Hace unas semanas, vi con admiración un artículo de Guadalupe Cajías refiriéndose pulcramente al tema de la corrupción en Bolivia. Entonces, inmediatamente se me vinieron a la memoria las pródigas actividades que realizaba la entonces denominada “Zarina Anticorrupción”, entre agosto de 2002 y junio de 2005.
La lucha contra la corrupción siempre fue utilizada para arrogarse sobre uno mismo la imagen de integridad moral, frente a la imagen del “otro”, que cometió un delito o que en ocasiones podría incluso tratarse de un inocente, que fácilmente es deshonrado sin razón alguna.
Y es que este tipo de prácticas desmesuradas viola derechos y principios fundamentales como es la “presunción de inocencia”. Sin embargo, eso no interesa cuando uno quiere echarse un baño de honestidad, porque los pobladores estamos acostumbrados a los salvadores, quienes se atribuyen ser enviados de Dios o se autodenominan superhéroes para combatir “el mal”.
En 2004, Lupe Cajías fue designada por el expresidente Carlos Mesa como Delegada para la Lucha contra la Corrupción, cuya oficina se dedicaría exclusivamente a eliminar la corrupción en las instituciones del Estado; se le otorgó facultades especiales para viabilizar su trabajo.
La historia no es completa si no retrocedemos unos años; debemos recordar que antes de ser designada Delegada, la señora Cajías fue ‘relanzada’ en tres ocasiones con diferentes denominaciones. Inicialmente estuvo a cargo de la Oficina, luego Secretaría, posteriormente Unidad y finalmente Delegación de Lucha contra la Corrupción. (Prevención y Lucha contra la Corrupción, Informes Públicos 2002 -2003) Por eso y a manera de broma, intelectuales decían que Mesa pronto relanzaría a la Delegada como Ministra de Lucha contra la Corrupción, para continuar generando expectativa, dadas las vagas acciones de su oficina.
Lo anecdótico es que la Delegada también fue mutando de nombre cada vez que era presentada en los medios de comunicación: Secretaria, Delegada, “Zarina Anticorrupción” y hasta “Mujer Maravilla”, este último sobrenombre lo acuñó ella misma en una entrevista: “No crean que soy una súper mujer maravilla que llega volando, con poderes especiales, blandiendo una espada de fuego para cortar el cuello a los corruptos”. (Corrupción, el mayor desafío para Carlos Mesa. Opinión, 02.11.2003).
Lo cierto es que la supuesta lucha contra la corrupción nació como una promesa electoral en 2002. Y, cuando Carlos Mesa asumió la vicepresidencia, repitió su propuesta relanzando una y otra vez su “Política Nacional de Lucha contra la Corrupción”. Después de Octubre Negro, volvió a anunciar la prosecución de casos y continuó relanzando la lucha contra este flagelo al Estado.
La Zarina generó gran expectativa y, al calor del “poder irrevocable” concedido por Mesa, empezó a solicitar información a instituciones denunciadas por supuestos actos de corrupción. No obstante, esa imagen se fue derritiendo poco a poco, pues a pesar de tener competencias extralimitadas, no supo coordinar sus funciones con el medio jurídico; tenuemente, sus casos fueron anulados por los fiscales y jueces, puesto que no podía atribuirse competencias de la Fiscalía ni de los juzgados. Cuestionado su trabajo, sus funciones se redujeron a emitir opiniones, publicar periódicamente informes públicos y boletines sobre presuntos actos de corrupción; algunos de ellos causaron perjuicio a funcionarios, pues vulneraba el principio de presunción de inocencia y debido proceso. (Lanzando y pisando huevos sobre la corrupción (sección de Opinión). La Razón, 17.12.2004)
La Delegación tampoco intentó investigar las denuncias de corrupción del gobierno de Sánchez de Lozada, como las de ministros y viceministros que cobraron sobresueldos procedentes de los gastos reservados. (Cajías: No hay datos para elaborar auditoría sobre gastos reservados. La Prensa, 20.11.2003) A pesar de que algunos de los beneficiarios afirmaron haber recibido sobresueldos y en el supuesto de que dichos pagos fueran legales, su importe a impuestos fue eludido. (Denuncian que Lupe Cajías recibía un plus. La Razón, 22.01.2004; Diputada del MNR admite que recibió cobro de plus de 2.000 dólares. La Razón, 23.01.2004)
Pero sin duda, un momento crucial en el que enmudeció Cajías fue cuando se la interpeló sobre los casos de nepotismo en el Gobierno. Para nadie era desconocida la existencia de clanes familiares en el gobierno de Mesa, la misma Delegada tenía a su hermano Fernando trabajando como viceministro de Culturas y a su hermana Isabel como gerente del FNDR. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Carlos Agreda, también tenía a su primo trabajando en Aduana. Lo propio ocurriría con las familias Zaratti, Kukoc, Ballivián, Galindo, entre otras. (Hay cuatro casos de lazos familiares en el Ejecutivo. La Razón, 10.09.2004)
Aunque en su informe de 2004, Cajías mencionó que de octubre de 2003 a diciembre de 2004 se recibió más de 1.000 denuncias nuevas en todo el país, los reportes de sus oficinas regionales variaban y solo llegaban a 855. Para marzo de 2005, supuestamente habrían recibido cerca de 4.000 denuncias, de los cuales entregó 70 informes y su boletín informativo enumeró hasta el 23. La zarina orgullosamente mencionaba que habían cerrado el 50% de los casos, efectuando únicamente seguimiento a los demás procesos.
El trabajo de la Delegación tuvo muchos cuestionamientos, desde los criterios que utilizaba para cerrar los casos hasta el seguimiento que efectuaba. En ocasiones, las denuncias que creían no tener competencia fueron seleccionadas como casos cerrados, por tal motivo sus datos no fueron completamente confiables.
Siempre aludía a que en los 10 años de vigencia de la Ley Safco (1178), se habían generado cuantiosas defraudaciones al Estado, explicaba que su Plan Nacional Anticorrupción permitiría recuperar al menos 100 millones de bolivianos defraudados, hecho que, evidentemente, nunca ocurrió. (Plan Nacional Anticorrupción permitirá recuperar dinero defraudado al Estado. La Patria, 09.08.2004)
Como Delegada evacuó cerca de 70 informes sobre presuntos casos de corrupción en la administración pública. Muchos de ellos sin sanciones fuertes y sin recuperar lo defraudado al Estado, puesto que el procedimiento de Código Penal extinguía una abundante cantidad de procesos judiciales. En una entrevista, la delegada declaró que entre 3 y 10 % de los procesos penales tenían sentencia ejecutoriada, mientras que en los casos que afectaban al Estado no llegaban ni a 1%. (Plan Nacional Anticorrupción permitirá recuperar dinero defraudado al Estado. La Patria, 09.08.2004)
