Hace unos días el Ministro de Educación hizo público el Decreto Supremo 4260, una norma que legaliza la educación virtual en el país. Salieron voces críticas, madres y padres de familia, maestros criticando dicha norma y afirmando, con razón, que les parecía insuficiente. Pero la pregunta que no nos hemos hecho todavía es, no tanto la relacionada con las falencias de esa norma sino con su funcionalidad. ¿Para qué se ha realizado? ¿A quién beneficia? Desde mi punto de vista, esta norma y las que vengan relacionadas con la educación virtual tienen la clara función de legalizar el suculento negocio que va a ser ese tipo de enseñanza. Esa es la razón del desfase entre lo que maestros, maestras, madres y padres esperaban y lo que contiene dicha norma, ya que no está dirigida a ninguno de ellos y mucho menos a sus hijos e hijas.
Todos los sistemas educativos del mundo se encuentran en estos momentos en modo de emergencia, pero aquí antes de pensar en restablecer el derecho a la educación de nuestros hijos (as), antes de planificar cómo podrá ser la reapertura de los colegios y universidades, se está abonando el campo lucrativo con dicho derecho. Con esa norma lo que se quiere es generalizar un nuevo tipo de enseñanza como negocio de manera burda e indignante. Es la lógica de la mercantilización que va de la mano de la lógica de la corrupción, que es la marca de este Gobierno de transición que tanto daño está haciendo a este país.
El cierre de los centros educativos está teniendo un impacto altamente negativo en muchos países, pero en Bolivia, en el que la situación ya era crítica, anteponer la mercantilización de la educación nos tiene que poner alerta, ya que las consecuencias pueden ser definitivas e irreversibles. La educación se convertirá en la fuente de mayores desigualdades y exclusión.
La pérdida de aprendizaje de los estudiantes se está dando tanto en los casos de aquellos que tienen la suerte de contar con los medios para realizar una educación a distancia como, de manera mucho más preocupante, en los que han sido totalmente abandonados durante esta pandemia (poniendo en peligro también su nutrición y salud física), ya que el déficit de aprendizaje no solo será mayor, habrá también mayor deserción. Así, aquellos que necesitan más educación para salir de la pobreza serán los más afectados.
“Dado el probable aumento en la pobreza de aprendizajes, esta crisis podría impedirle a toda una generación hacer realidad su verdadero potencial. Los estudiantes que deban abandonar la escuela o que experimenten reducciones significativas en el aprendizaje tendrán menores niveles de productividad y de ingresos durante toda su vida. La inequidad aumentará porque es probable que estos impactos sean mayores para los estudiantes provenientes de hogares pobres y vulnerables. Los niños que necesitan más educación para salir de la pobreza serán quienes, probablemente, estén más privados de ella debido a la crisis”. (COVID-19: Impacto en la educación y respuestas de política pública. Informe del Banco Mundial, mayo de 2020)
No se dejen engañar por las voces que insisten en las bondades de la educación virtual que viene a solucionar todos los problemas y que nos lo venden además como si fuera el gran salto a la modernidad educativa que se va a dar en este país. Eso sencillamente es mentira. La educación virtual es condición necesaria pero no suficiente. Una cosa es utilizarla (en este caso además por una minoría) en cuarentena para seguir adelante con el aprendizaje y otra utilizar la situación de crisis posterior que vamos a vivir para justificar su implantación definitiva en el sistema educativo. Esto sería un gran error.
Por ejemplo, en la educación primaria la educación virtual no funciona de manera tan eficaz como se quiere hacer creer y la educación presencial sigue siendo algo fundamental y por lo tanto necesario. Y esto, no solo porque los niños y niñas de primaria no pueden acceder de manera independiente a los contenidos de la educación virtual, sino porque el mismo proceso de aprendizaje en estas edades, marcado por la necesidad de motivación y socialización, hace que colocar a un niño delante de una computadora es un método deficiente y solo admisible de manera “complementaria” y, desde luego, no en todas las materias, ni mucho menos.
Empresas como Chegg, Coursera o 2U(TWOU) hoy día desconocidas para muchos, incluso también para la gran mayoría de la gente dedicada a la educación, van a ser los motores del nuevo tipo de enseñanza que se quiere generalizar como negocio, aquí con el descarado respaldo del Gobierno, inicialmente en las universidades y más adelante en la mayor parte posible del sector educativo.
Sabemos que una de las tareas pendientes del gobierno del MAS fue la democratización de la educación (y de la salud), sabemos de las deficiencias de la Ley 070, pero ahora sin duda alguna el peligro no es cómo mejorar un sistema deficiente, sino cómo no caer en el barranco de desigualdad y exclusión que va a marcar de manera totalmente injusta el destino de toda una generación.
Es urgente ir dando los pasos para crear sistemas educativos más inclusivos, eficaces y resilientes, mediante políticas públicas, no mediante decretos que mercantilizan nuestros derechos y los de nuestros hijos (as).
Y ahora una pregunta fundamental: ¿Un Estado que deja de ser social sigue siendo Estado? Yo creo que no. No solo nos encontramos ahora con la falta de hombres y mujeres de Estado que tengan conciencia de la responsabilidad que supone la gestión de lo público, nos encontramos con hombres y mujeres que están vendiendo nuestros derechos impunemente, que se están lucrando con el dinero de todos, y lo hacen delante de nuestras narices sin ningún pudor, ni control, ni gota de vergüenza.
Necesitamos con urgencia recuperar el espacio institucional robado a la fuerza mediante un golpe de Estado orquestado para justificar el ansia de poder de un grupo de hombres y mujeres que ni se acercan a entender lo que es la política, lo que es la gestión de lo público, lo que son los derechos sociales, lo que es la democracia.
Si no lo hacemos, las consecuencias serán catastróficas para este país y todos los que apoyaron el golpe de Estado tendrán una deuda histórica con las futuras generaciones de este país, una deuda que nunca pagarán.
Ixtaso Arias es investigadora social
