DIBUJO LIBRE
Un tormentoso 2022 parece próximo, la polarización y el ajuste económico se imponen en lo cotidiano de Tarija. Por tercer año consecutivo se vive un final sin alegrías o un inicio sin muchas esperanzas, a razón de los conflictos sociales, el COVID-19 y el colapso económico departamental imperante desde 2014.
La ley del 1% o ley departamental 206 es la razón de un conflicto que arrastró a la Gobernación de Tarija y los municipios durante el último mes, es una norma que tiene como espíritu que tanto la Gobernación como ocho municipios de los 11 que tiene el departamento de Tarija cumplan sus obligaciones referidas a los pagos de proyectos concurrentes sobre servicios básicos, salud, educación, sector productivo y turismo, obligación que es materializable a partir del mecanismo de débito automático; además, esta norma es fundamental para fortalecer la autonomía municipal, ya que permite una mayor independencia en la gestión de los municipios con respecto a la Gobernación y, a la vez, una mejor distribución de los recursos económicos bajo criterios de igualdad.
El conflicto actual emerge por la arbitraria abrogación de la referida norma departamental; asimismo, al ser un problema que a primera vista podría interpretarse como económico, denota que la disputa por el excedente producto de la renta hidrocarburífera es una pugna entre la élite local capitalina y las élites provinciales; en ningún caso podrá entenderse como una batalla entre dos autonomías, aunque algún asambleísta o medio de comunicación quieran hacerlo parecer así, pues alcanzar un estado plenamente autonómico es parte del horizonte del Estado Plurinacional y existe una igualdad real entre los diferentes niveles de autonomía reconocidos por la Constitución Política del Estado.
Uno de los personajes más sonados en la política tarijeña es el asambleísta Mauricio Lea Plaza, principal estratega del gobernador Oscar Montes, quien afirma que “la ley de asignación de recursos a los municipios es un acto de justicia que recupera el dominio del gobierno departamental sobre ellos”, sobre esta afirmación se denota la intencionalidad de esta querella, que no es otra que la dominación. Esta afirmación se puede entender a partir de una perspectiva colonial del departamento, donde la capital actuaría como una pseudo metrópoli que domina y las provincias del departamento tendrían un rol meramente accesorio de consumo de productos de la metrópoli y provisión de alimentos a bajo costo, pese a que la realidad de la producción en Tarija es absolutamente distinta, a raíz de la asfixia que sufre por el contrabando y el ínfimo mercado interno.
Lea Plaza y la élite local viven presos de la nostalgia de sus años de dominio hegemónico del departamento, materializado a partir del discurso autonomista, pero la realidad le gana a la ficción. La unidad departamental se resquebraja y la Gobernación —pese a tener un enorme aparato burocrático, afincado fundamentalmente en la capital y en las provincias mediante las subgobernaciones—, Oscar Montes y sus aliados, como Lea Plaza, no consiguen ejercer un control territorial del departamento más allá de Cercado (la capital), es así que cuando la Gobernación y la Alcaldía decidieron bloquear Tarija en contra de la ley de ganancias ilícitas, sus puntos de bloqueo no sobrepasaban a más de un par de kilómetros de la mancha urbana de la capital.
El proyecto de dominación departamental de la élite está agotado, hoy no tienen un programa de gobierno ambicioso ni una ideología que sea capaz de permear los diferentes estratos sociales de Tarija, sino más bien se impone a partir de la fuerza, el uso y abuso de la muletilla del “amor por Tarija” y el sesgado discurso del desarrollo frustrado por el MAS, a pesar del constante dominio de unas cuantas familias plasmado en su historia.
La apropiación del excedente hidrocarburífero, en el caso de la élite capitalina, simplemente busca poder mantener unos años más a flote la forma de reproducción y acumulación de una clase parasitaria del Estado. Sin embargo, el devenir en la historia de esta clase es cada vez más incierto, pues la forma de acumulación a partir del Estado como carácter tradicional de la clase dominante y la clase media tradicional en Tarija es insostenible ante la evidente caída de la tasa de ganancia debido a la reducción del mercado por el colapso económico departamental, pero también ante una Tarija popular que cada día acumula indignación, fuerza y es consciente de su propio destino.
La ley del 1% es una muestra más de que el retroceso en derechos adquiridos, propio del ajuste estructural que se aplica desde la Gobernación, se dirimirá entre la imposición normativa en la Asamblea Legislativa Departamental y la movilización popular. Es así que, para la devolución de la representación legítima de las provincias, es imperante empezar a discutir la posibilidad de un referéndum revocatorio para los asambleístas departamentales que devuelva el equilibrio en el ejercicio del poder al pueblo.
(*)Ariel Camacho V. es activista político de izquierda.
