Hay una lógica en esta locura del gobierno de Jair Bolsonaro. La lógica de la destrucción del Estado brasileño y la imposición de la centralidad del mercado. La derecha, en su era neoliberal, se esfuerza sistemáticamente por descalificar al Estado, acusándolo de ineficiente, burocrático, corrupto.
Promueve el Estado mínimo, una forma de promover la mercantilización de la sociedad, de promover una sociedad en la que todo es mercancía, todo tiene precio, todo se vende, todo se compra.
Para lograr este objetivo, es necesario el desmantelamiento del Estado, con sus procesos de regulación del mercado, la promoción de los derechos sociales de todos, la protección de la ciudadanía, el impulso al crecimiento de la economía a través de inversiones y créditos, entre otras actividades. Y es necesario crear en la opinión pública una imagen negativa del Estado, que cobra muchos impuestos y entrega poco a cambio, que interviene en la vida de los ciudadanos, quitándoles su libertad, que deforma la economía al intervenir en los mercados.
El Estado mínimo abriría espacio para el crecimiento de la economía, impulsada por el mercado, que incentivaría las inversiones y fijaría precios de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, para la libertad de las personas, dejadas a su suerte, sin intervención del Estado. Para que todos puedan tener acceso a las armas que quieran, para defenderse de los riesgos para su seguridad. Para que las religiones puedan tener actividades ilimitadas, de cualquier orden, incluida la obtención de beneficios y la acumulación de riquezas para las iglesias y sus miembros.
Es lo que hace el gobierno de Bolsonaro, entre arbitrariedad y ex abruptos, va y viene, aprovechando el asalto al Estado que promovió en las elecciones de 2018. Destruye la capacidad del Gobierno para regular la economía, desmantela los ministerios sociales — educación, salud, asistencia social, cultura— que garantizan los derechos de todos. Deja a todos liberados a su suerte, desde la población que vive en la calle hasta los desempleados, desde las pequeñas empresas hasta los vendedores ambulantes.
La imagen de las familias que viven en las calles y plazas de las ciudades de Brasil es la imagen más expresiva de este Gobierno y la ausencia de un Estado que proteja a la población, especialmente a la más desfavorecida. Poblaciones abandonadas, sin trabajo para ganarse la vida, sin casa donde vivir, sin poder público que las proteja de milicias, traficantes y todos aquellos que atentan contra sus derechos mínimos en su difícil vida privada.
Es un gobierno que vino a deshacer todo lo mejor que se había hecho en Brasil en el pasado reciente. Deshacer las políticas sociales, atender a los más pobres, democratizar la educación, fortalecer la salud pública, el orgullo de ser brasileño, el amor a Brasil, la solidaridad social, la prioridad de ayudar a los más necesitados, el papel del Estado de salvaguardar el derecho de todos, el papel de los gobiernos de cuidar de toda la población.
El gobierno de Bolsonaro dejará al país devastado, indefenso ante los brutales intereses del capital especulativo, de las grandes empresas internacionales y sus intereses en apropiarse de las riquezas del país. Un estado liquidado de las propiedades públicas, debido a los procesos de privatización que destruyen las empresas construidas durante décadas por el pueblo brasileño.
Pero como es un gobierno de ricos, fortalece los mecanismos de represión de las víctimas de sus políticas: la Policía, el Ejército, las fábricas de armamento. El Presidente aprovecha los espacios que tiene a su disposición para atacar la democracia, ofender a los movimientos de ciudadanía, alabar los cuerpos de represión, incentivar el armamento y la violencia en la sociedad.
Está dominado por la lógica de la opresión, la explotación, la violencia, la degradación. Un gobierno que debe ser combatido y derrotado por la lógica de la democracia, la solidaridad, la convivencia y la paz. Para eso, es necesario recuperar un Estado democrático, defensor de los derechos de todos, garantía de condiciones de vida dignas para todos, que regule y limite las alocadas acciones del mercado y promueva la dignidad y la solidaridad como principios de vida en sociedad.
(*) Emir Sader es sociólogo y científico político brasileño. Other News
