L a coyuntura actual está fuertemente marcada por la disputa electoral, la precariedad de las instituciones políticas, las inconsistencias gubernamentales y las recientes movilizaciones sociales que han puesto en vilo a la población debido a los riesgos de la salud y el clima de enfrentamientos. Esta situación ha encontrado un escenario frágil y provisional de pacificación gracias a la definición inamovible de la fecha de elecciones el 18 de octubre por parte del Órgano Electoral Plurinacional (OEP)
¿Crisis estatal?
Hay coincidencia en afirmar que estamos atravesando por una de las más severas crisis de la historia de Bolivia. Pero, ¿cuál es su alcance? ¿Se trata de una crisis político electoral generada por una polarización no resuelta entre el MAS y los opositores? ¿Es una crisis institucional marcada por la transitoriedad de las autoridades constituidas y las dificultades de gobernabilidad en plena pandemia? ¿Es el fin de la hegemonía del MAS? ¿Qué elementos de la crisis expresan los bloqueos de caminos recientes propiciados por indígenas y campesinos, por un lado, y las afrentas de los movimientos cívicos, por otro? ¿Estamos frente a, o en los albores de, una crisis estatal?
Tomaremos cierta distancia de los acontecimientos recientes para escudriñar los elementos más profundos de la actual situación. En primer lugar, se puede verificar una profunda crisis de las instituciones de la democracia, la mayor desde 1982. La anterior gestión de gobierno no solo ha menoscabado la aplicación de la Constitución, sino que ha gobernado mediante una lógica de “la democracia a la inversa”, es decir, adaptando la institucionalidad a sus intereses políticos particulares, agravada desde el 21F, cuando intentó forzar su permanencia en el poder, ignorando la Constitución y la voluntad soberna expresada en el Referéndum y, más adelante, afectando las reglas, el proceso y los resultados electorales en beneficio propio.
Estos hechos precipitaron la crisis social poselectoral, que terminó con la renuncia de Morales, la pacificación del país mediante la designación de un gobierno transitorio, un nuevo OEP y la anulación de las elecciones.
La crisis institucional se refleja hoy en la confrontación de los principales órganos y la ingobernabilidad horizontal y vertical del Estado, vale decir, entre el Ejecutivo y el Legislativo y la tensión y descoordinación entre el nivel central y los niveles subnacionales, sobre todo con los que tienen autoridades de signo político contrario al del gobierno central. De hecho, la desafortunada decisión de la presidenta de convertirse en candidata ha contaminado la gestión pública de la crisis económica y de salud.
Otro factor evidente de la crisis es el desmoronamiento de la hegemonía del MAS que, sobre todo en los últimos años, ha perdido la capacidad de conducción política, ideológica y moral. Las fisuras entre el partido y las organizaciones sociales afines, sobre todo indígenas, ya se percibían anteriormente, por ejemplo en la contradicción entre su discurso defensor de los derechos colectivos y la madre tierra y la ejecución de proyectos desarrollistas y extractivistas, la corrupción que involucró a estos sectores como el caso del Fondioc, y el manejo arbitrario del poder, que se desencadenaron de manera definitiva desde febrero de 2016. Los acontecimientos poselectorales han visibilizado las fracturas internas en el MAS, que hoy atraviesa por una crisis múltiple: de liderazgo, orgánica, de credibilidad social y de hegemonía electoral.
Los otros partidos también están atravesando por su peor momento.
Sus capacidades de representación están disminuidas y los problemas internos son mayores, como la crisis de liderazgos, el vaciamiento de su militancia, la pérdida de contenido de sus discursos y la expansión del “mercado negro” de sigas.
Las fracturas sociales
Sin embargo, las mayores complejidades de esta crisis provienen de las fracturas sociales no resueltas en la historia, que en este episodio se han vuelto a manifestar, como la pobreza y la desigualdad, las disputas territoriales y, en particular, la exclusión sociocultural y el racismo.
Estas se expresan por fuera del sistema político, en las protestas en las calles, en los bloqueos y hoy también en las redes sociales. En el actual campo de conflicto social coexisten distintas agendas, actores y estrategias, algunas que provienen de los gremios, los cívicos o sindicatos, y otras volátiles y difusas como los activistas ciudadanos, los autoconvocados, entre otros, cuyo signo común es que no se sienten representados por la política. La realidad sociológica del país se ha transformado, un conjunto de nuevos factores emergen del contexto mundial afectado y transformado por la expansión de la pandemia y sus efectos en la economía y en la sociabilidad.
La pregunta que aún está sin respuesta es si todos estos factores conducen al fin del ciclo estatal inaugurado con la llegada del MAS y la Asamblea Constituyente. Nos referimos al proceso impulsado por los movimientos sociales a inicios de siglo y que paradójicamente ha sido recortado por el MAS en la última década en sus pilares fundamentales: la plurinacionalidad y la autonomía. Es preciso aclarar que la caída electoral del MAS partido no significa el derrumbe del ciclo estatal. El próximo gobierno no podrá desandar las conquistas plasmadas en el texto constitucional y tampoco se percibe un proyecto estatal alternativo.
Los factores hoy en el juego político no permiten ver con claridad los derroteros del siguiente gobierno, pero está claro que su gestión será clave para definir el destino del país. Con seguridad tendrá que ser un gobierno de coalición dadas las tendencias electorales —y es deseable que así sea por la gravedad de los problemas sociales y económicos que requieren inmediata atención. Si bien las próximas elecciones no van a resolver la crisis, se convierten en imprescindibles pues son la condición de posibilidad del futuro inmediato.
(*) María Teresa Zegada C. es socióloga, docente e investigadora
