La historia de los regímenes constitucionales en Bolivia, desde sus conflictivos comienzos a fines de los años 70, muestra una estrecha relación entre el comportamiento de los electores y la orientación de las movilizaciones sociales.
Así, el importante caudal electoral de los gobiernos neoliberales (1985-2003) no podría explicarse sin la relativa desmovilización que caracterizó al período. Según la base de datos del CERES, elaborada por Miguel Villaroel Nikitenco, si durante el último gobierno de Hernán Siles Suazo (1982-1985), la prensa registró un promedio de 54 eventos de movilización social por mes; entre el gobierno de Víctor Paz Estensoro (1985-1989) y el de Jaime Paz (1989-1993), la prensa registró un promedio de 22 eventos de movilización social por mes. El primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada (1993-1998) fue el de menos marchas callejeras, menos huelgas de hambre, en suma, menos movilizaciones sociales: la prensa registró un promedio de 15 eventos por mes, próximo al de la dictadura militar de Hugo Banzer Suárez, de 11 eventos por mes.
La relación entre las preferencias electorales y la orientación de las movilizaciones sociales permite analizar los cambios en la correlación entre fuerzas sociales, esto es, la situación política. Así como la relativa estabilidad de los regímenes políticos en Bolivia se asocia con una relativa desmovilización; por el contrario, como hace casi un siglo lo mostrara Leon Trotski en su clásico Historia de la Revolución Rusa, el declive de los regímenes políticos está asociado con el inicio de dinámicas de ascenso de las movilizaciones sociales.
Partiendo de este enfoque, consideramos que la orientación de las movilizaciones sociales de octubre-noviembre del año pasado, que exigían la renuncia de Evo Morales, y las preferencias electorales que aparecen en la encuesta de Ciesmori publicada el 15 de marzo, son importantes variables para un análisis de la percepción social referida al partido derrocado en noviembre pasado, el MAS. A nuestra manera de ver, los datos de Ciesmori refutan contundentemente el planteamiento de que el MAS fue derribado por una rebelión popular. Veamos.
Pará interpretar los datos, es útil comparar las encuestas actuales —una radiografía posterior a las movilizaciones de octubre-noviembre pasado— con el comportamiento del electorado después de las grandes rebeliones populares que sacudieron Bolivia a inicios de siglo. En 1997, Hugo Banzer Suárez ganó las elecciones nacionales con el 23,3%; Condepa obtuvo 17%, UCS 16%. A partir de acuerdos en el Congreso entre estas fuerzas políticas se formó una coalición que llevó al exdictador al gobierno.
La insurrección de abril de 2000 en Cochabamba contra la transnacional Aguas del Tunari, y las movilizaciones aymaras en el Altiplano de abril y septiembre de ese año, movieron las capas tectónicas de la sociedad boliviana; y, entre otras cosas, hundieron al partido de gobierno ADN y a sus socios. En las elecciones de 2002 ADN obtuvo el 3,3% de los votos, Condepa 0,33% y UCS el 5,51%.
Un efecto similar tuvo la guerra del gas de octubre de 2003 y las jornadas de mayo y junio de 2005 en la coalición gobernante dirigida por el MNR. Si en las elecciones de 2002 el MNR sacó el 22,57% de los votos, NFR 20,91% y el MIR 16, 32%, después de aquellos procesos insurrecionales, los partidos de dicha coalición cayeron estrepitosamente. En las elecciones de 2005 el MNR sacó 6,46%, NFR 0, 68% y el MIR practicante desapareció como partido. La “guerra del agua” de abril de 2000, la “guerra del gas” de octubre de 2003 y las jornadas de mayo-junio de 2005 fueron verdaderas insurrecciones populares que modificaron drásticamente el mapa político.
Sin embargo, a pesar de la inmensa propaganda adquirida por la llamada “revolución de las pititas” de octubre-noviembre del año pasado, sus efectos en el tablero político, según muestran las encuestas, ni siquiera se aproximan a los efectos políticos de los procesos insurreccionales del pasado. A inicios de siglo, los movimientos revolucionarios llevaron los porcentajes de los partidos gobernantes a los suelos. Por el contrario, si tomamos como válida la votación de octubre pasado, el MAS ha bajado de un 47% a un 38% (votos válidos). Si a eso añadimos el hecho de que, por ejemplo, el año pasado las encuestas daban al MAS cerca de un 33% de la preferencia electoral (Mercados y Muestras), es presumible que el voto le sea aún más favorable. Aun sin tomar en cuenta esta última consideración, asumiendo como válida la encuesta de Ciesmori, el “efecto pitita” se aproxima al 9% en la caída del MAS. Pero no da para más.
Conclusión: Comparando los efectos políticos de las rebeliones populares de inicios de siglo en las preferencias electorales, con los efectos de la “revolución de las pititas” en las preferencias electorales mostradas por la encuesta de Ciesmori del 15 de marzo, se constata una caída del MAS del 9% en comparación con las drásticas caídas porcentuales del MNR, ADN, MIR, NFR, Condepa y UCS de inicios de siglo que se sitúan cerca del 18% y que dejaron a dichas agrupaciones electorales en su mayoría por debajo del 5%. La preferencia electoral por el MAS, al contrario, está cerca del 40%, en primera vuelta (datos válidos). Y, en segunda vuelta, figura como posible ganador de las elecciones. Estos datos confirman nuestra hipótesis de partida, en el sentido de que la estabilidad o el declive de los regímenes políticos están estrechamente relacionados respectivamente con dinámicas de reflujo o ascenso de las movilizaciones sociales. En vista de ello, en el caso que nos ocupa podemos concluir que: no fue una rebelión popular la que derrocó al MAS del gobierno.
Lorgio Orellana Aillón es investigador de la UMSS
