Ha llegado la hora de reiterar con vehemencia la importancia de posponer la elección del próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo porque, tal como se ha procedido con la candidatura de un ciudadano estadounidense, estamos no solo frente a la ruptura de una práctica que ha acompañado la historia de la institución sino ante una gravísima violación del acuerdo político fundamental con el cual nació.
Por sesenta años el BID ha funcionado bajo las normas establecidas en los debates de 1959 donde las partes, constituidas en una Comisión especial, determinaron los mecanismos de adhesión, los sistemas financieros de los aportes y la organización misma de la entidad. Fue en ese marco, tras un intenso debate entre las partes, donde se resolvió establecer la sede del banco en Washington. Y en la primera sesión de los gobernadores, realizada entre el 3 y 16 de febrero de 1960 en El Salvador, quedó afincado el principio de reservar la presidencia del BID para un latinoamericano y la vicepresidencia para un ciudadano estadounidense.
Cuando a mediados de junio de este año el Gobierno de los Estados Unidos anuncia la postulación de un ciudadano norteamericano a la presidencia del BID, rompe la lógica y la
sabiduría de aquel acuerdo político fundacional. Ahora no hubo comisión especial para tratar el tema. Ni tampoco discusión en la Asamblea de Gobernadores integrada por los 48 países miembros de la entidad, donde se revisara aquella norma vigente por seis décadas. Es esta realidad, esta ruptura mayor, la cual reclama una nueva reflexión en América Latina y el Caribe y demás socios del BID ante un hecho de significados muy profundos, porque esa nominación constituye una grave falta de respeto hacia las reglas de convivencia hemisférica e internacional y ciertamente una seria agresión a la dignidad latinoamericana.
El 10 de marzo, un comunicado del BID señaló que “la Asamblea Anual 2020 del Grupo BID ha sido aplazada y tendrá lugar en Barranquilla, Colombia, en la primera mitad de septiembre de 2020. Dicha reunión también será la ocasión de la elección del próximo presidente del BID”. Como razón principal se señaló que tal decisión se tomó “en el contexto de las extraordinarias circunstancias de salud pública generadas por la respuesta global al coronavirus (COVID-19)”. Si esa fue la razón a mediados de marzo, mucho más lo es ahora con 180 mil muertos en Estados Unidos, 115 mil en Brasil y 60 mil en México, por señalar las estadísticas más altas en las Américas.
El 27 de julio se anunció la nueva postergación de la Asamblea de Gobernadores para marzo 2021, pero se mantuvo la fecha de la elección del presidente del BID. Aquella convocatoria nació bajo serios cuestionamientos porque ya estaba en marcha esa candidatura surgida solo gracias a la ruptura de los procedimientos institucionales históricos. Lo políticamente sensato era y es postergar ambas acciones. Lo procedente es concentrar los esfuerzos en preparar pulcra y cuidadosamente una Asamblea de Gobernadores en la que se defina tanto la estrategia que deberá cumplir el BID ante los enormes desafíos económicos y sociales generados por la pandemia, como elegir a quien deba presidir a la institución para ejecutar dicha estrategia. Es verdad, desafortunadamente, que los Estados Unidos con su poder de votación, al sumar a Brasil, Colombia y Venezuela (de Guaidó) tendría el 49%, con lo que le bastarían uno o dos países adicionales de su lado para lograr su reprobable propósito.
[En junio de 2020, el Gobierno transitorio de Bolivia hizo oficial su apoyo al candidato estadounidense a la presidencia del BID. Nota de Edición]
Por su forma y fondo, esta sería una imposición arbitraria, que no dudamos acarrearía consecuencias muy negativas para el devenir de la institución y el futuro de la relación entre Estados Unidos y América Latina. El daño para el BID sería irreparable.
Por eso, con absoluta convicción decimos que la elección convocada para el 12 y 13 de septiembre, de ocurrir, carecería de legitimidad y más pronto que tarde debiera considerarse nula. Estados Unidos, sin consulta ni debate en los organismos pertinentes del BID, lanzó su candidatura pasando por encima de acuerdos y normas bajo las cuales todas las partes del BID entendieron su creación y funcionamiento a través de los años. Desde el gobierno de Eisenhower hasta marzo 2020 rigió una lógica institucional. Ahora el Presidente norteamericano quiebra esa convivencia y busca imponer a su candidato por encima del consenso histórico. Por eso, esta convocatoria carece de validez. Los gobiernos de todos los países miembros del BID debieran darse cuenta de que la institución no puede tener un presidente surgido de un acto carente de legitimidad histórica y política.
(*) Firman el texto los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Juan Manuel Santos (Colombia), Ernesto Zedillo (México), y el ex Jefe del Gobierno de España Felipe González.
