En enero de 2006 se produce en Bolivia un cambio en las élites gobernantes. Los sectores sociales tradicionales detentadores del manejo y administración del Estado, ingresan, ya en el final de su ciclo político, en una profunda crisis que los conduce a un tiempo de retirada. Los grupos sociales periféricos e invisibles para la acción política, después de un lento proceso de acumulación histórica, con demandas insatisfechas y no atendidas por los gobiernos del momento liberal, las conectan para formar cadenas equivalenciales frente a la intención de la partidocracia dominante por constreñirlas. Así, las organizaciones demandantes se organizan en “pueblo” —en el decir de Laclau y Mouffe—, hasta acoplarse políticamente con un liderazgo visible e instrumento político que pergeñe sus primeras aspiraciones de toma del poder político.
Los sucesos comprendidos entre 2000 y 2003, que condujeron al cierre del ciclo neoliberal, fueron la manifestación viva del Estado político boliviano que produjo una nueva fragmentación étnica, social y política. El proceso circular de sustitución de elites gobernantes y sus correlatos sociales se instaló en 2006 e inició un nuevo estado de tensiones y polaridad social.
El 10 de noviembre de 2019 señala la instalación de otro momento de hostilidad de los factores históricamente opuestos. La lógica circular volvió a chocar como placas tectónicas provocando estadios de conflicto cada vez más altos. Ante ello, la pandemia y la crisis política, y la pregunta: ¿cómo avanzar?
En un momento de calamidad humanitaria, de catástrofe devastadora, ¿quién salva?, ¿el Estado o el mercado con su lógica estadística? Atendiendo a Émile de Girardin que decía “gobernar es prever”, la sensación de responsabilidad primera se dirige sobre el Estado. La información sobre el paso de la pandemia muestra a sociedades, instituciones, organizaciones y agentes económicos que van convenciéndose de que es el ente estatal quien, ante una amenaza descontrolada, puede salvarlos. El Estado inexcusablemente ha asumido gastos e inversiones urgentes, salvatajes, asistencias y preocupación por sus ciudadanos de forma directa. Esto ha visto el mundo, sin detenerse en el modelo, el sistema y la forma de gobierno. Por tanto, congregando todas las responsabilidades y ansiedades sociales, su capacidad y fortaleza debe ser absoluta, genérica y sin fisuras. Ello implica un nuevo pensar de la dimensión que debe alcanzar y su vínculo directo con la democracia.
Un Estado fortalecido no es necesariamente un Estado más grande y un Estado noventista tampoco es uno más reducido. Para no dar lugar a un Estado fallido (que no respeta las libertades, impone una democracia restrictiva, acentúa y patrocina las desigualdades), su remodelación debe atender factores mínimos de urgencia impostergable: la conformación de su gobierno y la institucionalidad, el sentido de legitimidad y legalidad y el deber de estar bien constituido. Con ello habrá mejores posibilidades ante la crisis multisectorial y la opción de construir y establecer una agenda de consensos para las reformas sustanciales que Bolivia ya solicita. Países que han logrado controlar la pandemia muestran gobiernos que, aunque varios estaban señalados por su actuar en la política cotidiana, tenían solidez de legalidad y legitimidad.
Cabe reflexionar entonces en esta coyuntura de remodelación fáctica del Estado: ¿cuánta valía se otorga a su institucionalidad? ¿Nos preocupa el debido orden institucional, como forma de reaseguro ante intenciones que busquen interrumpirlo, reducirlo, desequilibrarlo y, en consecuencia, reconfigurar una relación de poderes que finalmente deje mediatizados los derechos progresivos, la igualdad y las libertades individuales y colectivas? todo esto frente a lo sensible de una crisis sanitaria. En definitiva, signados por el mal trance, la cuestión es: ¿salud ciudadana o salud institucional? ¿O ambas?
Las crisis no son estacionarias y tampoco inmóviles, sino que expresan dinámicas en movimiento que refieren a fases de descomposición del estado de situación de intervalos coyunturales específicos. La presencia del COVID-19 en Bolivia no impacta de forma lineal y única; adquiere resoluciones, ritmos y profundidades distintas. Su incidencia en los ámbitos poblacionales, territoriales y estatales logra niveles de intensidad desiguales que rápidamente alcanzan dimensión política por continuidad de los hechos de noviembre. Esto implica mayor tirantez y polaridad social. Significa que el estado de crisis multisectorial, irresuelto e incontrolado, no interrumpe su devenir, sino que prosigue su expansión hasta franquear a la siguiente etapa. Después de la crisis y el hecho político absoluto, la fase siguiente es el colapso, un momento de desorden y desgobierno pleno.
A consecuencia de la pandemia, la humanidad y los países avanzan hacia sistemas democráticos reconvertidos, donde el primer poder del Estado, expresado en la representación de la Asamblea/Parlamento, por los cursos de emergencias continuas que se avizoran, decrece en manos de tendencias que buscan exagerar el personalismo del Poder Ejecutivo. Esto representa una resignificación también de la confección de las normas: más decretos que regulen actividades específicas y una baja producción de leyes. Todo ello, por los estados de excepción y seguridad, que en una psicosis generalizada intentan, subjetiva y continuamente, esta redefinición de roles y jurisdicciones políticas.
En este escenario también impuesto en Bolivia y con una pandemia instalada por tiempo indeterminado, la vía democrática e institucional que facilite preocuparse por la crisis multisectorial está en electoralizar la coyuntura en la fecha señalada, hecho necesario para obtener una perspectiva de solución, reducir ansiedades políticas causadas por el enfrentamiento y descontento de la crisis política irresuelta y enfocarse, desde el Gobierno, en una estrategia posible sobre los efectos devastadores de la enfermedad. Esto es, remodelar hoy e imperiosamente el Estado en la línea institucional y constitucional.
Jorge Richter es politólogo
