Aproximadamente 3,5 millones de hectáreas de bosque chiquitano, Abayoy (cerrado chaqueño) y el Pantanal están quemadas con daños irreversibles a nuestra biodiversidad, existiendo afectación de territorios indígenas, comunidades campesinas, predios productivos, áreas protegidas nacionales y subnacionales, y con ello la pérdida de una parte fundamental del patrimonio natural, cultural y económico del departamento de Santa Cruz, de Bolivia y del mundo.
El 5 de septiembre, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, promulgó la Ley 181 que establece, entre otras cosas, la elaboración de un plan de restauración como estrategia para recuperar los ecosistemas y sistemas de vida afectados. Inmediatamente se estructuró un equipo de la Gobernación, la sociedad civil e instancias académicas y científicas, conformando el Comité Interinstitucional “Bosque Cruceño”.
Resiliencia y restauración. La Gobernación cruceña planteó la generación de resiliencia bajo una mirada integral de gestión del paisaje, donde se integran áreas protegidas, sistemas productivos comunales, individuales, pequeños, medianos y grandes, así como su dependencia cultural, económica y de subsistencia del bosque. La meta es “conducir” el ecosistema dañado a un estado lo más parecido al que existía antes de los incendios.
La construcción de este plan de restauración se hará de manera conjunta con todos los actores tanto locales como nacionales, a través de un proceso participativo, que permitirá construir una estrategia que facilite generar un ecosistema resiliente.
Para lograrlo se propone hacer una evaluación preliminar del impacto de los incendios en sitios críticos priorizados; identificar en gabinete a base de información geoespacial, la situación de los ecosistemas antes de los incendios; organizar mesas de trabajo con temáticas que permitan de manera ordenada la construcción del plan de restauración y resiliencia que emplee como base la evaluación rápida y las líneas estratégicas preliminares. El plan debe tener una mirada de gestión de paisaje y manejo adaptativo e implementar un esquema de responsabilidades compartidas, haciendo imprescindible la articulación entre los tres niveles de gobierno, los actores locales y la sociedad civil.
Para este proceso se debe tener en cuenta realizar ajustes a las normativas, a las herramientas de planificación territorial (PTDI, POP, entre otros), conservación/manejo de áreas de conectividad, áreas fuentes/refugios, y protección. Acciones que faciliten la restauración activa de las áreas naturales y de los medios de vida y/o promuevan y faciliten la sucesión natural, buenas prácticas productivas, conservación de fuentes, gestión, gobernanza; agua para la naturaleza, agua para la gente, agua para la industria, además de manejo del fuego y valoración del bosque.
Por otro lado se realizará una evaluación inicial sobre el alcance del impacto causado por los incendios y el estado de las áreas que no han sido alcanzadas por las llamas. La evaluación de campo permitirá identificar, cuantificar y evaluar de una forma rápida el impacto de los incendios de la época seca de 2019 a los diferentes ecosistemas naturales y sistemas productivos del departamento.
La ley no tiene que ser una acción aislada como Estado, sino complementada con normas que apoyen esta transición y políticas para abrir más la exportación, para que pequeños y medianos productores puedan tener mayores beneficios. Apostar por la apertura de tecnología, semillas entre otros.
Fueron 114 las veces que se ha convocado a la Comisión Agraria Departamental (CAD), y el INRA las boicotea, por eso exigimos la transparencia en el manejo de la información, que por ahora está centralizada y no coordinada.
