CARA Y SELLO
Con el término “pirámide” describo en forma gráfica la estructura tradicional de poder en Tarija; con el de “muro”, me refiero al discurso ideológico que ha utilizado la élite en los últimos veinte años para defender esa estructura. La pirámide está dañada, el muro ha sufrido numerosos golpes; pero sobre ambos elementos sigue girando inexorablemente la política tarijeña.
La pirámide tarijeña cuenta con cinco niveles: en el primero se encuentra la plaza principal con los edificios de gobierno y las casas de las otrora familias más influyentes, en el segundo están los cuatro barrios en los que se aloja la clase media tradicional, luego en el tercer nivel aparecen los barrios de la clase media emergente, en el cuarto habitan las ciudades intermedias de las provincias y finalmente el quinto nivel alberga la comunidad campesina de base. Desde el 52, la élite ha ejercido un dominio directo sobre la ciudad de Tarija, pero su dominio sobre las ciudades intermedias y el campo, como resultado de la aplicación de la reforma agraria, se implementó con la mediación de las “subélites” provinciales.
El muro está constituido por el “discurso de la tarijeñidad”. Es un discurso en principio legítimo, en la medida en que se forjó en el siglo pasado como efecto del centralismo secante ejercido por la sede de gobierno (un jubilado tenía que ir a La Paz para cambiar una letra mal escrita en su apellido; los centros comunitarios en el campo, a los que no llegaba ninguna vía carretera, tenían que construir parqueos por imposición de alguna norma burocrática). Sin embargo, durante el proceso constituyente, la porción más “radical” de la élite tuvo la habilidad de trasladar el uso de dicho discurso contra el MAS (hecho al que indirectamente contribuyó esta organización mediante su inicial hostilidad a la reivindicación autonómica).
El MAS tarijeño, en su proceso de constitución, tuvo la habilidad no solo de incorporar a los sectores campesinos, sino también a las subélites provinciales, que en 2010 constituyeron una agrupación política propia: Poder Autonómico Nacional (PAN), pero que en 2015 ya estaban incorporadas orgánicamente al “instrumento político”. Merced a ese itinerario, el MAS logró un amplio predominio territorial en Tarija (uno de cuyos resultados clave fue la conformación de la Autonomía Regional del Gran Chaco, la única de su tipo en Bolivia). Pero el MAS no ha conseguido ganar ni la Gobernación del departamento, ni la Alcaldía de la ciudad de Tarija-Cercado, básicamente debido a la imposibilidad de “quebrar el muro”, es decir, de ganar a la clase media tarijeña, en la cual influye de manera decisiva el “discurso de la tarijeñidad”.
No es que el MAS no haya hecho intentos en ese sentido. En 2010 hizo una alianza con la agrupación Dignidad, a la que pertenecían destacados miembros de la intelectualidad tarijeña como el expresidente del Comité Cívico Roberto Ruiz y el exrector de la universidad estatal Carlos Cabrera (los resultados obtenidos fueron interesantes, ya que Cabrera perdió la elección frente a Mario Cossío por un porcentaje mínimo). En 2015, el partido de gobierno incorporó a un nuevo contingente de “invitados”, en este caso provenientes de algunos de los núcleos empresariales, políticos y sociales más importantes de la élite, con nombres como Pablo Canedo, Milciades Peñaloza o Ignacio Soruco. Empero, en este caso el esfuerzo también fue infructuoso, o no fue suficiente, en las urnas.
¿Por qué el MAS no gana la Gobernación? ¿Por qué a pesar de varios esfuerzos el MAS no ha logrado conquistar a la clase media tarijeña y, entre otras cosas, ganar la Gobernación? ¿Por qué durante el último ciclo electoral los votantes tarijeños, a pesar del enorme desgaste de Jeanine Áñez y del propio Adrián Olivia, le dieron mayoritariamente su voto a Carlos Mesa?
En mi hipótesis, la razón se encuentra en que existe una retroalimentación permanente entre la línea que desarrollan los sectores duros del MAS y los grupos radicales de la elite tarijeña, mecánica que nutre cotidianamente el “discurso de la tarijeñidad”.
Una serie de medidas tomadas cuando se suponía que los ingresos de Tarija eran infinitos, y varias otras, tendientes a “castigar” a la Gobernación opositora tarijeña, configuran este cuadro. En el primer caso, me refiero a medidas como el convenio que obliga a pagar al departamento el interconectado eléctrico (que por norma debería ser asumido por el nivel nacional), la renuencia de la ABC a asumir sus obligaciones en Tarija (que fueron y siguen siendo pagadas en buena medida por la Gobernación), o el pago de la deuda por la presa de San Jacinto, que roza el surrealismo (Tarija está obligada a pagarle al Gobierno nacional por una deuda que fue condonada a éste hace varios años por los organismos prestatarios).
Entre las medidas tendientes a “castigar” a la Gobernación opositora se encuentra la “Ley del 8%” (rechazada cuando Lino Condori era gobernador de Tarija, pero luego aprobada cuando asumió el opositor Adrián Oliva), que en los hechos quita a la Gobernación alrededor del 15,5% de su presupuesto para entregárselo a los municipios, manejados mayoritariamente por el MAS.
En un momento en que la Gobernación se encuentra en una situación crítica debido a la falta de recursos, resultante de la baja en los niveles de producción de gas y en sus precios, los “débitos automáticos” con los que el nivel central “descuenta” esos recursos son percibidos por la clase media como agresiones cotidianas.
La “pirámide” debe seguir su proceso de reforma, el “muro” debe dejar de condenar a Tarija a un ejercicio político de extrema polarización. Para ello es necesario que los sectores radicales de la élite no sigan imponiendo su visión de la realidad al conjunto de la clase media, y que el MAS tenga una visión más amplia de lo que significa la interacción con el conjunto departamental.
(*)Rodrigo Ayala B. es cineasta y ensayista
