Además de cumplir con sus funciones establecidas, en la Constitución Política del Estado (CPE), la Asamblea Legislativa Plurinacional es el garante del ejercicio de los derechos, libertades de la población y la base de legitimidad del Gobierno transitorio; es necesario analizar que, al pretender clausurarla, podría convertirse en un atentado contra la democracia y la unidad del país, además de la vulneración de la seguridad interna del Estado.
Se podría calificar esta pretensión como punible, subsumiendo esta conducta como actos de sedición y traición a la patria; dicho de otro modo, es necesario conocer la historia de nuestra querida Bolivia, antes que perder nuestra democracia que hoy en día está siendo menoscabada por ciertos sectores de la población que desconocen la verdadera esencia de vida en un Estado de derecho en avanzada.
Hoy se cuenta con un conjunto de instituciones, normas y procedimientos que fortalecen el sistema democrático boliviano, siendo como principal institución la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se constituye en la depositaria de la voluntad y la soberanía del pueblo para un gobierno inclusivo y tolerante en una democracia legitima, cuando se caracteriza por tener un valor universal en la coyuntura actual.
La Asamblea Legislativa Plurinacional, como institución central de la democracia tiene como responsabilidad conciliar las demandas y garantizar la certidumbre a las expectativas que presentan los grupos o colectividades a través de los mecanismos del diálogo y conciliación; asimismo, el Parlamento tiene como facultad la emisión o adecuación de las leyes de la sociedad; como primer órgano del poder público, está encargado de supervisar y fiscalizar las acciones gubernamentales de las instituciones y entidades públicas con el propósito de que las autoridades del Órgano Ejecutivo rindan cuentas al pueblo boliviano y la fiscalización del quehacer en el manejo de la cosa pública de los demás órganos del Estado.
La Asamblea Legislativa Plurinacional hoy en día tiene como fin mantener vigente el régimen democrático plural y transversal, los derechos y libertades establecidas en la Constitución, importantes para el normal desarrollo de la vida de la población en el territorio boliviano; del mismo modo, el Parlamento otorga y garantiza la legitimidad de todo gobierno.
En la coyuntura actual, el Gobierno transitorio tiene su origen en el Órgano Legislativo y no en el voto directo de la población; por consiguiente, el cierre del Parlamento implicaría cesar las funciones del Gobierno transitorio en el Órgano Ejecutivo ipso facto.
En ese sentido, se afectaría la continuidad de 37 años de democracia en el país, dejando al margen la vigencia de los derechos y libertades de las personas y transitar de un régimen democrático a uno de gobierno autoritario, concentrando el poder en un solo órgano fáctico, contraviniendo el artículo 12 de la Constitución (de la organización del poder público en los cuatro órganos: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral), así como los tratados y convenciones internacionales.
Hoy en día la Asamblea Legislativa Plurinacional es el valor universal que garantiza la paz social y legitima al gobierno transitorio, siendo importante reflexionar que el cierre del Parlamento es depreciar el valor universal que tenemos y perder la libertad e identidad de la Patria es desmerecer la lucha de los líderes nacionales que ofrendaron su vida por vivir en democracia. En un Estado boliviano que no acaba de ser construido como nación.
Franz Zabaleta / Javier Rocha son abogado y politólogo
