Hemos sido testigos de una serie de disfuncionamientos que están provocando un clima de pesimismo, desconfianza y angustia, tanto entre la población como en sus dirigencias. Justamente, se suele decir que estamos en “crisis” cuando ciertas normas, instituciones, prácticas o relaciones sociales a las que estábamos acostumbrados ya no funcionan ni parece que podrán hacerlo de la misma manera en el futuro. Esas irregularidades pueden ser de diverso tipo y magnitud y no se sabe con exactitud cuándo ni cómo se resolverán, sumiendo a la sociedad en la imprevisibilidad y la incertidumbre. Poco a poco, estos fenómenos van desordenando la vida de la gente y dificultando cualquier proyección sobre el futuro.
La política tiene el gran reto de comprender, manejar y resolver estas discontinuidades, pues sin certidumbres mínimas se hace difícil gobernar.
Pero esta tarea no suele ser fácil debido a que las crisis son el producto de múltiples factores, racionalidades y secuencias temporales. Es complicado distinguir entre sus síntomas y sus causas, algunas internas, otras externas, ni sirve de mucho buscar similitudes con otros momentos históricos pues las grandes crisis suelen estar enraizadas en las características particulares de cada coyuntura. Pero, aunque sean un tiempo de dudas e inquietudes, son también un momento de posibilidades para influir en el devenir de la sociedad sin necesidad de contar con gran poder ni esperar mucho tiempo.
Caracterizar la crisis
Por lo general, las crisis más graves suelen ser aquellas en las que se pone en cuestión aspectos críticos del modelo estatal y en particular las que están relacionadas con deficiencias profundas en la capacidad de las instituciones para gestionar los conflictos sociales o construir algún “interés común” que le aporte legitimidad a la acción estatal. Cuando algo de eso no funciona, se dice que se trata de una crisis de Estado.
¿Cómo se puede entender la crisis que estamos viviendo?, ¿cuáles son sus rasgos determinantes?, ¿a qué procesos está asociada?, ¿cuán profunda es?, son pues preguntas relevantes. El conflicto político-electoral de fines del año pasado ha sido un primer y gran síntoma de nuestra entrada en tiempos turbulentos, ya que reveló la debilidad de instituciones democráticas clave, una gran desconfianza en el poder y la dificultad de los partidos para representar a la diversidad de intereses y expresiones que fueron emergiendo en esos días.
Todo eso desembocó en una elección muy cuestionada, la renuncia del presidente y el derrumbe de la estructura política que gobernó el país desde hace catorce años.
Pero las cosas no se quedaron ahí. Este año, la sensación de desorden se ha vuelto cada vez más presente por la lucha entre los poderes del Estado, la descoordinación entre el gobierno central y las autonomías subnacionales, las denuncias de vulneraciones de derechos humanos y la reaparición de una fuerte conflictividad social. Por si esto no fuera poco, la pandemia del COVID-19 ha revelado las deficiencias estructurales y coyunturales de un Estado que no ha logrado proteger adecuadamente a los ciudadanos y que ahora enfrenta una contracción económica inédita en la historia reciente.
Así pues, las irregularidades se están multiplicando, ya no solamente en el ámbito de la política, sino en la economía, en el desempeño del Estado o en la propia convivencia entre los diversos grupos que componen la nación. Si no estamos ya en una crisis de estado, al menos podemos, intuitivamente, decir que a este ritmo no estamos demasiado lejos de tal situación si no hacemos algo.
La tarea política
Por lo pronto, sabemos que el desarrollo de la crisis está asociado a la interacción cada vez más estrecha entre el conflicto y la polarización política que venimos cultivando desde hace varios años, las consecuencias institucionales y psicosociales no resueltas que nos dejó la crisis política del año pasado y los significativos impactos sociales y económicos de la pandemia. Cada uno de esos fenómenos tiene sus particularidades, pero aportan su lote de angustias e interrogantes, modificando la subjetividad de los ciudadanos y por tanto sus comportamientos y expectativas. Estamos bombardeados por múltiples inquietudes que se superponen entre sí, sin que sepamos con claridad cómo todo eso impactará en la gobernabilidad futura. Hay necesidad de reflexionar integralmente al respecto.
Aunque todos los países están enfrentando los impactos disruptivos de la pandemia, pocos experimentan al mismo tiempo graves problemas políticos. Esto es preocupante porque el Estado y la política se verán cada vez más solicitados para resolver esos problemas, contando siempre con recursos insuficientes para satisfacer todas las demandas. Se deberán, pues, gestionar complejos conflictos distributivos, dado que habrá que elegir a quién apoyar más o menos, apelando para eso a la paciencia y a alguna noción de interés general en los actores sociales; labor que se hace cuesta arriba sin un mínimo de confianza y legitimidad.
La otra paradoja de la coyuntura boliviana es que, pese a esa perspectiva, parecería que se insiste en apostar a la polarización más simplista como instrumento de corto plazo para conseguir el favor de las urnas, sin percatarse que las fuerzas y malestares que se están azuzando, en un lado y en el otro, serán las mismas que harán difícil gobernar y unir al país a cualquiera que sea electo el 18 de octubre.
En síntesis, descifrar la(s) crisis es urgente, para buscar salidas ordenadas. Parece que eso tendría que ver primero con una conclusión pacífica del actual proceso electoral que debería dotarnos de un gobierno con cierta legitimidad y un mandato temporal claro, y luego con una acción realista para mejorar aspectos prioritarios de la gestión institucional y de las políticas públicas. Pero eso no será suficiente para capear el temporal. La tarea más compleja e ineludible será política: reconstruir la confianza entre los diversos que coexistimos en el país y encontrar maneras pragmáticas de ponernos de acuerdo sobre ciertos objetivos comunes que fortalezcan al Estado y eviten la ingobernabilidad.
(*) Armando Ortuño es investigador social. Es economista. Trabaja temas de gobernabilidad, desarrollo humano, políticas públicas y análisis político y socioeconómico
