Cuando una presidenta o un presidente asume la investidura, la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la designación de todos sus ministros y sus colaboradores es una facultad privativa de las autoridades entrantes. Lo que corresponde, entonces, desde el punto de vista de la función pública, es que todos tienen que poner a disposición sus cargos y quienes toman la decisión de cuál personal le acompañan son las nuevas autoridades. Aunque en el país hubo una sucesión constitucional y el actual gobierno es de transición, una situación sui géneris en nuestro país, se debe proceder de la misma manera.
A nivel de los ministerios, cada ministro tiene sus viceministros, así como en las empresas estatales sus ejecutivos; obviamente son estas máximas autoridades de la entidad los que tienen la mayor responsabilidad, por tanto, corresponde también que todos ellos que trabajarán bajo el nuevo mando pongan a disposición sus cargos, y también que cada ministro o ejecutivo, como máxima autoridad de la repartición, toma también la decisión sobre quiénes siguen colaborándole o designar a otros responsables en cada una de estas instancias; por tanto, es una decisión de cada autoridad, todo lo cual contribuye también a que se tenga una buena gestión, porque al final el personal que tiene que estar en la entidad debe ser de confianza de cada uno de los ministros, considerando que es un gobierno transitorio pareciera que no debería ocurrir esto, pero en la práctica es lo más procedente, porque al final cada ministro necesita que los cargos bajo su mando sean de confianza.
También hay que tomar en cuenta a los funcionarios de carrera, pues es algo que contribuye a la gestión, y cada ministro y viceministro, cada director, lo que tiene que hacer valorar estos aspectos, para garantizar la continuidad de la gestión pública.
Ahora, es un secreto a voces y todos hemos visto con nuestros propios ojos cómo en el anterior gobierno ha habido un acoso laboral, un abuso y un exceso que se ha cometido con los funcionarios públicos, a quienes se obligaba a salir a las calles, a viajar, a poner cuotas, a otros les hacían cocinar; en algunas instituciones públicas incluso han estado haciendo actividades para atender a quienes llevaban acciones de proselitismo, marchas y otros. Ha habido un total abuso, a tal extremo que incluso en instituciones públicas se ha estado distribuyendo dinamita, se ha encontrado armas de fuego; había operadores que incluso han entrado en acciones de terrorismo, como en el caso de Potosí, donde en algunas instituciones han estado generando este tipo de situaciones; entonces, hubo un total abuso, lo que naturalmente no está contemplado en los derechos y la Constitución Política del Estado, ni en el mismo Estatuto del Funcionario Público. Esto no debía ocurrir porque los funcionarios públicos no son funcionarios de un partido político, son funcionarios del Estado, y son recursos públicos del Estado; entonces, ahí advertimos que ha habido un total exceso.
Siempre hemos reclamado, siempre hemos planteado que debe haber una institucionalización en todas las entidades del Estado y que haya carrera profesional, pero lo que lamentablemente ha hecho el régimen pasado ha sido desinstitucionalizar todo el Estado, a tal extremo que se ha generado una serie de abusos; en 14 años se podía haber aprovechado para institucionalizar todas las entidades del Estado, como Comibol, Yacimientos, y todas las empresas del Estado, pero no lo han hecho porque había una visión de manosear las instituciones del Estado para beneficio de un partido político y ahí están las consecuencias, pues el perjuicio es para todos los bolivianos. Hay que trabajar bastante en aquello, poco a poco se va ir retomando la institucionalidad del Estado y una tarea fundamental es esta institucionalización, cuando todos nuestros profesionales, todos los funcionarios públicos bolivianos puedan hacer una carrera institucional y de esta manera tengamos entidades fuertes, que no dependan de un partido político, sino más bien que estén al servicio del Estado boliviano.
