El conjunto de acciones, declaraciones y la ostensible presencia de la Policía y de las Fuerzas Armadas en el espacio público y en la vida pública boliviana en estos días no convierten al golpe en un golpe militar. Al menos, no lo es en el sentido en que nos enseñaron las experiencias conclusivas de apoderamiento enérgico del poder político de los años 60 y 70 del siglo pasado. Cuando las FFAA como institución y como actor estatal, derrocaban y destituían por la fuerza a autoridades legítima y legalmente constituidas y se hacían cargo de las riendas del gobierno y del Estado.
Pero al ser dos instituciones estatales y dos actores que poseen el monopolio de la fuerza física legítima las que “sugieren”, mediante amenaza coactiva y uso manifiesto de la fuerza, la renuncia de un presidente y de un gobierno legítimo y legalmente constituido tras un nuevo llamado a elecciones, golpean al presidente Evo Morales y al gobierno del MAS. Este desplazamiento provocado mediante “sugerencia” coactiva y uso manifiesto de la fuerza es novedoso en relación a las anteriores formas de acceso al poder político que suelen manifestarse en los golpes de Estado: no es estrictamente una remoción por la fuerza ni un derrocamiento ni una destitución.
El uso de la fuerza golpea la institución impersonal del Estado, desafiando a un Estado Constitucional de Derecho que ya estaba severamente dañado por la no subordinación de dos fuerzas estatales al mando constitucional y por la generalizada situación de persecución, amedrentamiento y violencia policial hacia la oposición y hacia la población. Es, por tanto, un golpe contra la institución impersonal, aunque no se trata, como en los golpes militares, de la conquista ofensiva y violenta del Estado por parte de un actor colectivo, elitista y minoritario. Aún no se puede prever cuán definitivo o concluyente es este golpe, porque un golpe no inaugura necesariamente un nuevo tipo de régimen político o una nueva forma política. Lo dicho hace visible a uno de los actores que Morales nombró como responsables del golpe cívico, político y policial.
Este golpe tampoco se ajusta a los llamados golpes parlamentarios, donde un conjunto de acciones audaces, pero no secretas ni sorpresivas, son realizadas desde uno de los poderes hacia otro, generando el desplazamiento de autoridades legítimas. Tampoco se parece a los golpes dentro de la democracia (blando, constitucional, institucional), como el denunciado en Brasil por Dilma Rousseff y llamado por quienes la sucedieron en el gobierno como impeachment en 2016, o la moción de censura contra el gobierno de Fernando Lugo en Paraguay en 2012. En ellos, un conjunto de acciones de actores formales —estatales y gubernamentales— generan inestabilidad hacia un gobierno, provocando un desplazamiento por mecanismos institucionales o constitucionales de autoridades legítimamente constituidas, que golpean al gobierno sin alterar el régimen político.
Así, los intentos por recuperar el funcionamiento institucional previamente violado y dañado se vuelven complicados en Bolivia. Tras la “sugerencia” coactiva a la renuncia del presidente y del vicepresidente, se sucedieron las renuncias de una parte nutrida de la línea sucesoria establecida por la Constitución, presidencias del Senado y de Diputados. Renuncias que, paradojalmente, no pudieron ser aceptadas o rechazadas por la falta de garantías constitucionales y amenazas para el trabajo parlamentario.
La sucesión llegó hasta la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, la senadora cruceña del oriente terrateniente Jeanine Áñez, quien se autoproclamó presidenta interina de Bolivia fuera de todo mecanismo de convalidación constitucional y de todo consenso legislativo. Resta por considerar cómo se reencauzará este conjunto de acciones. Pero hay que subrayar que Jeanine Áñez no cuenta con legitimidad de origen. Y ha sido autoproclamada por mecanismos institucionales que, en el estado de situación actual, no siguen el ordenamiento constitucional para cubrir la acefalía. Por ahora, esta senadora ha callado la audibilidad que tuvieron en su momento el hombre visible de la oposición política, Carlos Mesa, y el hombre de Santa Cruz, proveniente de la derecha conservadora, católica y reactiva contra las tradiciones de los pueblos originarios, Fernando Camacho. Esto hace visible a otro conjunto de actores políticos que Morales nombró como responsables de lo que llamó golpe cívico, político y policial, aunque no sean ellos los golpistas.
Este tiempo de oscuridad en Bolivia nos deja algunos legados que la región tal vez esté a tiempo de asumir. Nada de lo ocurrido con antelación al 9/11 lo justifica. Pero hay que subrayar que hay líderes de diversos lugares del mundo, que suelen forzar las reglas institucionales y constitucionales debilitando los regímenes democráticos y forcejeando con la decisión popular soberana. Este problema no es una particularidad latinoamericana, aunque en nuestros países suele ser una práctica que se generaliza con el transcurrir de los tiempos democráticos. Aunque se lo ha llamado de muy distintas maneras, es una de las regresiones constitucionales más palpables de las democracias contemporáneas. Problema que pone en escena complejas tradiciones políticas que hoy conviven como arreglos conflictivos: la democracia, el populismo, el liberalismo político, el Estado de Derecho. Y que se entronca con la espinosa cuestión de la sucesión presidencial y/o de los líderes en el mundo actual. Aun cuando la democracia debe entenderse como un orden conflictivo, la alteración o el forzamiento de las instituciones formales generan una inestabilidad corrosiva para los regímenes políticos democráticos. La Bolivia anterior al 9/11 obliga a pensar estas cuestiones.
Hay prácticas que sobrevinieron al 9/11, que forcejean con el núcleo de sentido de las democracias: la expresión del pueblo soberano. En este caso, a diferencia de lo anterior, se trata de mecanismos constitucionales, como el toque de queda o el estado de sitio, que ya no pueden integrarse ligeramente en el repertorio de las prácticas de un estado democrático. La presencia renovada y heterogénea, pero extendida y contundente de las FFAA y de la Policía en el espacio público de los países de la región, deja el legado de la necesidad de formación democrática y del control civil que debe establecerse sobre las fuerzas destinadas a la seguridad y de las fuerzas destinadas a la defensa nacional. Dos actores que, como muestra la Bolivia de hoy y de manera contundente enseñan las dictaduras militares de los años 60 y 70, no están destinados a suplantar al pueblo soberano. Tampoco están capacitados para interpretar o sugerir, mucho menos mediante amenaza coactiva y uso manifiesto de la fuerza, el destino democrático de los gobiernos de nuestros países. La Bolivia anterior y posterior al 9/11 lega la urgencia de construir políticas públicas dentro y fuera de su territorio nacional.
