Entre la noche y el amanecer del 14 y 15 de abril de 1912, durante el hundimiento del Titanic, los miembros de la banda de música deciden no dejar de tocar, a sabiendas del desastre, en un reflejo impotente de soslayar lo inevitable. Se hace esta referencia críptica a la banda del Titanic en alusión a la significancia de las acciones de gestión pública del Gobierno frente a la crisis del coronavirus que reporta ya casi 8.000 contagiados, y dos departamentos, Beni y Santa Cruz, al borde del colapso sanitario; con el añadido de zozobra gubernamental y debilitamiento institucional, producto de denuncias de abuso de poder, uso indebido de bienes, tráfico de influencias y actos de corrupción, especialmente en la compra de equipos esenciales para contener al COVID-19.
En este escenario sombrío, el Gobierno se debate entre resolver “sus errores de gestión” y la atención a la epidemia, cuando se avecina un momento crítico, inminente e inevitable: la crisis económica.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que el efecto de la pandemia será una recesión tan grande, que afecta “al 80% de la fuerza de trabajo mundial, con cierres totales o parciales de los sitios de trabajo, configurando un escenario de catástrofe económica global”. En América Latina esta situación se exacerba por la caída de los precios de sus exportaciones y la reducción del comercio internacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alertó que está en riesgo 43% de los puestos de trabajo de la región, y estima que en 2020 la pobreza y la pobreza extrema aumentarán hasta 34,7% y 13,5%, respectivamente.
Para enfrentar esta crisis los países vecinos han asumido acciones para preservar el ingreso familiar, los puestos de trabajo y a las empresas que los generan: con subsidios, creación de fondos de apoyo al sector productivo, suspensión temporal de pagos de créditos e impuestos, y otras medidas. Los presupuestos comprometidos son: Perú, $us 26.400 millones; Chile, $us 11.500 millones; y, Argentina, $us 7.000 millones. En el caso de Bolivia se prevé alrededor de $us 500 millones (Página Siete, 20/05/2020).
La medida más importante del Gobierno ha sido otorgar bonos para la población: el Bono Familia para hijos en edad escolar, el Canasta Familiar para las personas de la tercera edad, madres recientes y personas con discapacidad, y el Bono Universal, para las personas mayores de 18 años y menores de 60 que no tienen un empleo formal y no se benefician de otro bono estatal.
Implementar el cobro de los bonos fue un proceso tortuoso. Su aprobación se hizo mediante tres decretos supremos, y ameritó la emisión de tres decretos más para incorporar a grupos sociales que no estaban incluidos. El cobro de los bonos ha implicado un trato displicente a los ciudadanos, con largas colas en los bancos, exponiendo innecesariamente a la población vulnerable al contagio. De hecho, la aplicación de estas normas generó tal confusión que hasta la fecha la Presidenta explica en spots televisivos los alcances de estas medidas.
¿Cuál es el impacto de esta medida? De acuerdo con el Banco Mundial, si bien los bonos han llegado a gran parte de los hogares bolivianos, por la duración de la cuarentena, este apoyo se ha diluido. La pérdida de ingresos ha afectado con mayor intensidad a alrededor de 2,4 millones de personas en situación económica de vulnerabilidad y pobreza, que viven en áreas urbanas y donde el 96% de ellos se desempeña en el sector informal de la economía.
Por otra parte, las medidas de apoyo al sector productivo se realizan a través de dos iniciativas: el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral a las empresas legalmente constituidas. De la primera iniciativa todavía no se conocen detalles ni resultados. El segundo programa ofrece créditos a las empresas para pagar planillas atrasadas por un monto de Bs 4.244 por trabajador al mes, y hasta el doble si se requiere pagar dos meses de planilla. El 15 de mayo, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que ya se han colocado Bs 300 millones para este fin. Asumiendo que este monto se haya destinado al pago de un mes de salario, este apoyo alcanzaría a 70 mil empleados, que representan 4,6% del mercado formal de empleo del sector privado, constituido por 1,5 millones de personas (APS, 2017). Es decir, el impacto de esta disposición es casi nada, máxime si se considera la declaración de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) que estima la pérdida de 200.000 empleos en 2020 si la cuarentena se prolonga (CNC 27/05/2020).
Finalmente, está la Ley 1294 de diferimiento de pago de créditos, promovida por la Asamblea Plurinacional, que establece la suspensión de pago de deudas bancarias y su diferimiento por seis meses posterior a la conclusión de la cuarentena. La Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI), a nombre del Gobierno, interpretó que esta suspensión concluía en mayo y, por tanto, desde junio los prestatarios debían honrar sus compromisos de pago, en abierta contradicción con la ley. El problema es que la cuarentena sigue y la ASFI no rectifica su posición, generando incertidumbre en los actores económicos.
En consecuencia, lo mínimo necesario será ajustar estas medidas y/o pensar otras, como: integrar los bonos en uno realmente universal, mejor concebido e implementado, flexibilizar las condiciones para el acceso a créditos para las empresas, y consensuar otros acuerdos y facilidades con el compromiso de preservar el empleo formal. En cuanto al sector informal del país (3,4 millones de personas), que incluye a las pequeñas empresas familiares, y que recibió los bonos como único apoyo, requiere de mayores medidas, empezando por hacer cumplir la Ley 1294 sobre la reprogramación de deudas y facilitando el acceso a créditos, con condiciones alcanzables para ellos.
Considerando los escasos recursos financieros comprometidos por el país para enfrentar esta crisis, los problemas del Gobierno no son tanto las políticas públicas que implementa, sino la baja calidad de las mismas, que trasuntan precipitación, improvisación y ausencia de coordinación. Ninguna responde a una visión más allá de la urgencia coyuntural ni propone seriamente las acciones pospandemia, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad de gestión y la consistencia de sus equipos, que al igual que la banda de música del Titanic, ejecutan su repertorio mientras la nave del Estado se dirige al desastre.
Superar una crisis exige a los gobiernos liderazgo, credibilidad y legitimidad, factores que el Gobierno transitorio ha dilapidado en su corta gestión. Intentar reconstruir estas condiciones implica necesariamente la redefinición de sus prioridades. Entretanto ello no ocurra, no queda sino esperar el naufragio anunciado, mientras oímos de fondo a la orquesta del Titanic.
Juan de Dios Fernández es investigador en gestión pública y desarrollo rural
