Entendiendo los programas de gobierno como el punto de partida para el ejercicio del control político, social y el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía; como un contrato colectivo suscrito por los ciudadanos sobre los asuntos de interés público, conviene la necesidad de un análisis crítico a sus contenidos. Recientemente el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) publicó el último número de la separata Artículo Primero: Elecciones Generales 2020, participación política de los pueblos indígenas en las tierras bajas de Bolivia, donde, en el artículo: “Análisis de los programas de gobierno: ¿son los pueblos indígenas una prioridad?” se aborda cómo los programas de gobierno consideran las principales problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas originario campesinos, así como sus demandas en temas relativos al territorio y los bienes naturales comunes que están en constante amenaza, la autonomía indígena y la libre determinación, la consulta previa, libre e informada, gestión territorial, justicia indígena, participación política, salud, educación y medio ambiente.
Algunos de los hallazgos producto de esta revisión son: de los ocho programas de gobierno, solo seis mencionan de forma superficial temas vinculados a la agenda de las organizaciones indígenas. Asimismo, no se profundizan las problemáticas que atraviesan las mujeres y hombres indígenas en el ámbito rural y urbano, lo cual refleja el desconocimiento de estas realidades, de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y la normativa internacional vigente.
De la misma forma, entre las propuestas, se observa que el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) mantiene la vigencia del Estado Plurinacional y plantea profundizar las autonomías indígenas, el manejo integral de la biodiversidad y bosques, además de la promoción internacional y la aplicación mundial de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; empero, no hace referencia a los mecanismos técnicos y normativos que harán posible su materialización. Con relación a la consulta previa, libre e informada, la propuesta resulta contradictoria, porque durante su gestión no respetó este derecho y priorizó el modelo de desarrollo extractivista por encima de los derechos de los pueblos indígenas. Con relación a la salud, se menciona la recuperación de la medicina tradicional ancestral. Finalmente, sobre la educación se limita a su reconocimiento como un derecho.
Por su parte, Comunidad Ciudadana (CC) hace referencia a temas de prioridad para los pueblos indígenas como la autonomía indígena, la consulta previa, el manejo de gestión territorial y la justicia indígena, pero todo desde una perspectiva general.
Se compromete a respetar los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo el de la no intromisión; no obstante, no logra profundizar su propuesta en aspectos concretos. En materia de salud plantea la promoción de la medicina tradicional de forma complementaria con la medicina convencional. En cuanto a la educación, sin mayores elementos, apuesta de manera enunciativa por la calidad en la formación.
Creemos aborda la problemática indígena en un solo punto de su programa de gobierno, al referirse a la conversión de los territorios indígena originario campesinos en centros productivos y aprovechamiento racional y sostenible de recursos naturales. En el tema salud y educación la propuesta no desarrolla específicamente una alternativa de política pública para los pueblos indígenas.
El Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) menciona la libre determinación de los pueblos sobre los recursos naturales; sin embargo, la propuesta cae en contradicción cuando plantea la eliminación del concepto de Estado Plurinacional. En lo social plantea el acceso a la salud para todos, y en educación determina que en áreas donde predomine lo originario “nativo” la enseñanza se impartirá en tres idiomas: local, español e inglés.
El Frente Para la Victoria (FPV) solo plantea el tema de salud como el derecho que tienen todas y todos los bolivianos; en relación a la educación bilingüe intercultural hace mención a su valor de enriquecimiento de la propia cultura y el respeto a la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas de manera general.
Las organizaciones políticas Libre 21 y Acción Democrática Nacionalista (ADN) no consideran a los pueblos indígenas en sus programas y solo hacen referencia de forma general el tema de salud y educación.
En conclusión, los temas que hacen a la agenda indígena no son prioridad en los programas de gobierno y solo se mantienen en el ámbito de la retórica electoral. En líneas generales, los planes de gobierno muestran que los pueblos indígenas y su agenda, después de más de 30 años de acumulación política y social, dejaron de ser un actor importante en el ámbito de la democracia representativa.
(*) Juan Pablo Marca es politólogo, investigador del CEJIS
