Uno de los asuntos económicos más importantes de hoy es el de las empresas públicas que resultaron de una política del Movimiento Al Socialismo (MAS) que no logró sus objetivos. Junto a Jeanine Áñez, tenemos la experiencia y la claridad que se necesita para transformar las empresas estatales en organizaciones dinámicas, modernas, adecuadas a las necesidades del país. Como me gusta decir, para convertirlas en “fábricas de plata”, la cual se inyecte a la economía en beneficio de todos los bolivianos. Para lograr esto, debemos cambiar lo que está mal y mejorar lo que está bien de las empresas públicas.
De las 32 compañías estatales existentes, 29 son deficitarias. Lo primero, entonces, es resolver el problema que estas pérdidas representan para la economía del país.
Para ello podemos y debemos usar diversos métodos: combinar soluciones de mercado y otras más estatistas, sin frenos ideológicos, siendo en todo momento prácticos, con la misma clase de pragmatismo que convirtió a China en una potencia mundial. Deng Xiaoping decía que no importa de qué color es un gato, con tal de que cace ratones.
Un primer método será la creación de empresas populares, entendidas como asociaciones de productores y trabajadores que asuman la responsabilidad y parte de la propiedad de la empresa; seguiremos el modelo de Guabirá, que ha creado un polo de desarrollo y generado muchos emprendimientos en el norte cruceño.
Hay que impulsar que los aymaras y los quechuas se conviertan en empresarios exitosos. La tarea que debemos cumplir es la que, pese a toda la propaganda, no se realizó en los 14 años del MAS: crear las condiciones para que una gran cantidad de aymaras, quechuas y guaraníes se enriquezca. Esto se dice fácil, pero contiene el dilema principal de nuestro desarrollo. Y un medio de lograrlo es, justamente, la asociación de los productores indígenas y populares con las empresas estatales.
Por otro lado, necesitamos que las empresas estratégicas, como YPFB y la Agencia Espacial Boliviana, sean bien manejadas, con planes de mediano y largo plazo que se cumplan. Hay que evitar seguir el ejemplo de ENDE, que es una compañía eficiente pero que, al mismo tiempo, opera en un sector ineficiente. ¿Por qué?
Porque sus inversiones fueron decididas políticamente, sin tomar en cuenta sus planes institucionales, lo que elevó sus costos y creó un superávit de energía que resulta preocupante. Por un lado, este superávit habilita a Bolivia para exportar, pero, por el otro, ya que no tenemos mercados externos bien explorados, de-sordena la industria. Producir una carga eléctrica muy superior a la demandada por las fábricas y los hogares implica despilfarro económico y despilfarro ambiental.
En estos días se ha discutido bastante qué hacer con la planta de producción de urea y fertilizantes de Bulo Bulo. El gobierno de la presidenta Áñez ha hecho bien al transparentar la situación de esta industria y plantear ideas para volverla rentable y sostenible. Está claro que no todas estas ideas son factibles. Parece que el traslado de la planta a otro sitio presentaría dificultades financieras y políticas insuperables. Deberemos, entonces, escoger alguna de las alternativas que restan. Lo veremos en su momento. No importa tanto cuáles serán las soluciones, las cuales tendrán que adoptarse caso por caso, como los principios en los que estas soluciones se basen. Para mí, estos principios son los siguientes: conservar el patrimonio nacional, descentralizar la administración y la responsabilidad sobre las empresas, favorecer a las comunidades locales.
Finalmente, ¿qué hacer con las empresas públicas que no son rentables y tienen pocas posibilidades de formar parte de asociaciones de productores? Tendremos que reconvertirlas y redimensionarlas, para salvar lo más posible sus inversiones, que, no podemos olvidarlo, se realizaron con los impuestos de todos. También es muy importante sacarlas de su ensimismamiento y ponerlas de cara a los mercados.
Para aplicar estas medidas se requiere de consenso político, es decir, de la celebración de pactos entre los distintos actores en torno a una hoja de ruta bien pensada y meticulosa. Hemos aprendido que la razón técnica no basta, que además se requiere darle gobernabilidad política a las empresas clave del país, y que esto solo puede lograrse con participación del Estado y de los trabajadores.
Los productores de todo el país deben debatir y acordar su participación en esta nueva etapa de desarrollo. La idea es que no pierdan nada; al contrario, que ganen certidumbre y protagonismo dentro de una economía plural, dinámica y eficiente.
