DIBUJO LIBRE
Argentina se apresta a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La noticia fue bien recibida por los mercados, pero no por la población, que salió a las calles a protestar. También perturbó a la clase política ya que hay quienes están a favor y otros en contra, incluso dentro del mismo partido de gobierno. ¿Cuáles podrían ser los puntos centrales de este acuerdo? Si es beneficioso para el país, ¿por qué la gente lo rechaza? ¿Cuán distinto es del acuerdo Stand- By precedente? ¿Cuán consistentes serán las políticas que emanen de este acuerdo? ¿Quiénes podrían correr con el costo del ajuste? Por ahora hay más dudas que certezas.
Tras superar sus diferencias ideológicas, el Gobierno argentino y el FMI están a punto de firmar un programa financiero. Este pacto consistiría en un canje de deuda que permitiría a la administración de Alberto Fernández refinanciar la mayor parte de la pesada deuda heredada del gobierno de Mauricio Macri ($us 57.000 millones). La operación daría un respiro financiero por dos años y medio a la economía argentina, hasta que ambas partes retornen a la mesa de negociación, bajo un nuevo gobierno.
El anuncio de fines de enero fue un preacuerdo y es el primer paso que la Casa Rosada debe dar antes de lograr la tan ansiada firma. El presidente Fernández no la tiene nada fácil pues precisa lidiar en tres diferentes frentes: debe convencer a los equipos técnicos del FMI sobre la factibilidad de su cumplimiento, persuadir a los principales países miembros del directorio del FMI para que aprueben el acuerdo y conseguir el apoyo del Congreso argentino.
Existe interés en llegar a un pronto acuerdo, pero hay puntos de discordia. Por un lado, el FMI se juega su credibilidad como organismo financiador en esta negociación, por la cual ya fue criticado por ser considerado demasiado laxo con Argentina. Al FMI le interesa que el Gobierno no ceda ante las presiones sociales y políticas que lleven a no pagar la deuda, lo que arrastraría al país de Messi a un nuevo episodio de default (dejar de pagar su deuda). Por otro lado, el gobierno de Fernández está urgido, porque no cuenta con las reservas internacionales suficientes para cubrir el vencimiento de deuda de este marzo. A fin de forzar los términos del acuerdo, el FMI ejerce presión de manera directa, ya que estima que Argentina no contará con los recursos suficientes en el plazo fijado, y de manera indirecta, a través de otros organismos financiadores acreedores de Argentina. El Gobierno argentino también hace su trabajo. Recientemente visitó China y Rusia en busca de recursos que reduzcan su dependencia financiera del organismo financiador y así tener mayor margen de maniobra para la recta final de las negociaciones.
Si bien el preacuerdo establece puntos de coincidencia sobre la trayectoria de la política fiscal, monetaria y cambiaria, existen otros en disputa, como la política de subsidios y el gasto en obras públicas no consensuados. Pese a todo, Fernández se mostró bastante satisfecho con el preacuerdo porque la economía argentina no estaría sujeta a reformas estructurales —una exigencia del FMI cuando realiza este tipo de asistencias financieras—, aunque la orientación de política que tendría que optar es la misma que suele recomendarse en situaciones de ajuste.
El gobierno de Fernández ha sido arrastrado a un gran dilema: firmar un acuerdo lo menos costoso políticamente, que le permita ganar tiempo de cara a las próximas elecciones nacionales o encarar las consecuencias financieras de una ruptura con el Fondo. El FMI también enfrenta su propio dilema: lograr un programa débil pero accesible o no tener acuerdo.
De llevarse adelante el acuerdo, se establecerían metas cuantitativas trimestrales a variables como el déficit fiscal, el financiamiento del Banco Central al sector público o la emisión monetaria, de cuyo cumplimiento dependería el flujo de desembolsos externos que realice el FMI para el repago de la deuda antigua. En el gobierno de Macri se establecieron metas parecidas, pero fracasaron por ser muy ambiciosas e inconsistentes. El nuevo programa tendría mayor holgura en cumplirlas, porque los ajustes serían graduales.
Argentina atraviesa varios problemas económicos: un crecimiento volátil del PIB, elevada inflación, una deuda pública que sigue en ascenso, una escasez de dólares y pobreza. Por sorprendente que parezca, estas variables no fueron mencionadas de forma explícita en los avances de la negociación, siendo que la efectividad del ajuste y el cumplimento de las metas acordadas dependerán en gran medida de la consistencia macroeconómica entre éstas.
Bajo este esquema, el Gobierno apuntará a apresurar la depreciación del peso, para reducir la amplia brecha que existe con el mercado paralelo y bajar la presión sobre las reservas; no obstante, su aceleración junto a la gradualidad del ajuste fiscal continuaría presionando el nivel de precios ya que la emisión monetaria seguirá empujada por el financiamiento del Banco Central al sector público, al menos un par de años, aunque en menor medida. También se esperaría un incremento de las tasas de interés —con sus efectos contraproducentes en el crecimiento económico— en línea con la suba de tasas internacionales y con la necesidad de incentivar el canje de dólares por pesos provenientes de las exportaciones agropecuarias, disminuidas por la moderación de precios de las materias primas y la menor producción de soya. El incremento del precio del petróleo también le pone presión a la política de subsidios y al cumplimiento de la meta fiscal.
De ser así, el programa con el FMI cumpliría el objetivo de renovar la deuda y subir temporalmente las reservas internacionales —aunque no puedan ser utilizadas para estabilizar el tipo de cambio— pero a costa de un sacrificio que se trasladará en su mayor parte al sector privado.
Hasta que los ajustes no se hayan consolidado, la inflación continuaría elevada, el crecimiento de la economía bajo y la pobreza extendida. El programa tampoco impediría que la deuda argentina siga creciendo.
En resumen, el nuevo acuerdo no resolverá los verdaderos problemas que sufren los argentinos.
Argentina no está haciendo las medidas que necesita. Para salir de la crisis en la que se encuentra, requiere mucho más que un acuerdo con el FMI. Necesita reordenar la estructura de costos de sus empresas para reactivar su aparato productivo, producir más para exportar más y así traer más dólares al país y no depender del endeudamiento para estabilizar el tipo de cambio.
Otro problema de Argentina es la fuga de capitales, que no se puede contener eternamente restringiendo la salida de dólares y peor aún incrementando la riqueza de quienes especulan en el sistema financiero y el mercado cambiario y se están aprovechando de su crisis. El ajuste debe recaer sobre estos especuladores y no sobre la población ya empobrecida. Los argentinos dependen de sí mismos para salir de esta crisis y no tanto del FMI.
(*)Omar Velasco P. es economista.
