, ampliándose con la difusión de contenidos violentos en medios de comunicación y redes sociales, lo que permite naturalizar y normalizar la violencia.
No obstante la preocupación gubernamental en el mundo y las medidas contra este flagelo, las muertes de mujeres aumentan, lo que exige la necesidad de que el feminicidio sea explicado desde la comprensión de las relaciones de poder sexo-genéricas, así como en las relaciones de clase, etnia y edad, entendiendo la complejidad de esta problemática.
En nuestro país, el presidente Evo Morales ha tomado como de alta prioridad la violencia que sufren las mujeres y recogiendo la propuesta de la Alianza de Mujeres en la Agenda de Despatriarcalización, ha creado el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización y el Gabinete contra la Violencia a las Mujeres y a los niños.
Comprometido con la lucha contra los feminicidios, solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional crear la “Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de casos de Feminicidios”, compuesta por Senadores y Diputados de oficialismo y oposición. Tiene la tarea de investigar las razones por las que la mayoría de los casos de feminicidio no han sido resueltos, dando lugar a la retardación de justicia.
La Comisión podrá realizar actos de investigación, inspecciones, entrevistas y otros a fin de identificar instancias y factores relacionados con la retardación de justicia en feminicidios. Las instituciones públicas y privadas deberán prestar la información requerida por la Comisión de forma detallada, oportuna y transparente para los efectos investigativos de la Comisión legislativa.
El gobierno ha entrado a la lucha frontal contra los feminicidios y la reciente Comisión tendrá el desafío de aportar a esta gran tarea.
