Después de 74 años, algunos “cronistas” liberales y seguidores de Alcides Arguedas quieren volver a usar la soga del imperio para liquidar el legado histórico de Gualberto Villarroel, quien fue asesinado, mientras era presidente, por defender a los más pobres. Empero, ese intento no hace mella en él. Sucede que su aporte político es demasiado gigante para esas disquisiciones “noveladas” en cómodos escritorios.
Con la derrota en el Chaco (1932- 1935), el Estado liberal —construido por la burguesía minera, luego de la guerra federal (1899)— entró en crisis. Su modelo económico no logró sacar al país del atraso. Frente a ello, la rebelión obrera y popular de mayo de 1936 tumbó al liberalismo y dio paso a los primeros regímenes nacionalistas.
Los gobiernos del teniente coronel Germán Busch (1937-1939) y el mayor Gualberto Villarroel (20 de diciembre de 1943- 21 de julio de 1946), en ese marco, fueron el resultado de ese proceso insurgente, que iba a concluir en la revolución de 1952.
NACIONALISTAS. Con su pluma afilada, en La formación de la conciencia nacional, el sociólogo René Zavaleta subrayó que, a diferencia del régimen de Busch, el mandato de Villarroel tuvo el gran mérito de integrar a tres sectores sociales “estratégicos”: las clases medias, los jóvenes oficiales del Ejército y la clase obrera.
El sector pequeño burgués, que estaba compuesto por los “parientes pobres de la oligarquía que ya no creían en la oligarquía”, se agrupó en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Los militares nacionalistas, que eran parte de la “tradición” revolucionaria de las guerrillas de la independencia o “republiquetas antiespañolas” (1809-1825), se organizaron en la logia Razón de Patria (Radepa), que fue una “solución militar” para acabar con la “rosca”.
Así recién se entienden, a diferencia de lo que aseguran los cronistas liberales, “los fusilamientos de Chuspipata y Caracollo cuando, por una decisión votada, (los integrantes de Radepa) resuelven eliminar selectivamente a los miembros culminantes de la oligarquía”, argumentó Zavaleta, para luego explicar que tales acontecimientos “no obedecieron a las instigaciones de un rencor fortuito”: “Históricamente, los fusilamientos resultan la respuesta nacionalista a la Masacre de Catavi” del 21 de diciembre de 1942.
LIBERALES. El tercer sector que se sumó al proyecto antioligárquico fue el proletariado minero, que se estructuró como un significativo actor político en el devenir histórico con la matanza de Catavi, la fundación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (1944), la aprobación de la Tesis de Pulacayo (1946) y la toma armada del poder (1952). Esa maduración de clase iba llegar a su cúspide, en 1971, con la organización de la Asamblea Popular.
En oposición a ese bloque tricéfalo, el grupo liberal, según Zavaleta, se aglutinó en torno a los grandes mineros capitalistas, con “mentalidad precapitalista”. Así, en medio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que enfrentó a los países “aliados” y “fascistas”, los propietarios de minas y haciendas, su “gran prensa” y los militares oligarcas —que representaban a la “tradición” de los antiguos “chapetones” (colonizadores)— “estigmatizaron” a Villarroel como “nazifascista”. El gobierno de Estados Unidos tardó seis meses en otorgar su “reconocimiento”.
Bajo esa lógica, la propuesta de elevar el precio del estaño “fue hábilmente convertido por los servicios de inteligencia estadounidenses e ingleses en un complot proalemán”. El Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), siguiendo los lineamientos de Moscú, se sumó al Frente Antifascista y participó en el “complot”.
LA SOGA. Luego de explicar que Villarroel es el “ejemplo típico de los militares patriotas, víctimas de un sistemático acoso mediático e imperialista”, el periodista Gerardo Irusta, en Periodismo y Revolución Nacional, demostró que ese gobierno “fue acusado de ser nazi y servir al Eje”; pero, el trasfondo era otro: “Estados Unidos, la oligarquía minera de Bolivia y los terratenientes estaban espantados porque junto a Radepa llegaron al poder los dirigentes del MNR que, a esa hora, ya estaban luchando contra Patiño, Hochschild y Aramayo”.
Así, varios historiadores coinciden en que la “prensa imperial” jugó un papel importante en poner la soga en el cuello de Villarroel. No obstante, para neutralizar esa estrategia, el “Presidente difamado”, el 10 de enero de 1946, decidió hablar con los directores de El Diario, La Razón, Última Hora, La Noche, La Calle, Pregón y los corresponsales de AP, UP, Reuter, Noticias Bolivianas y American MetalMarket. La histórica charla fue transcrita por el periodista Augusto Céspedes, en El Presidente colgado.
Tras defender sus medidas a favor de los indígenas, los obreros y los “más pobres”, el Presidente nacionalista les espetó que las publicaciones de prensa “venían creando un ambiente en el que se daba la sensación de que se vivía bajo un régimen nazifascista”: “Conocemos a los regímenes totalitarios. No aceptan partidos de oposición; empero, en Bolivia la oposición existe. Es más: se ha agrupado en un Frente Antifascista”.
LA PRENSA. Puntualizó, además, que “el fascismo no admite la libertad de prensa”; sin embargo, en Bolivia tenemos prensa política, universitaria, “la que defiende el interés de las empresas” e incluso diarios que “han costeado revoluciones”.
“Nosotros, sin pretender la dictadura del proletariado, defendemos a esa clase y pretendemos su liberación. Esa es nuestra bandera y si por ella voy a caer, estoy dispuesto a caer”, subrayó.
El diálogo no cambió el accionar de los periodistas. Ellos continuaron en su radical campaña. Seis meses después, el 21 de julio, Villarroel fue colgado en un farol. Y los periódicos La Calle y Pregón fueron furiosamente clausurados.
“El colgamiento de Villarroel fue la culminación victoriosa de la propaganda oligárquica, que venció al periodismo revolucionario”, concluyó Irusta.
Pese a la cruel represión contra los nacionalistas, el tren de la revolución ya estaba en marcha. El bloque oligarca y su Ejército fueron arrasadosen abril de 1952.
