Las sociedades cambian, las prácticas sociales de consumo también. Pero hay antinomias arraigadas, mitos y prejuicios que siguen en pie: la coca sería veneno o superalimento y panacea, vicio profanador u hoja sagrada, rémora arcaica o disrupción de modernidad decadente… También sigue reiterándose la confusión entre coca y cocaína.
El consumo de coca en el Noroeste de Argentina (NOA) ayuda a desmentir estas antinomias. La forma gaucha de pijchar es tradicional, pero no solo indígena: está en todas las clases sociales. Como el consumo argentino está consolidado, legitimado y es, sobre todo, cuantitativamente muy importante, el NOA es el destino de una parte muy significativa de la producción boliviana, algo no muy tenido en cuenta en la formulación de políticas públicas, e ignorado por los organismos internacionales de fiscalización.
Argentina fue el primer país que al adherirse a la Convención Única de 1961 puso una reserva a su artículo 49 (que prohibía la masticación de la coca cumplido un plazo de 25 años tras dicha fecha), aunque lo retiró en 1979 durante la dictadura; “la República Argentina se reserva los derechos que se confieran al parágrafo primero, apartado c) ‘la masticación de la hoja de coca’ y apartado e) ‘el comercio del estupefaciente’”.
Bolivia y Argentina habían firmado en 1947 un tratado bilateral destinado expresamente a regular el comercio de hoja de coca. Sus contrapartes fueron el ente estatal de comercio exterior argentino, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), y una corporación de productores bolivianos de la Sociedad de Productores de Yungas. Se acordó: 1) que se iban a comprar quinientas toneladas anuales de modo regular, mínimo 40.000 kilogramos por mes; 2) que la coca fuera de primera calidad, coca “de hacienda”; y, 3) que la parte boliviana iba a elaborar envases especiales para dicha exportación.
Nuevos intentos tibios de acuerdos bilaterales se darían muchos años después, poco antes del gobierno de Evo Morales y durante el mismo, pero hasta la fecha sin resultado.
De modo que hay un limbo legal caracterizado por una paradoja notable: el “consumo de coca y la tenencia de hojas en estado natural” son legales en Argentina, (artículo 15 de la Ley de estupefacientes de 1989). De hecho siempre lo fue, excepto en un período de doce años (1977-1989) inaugurado por un decreto de la dictadura que persistió en los primeros años de democracia. Sin embargo, no hay una política regulada para la importación y comercialización de este hábito masivo.
Ese limbo legal genera incremento de precios debido al costo de la no-legalidad comercial, y es pagado por bolsillo de los usuarios, lo que trae perjuicios sobre las clases populares de la ciudad y el campo.
Aunque la tenencia y consumo siguen siendo legales en todo el país, se perciben tendencias contrarias desde la presidencia de Mauricio Macri. No se blanquea el mercado informal, se sabe que es inviable y descabellada cualquier tipo de prohibición, pero se decomisa coca para mostrar en los medios nacionales que se “combate al narcotráfico”. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, es la cara visible del incremento de todo tipo de abusos de las fuerzas de seguridad —hay agentes que fueron felicitados públicamente por la Ministra y por el presidente Macri por haber matado a sospechosos baleándolos por la espalda. Bullrich también se ha jactado del éxito de sus políticas antidroga. Lo curioso es que para mostrarlo se refiera a la incautación de la hoja andina. En octubre de 2016, ante la cámara de corporaciones de grandes medios, mencionó el alza en el precio de la coca y lo atribuyó a sus decomisos: “Esto nos puso muy contentos”, afirmó. Hoy el cuarto kilogramo de coca anda por los diez dólares.
Como el gobierno de Macri no parece pasar del fin de este año, es de esperar que en breve empiecen a primar puntos de vistas más razonables y más respetuosos de la práctica efectiva de la gente de la región.
Argentina está lejos de ser el único lugar en donde pijchar coca asume características urbanas y modernas; la práctica salió de sus fronteras indígenas andinas y amazónicas. También Bolivia está viendo esta renovación en el consumo. Como pasó hace mucho en Argentina con el bicarbonato de sodio, la innovación del acullico incorpora nuevas lejías y condimentos. Como el chamairo, un bejuco seco y molido, que ha dado lugar al Chamabico: chamairo y bicarbonato. O la estevia, desconocida en la región hasta hace poco, pero de antiguo uso entre la gente guaraní, (ka’a h’e, “hierba dulce”), que se vende ahora en Salta y Jujuy al lado de las lejías pillawa o verdiguera y los sobres de bica.
En esa región argentina siempre se usó lejía, la yista (pronunciación gaucha de la llijt’a o llujt’a). El bica predomina en las ciudades. Últimamente muchos coqueros del NOA, sabiendo que mucho sodio es malo para la salud, van buscando alternativas. Ahora en las ciudades se ve más lejía, sobre todo molida, para usarse sola o mezclada con bica. La lejía más nueva se publicita desde hace unos tres años en “dos versiones: bajo en sodio y sin sodio” y está preparada por farmacéuticos a partir de sales de aluminio y de magnesio de uso medicinal anti-dispéptico.
Todo esto muestra la vitalidad del fenómeno del acullico, en el noroeste argentino y en el mundo. Su criminalización es absurda, y toca a los gobernantes renovar los intentos de reglamentar su comercialización fronteriza.
(*) Ricardo Abduca es antropólogo de la Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina, Argentina. Pien Metaal es politóloga, coordina Latin America and the Caribbean Drugs and Democracy Programme, TNI, Amsterdam.
