DIBUJO LIBRE
En el país, los rurales siguen siendo ninguneados, más aún los que no poseen tierra.
Ellos son estigmatizados por los vecindarios antiguos, afines al movimiento cívico cruceño, como los avasalladores, bloqueadores y “masistas” en las poblaciones del Norte Integrado y la Chiquitanía cruceña. Pero, el soslayo, la inadvertencia y la despreocupación por los campesinos e indígenas y por la cuestión de la tierra, parecen estar hospedadas incluso en la dirigencia nacional. El 22 de enero de 2022, ningún orador indígena exhortó al Presidente del Estado a priorizar la resolución del tema tierra, ni mucho menos investigar los favorecimientos a empresarios ganaderos benianos durante el gobierno de Jeanine Áñez en 2020. La indiferencia con la cuestión de la tierra y con asuntos estructurales de país es latente, también, en las reuniones de las confederaciones; ahí solo apuntan a cuestionar el desempeño de los funcionarios nacionales. El desapego es similar en las reuniones departamentales.
Sin embargo, en las reuniones locales, la preocupación con el tema tierra es constante y candente. Los dirigentes de base en el departamento de Santa Cruz, con papeles en mano, exponen a los dirigentes nacionales que les visitan las denuncias, y a pesar de haberlos oído desde la testera, éstos llegando a La Paz se abstienen de ser catalizadores.
Aquellos inadvertidos hombres desarrollaron, por propia cuenta, pleno conocimiento del papeleo de los litigios en el Tribunal Agroambiental (TA); conocen al día cómo está desarrollándose un proceso contencioso en Sucre que creen que favorecerá a los latifundistas, y pese a ello no bajan la guardia; aúnan esfuerzos para pagar a cotizados abogados en Sucre, incluso sin ser parte legal de los juicios contenciosos: todo con la ilusión de que un magistrado benévolo se incline a cuestionar un saneamiento favorecido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Se aventuran porque, algunos, formalizaron sus solicitudes de dotación anterior al primer gobierno de Evo Morales.
Otros diligentes campesinos recurrieron a inusuales y esquivas acciones durante años para mantenerse en las remotas florestas chiquitanas que consideraban tierras fiscales. Posterior a sendos papeleos y de movilizaciones, el INRA rechazó los trámites porque había varios peticionantes a la misma área (predio) y que además unos estaban en contenciosos administrativos en Sucre y otros se ventilaban en las salas constitucionales. Así pasaron los años de la incerteza del acceso a la tierra.
Año tras año el INRA incumplió con su tarea de inscribir las tierras fiscales en Derechos Reales, tal cual le obliga el artículo 345 del Reglamento Agrario vigente. Ante esa indecisión y retardo recurrente, los sagaces y potenciales detentores presentaron sendos memoriales al TA para impugnar la declaratoria de tierra fiscal a favor del Estado. Dichos procesos demoran años entre idas y venidas de chicanas. Mientras tanto, los denominados avasalladores intentan consolidarse en tierras en litigio.
En casos inusuales, el INRA concretó dotaciones después de una indefinida espera y cuando los miembros iniciadores desistieron por la prologada escabrosidad: otros se beneficiaron. El dirigente que persistió aprovechó la coyuntura realizando cobros a codiciosos poseedores de parcelas individuales tituladas.
¿Qué más ocurrió? En mayo de 2000, el presidente Banzer aprobó una nueva reglamentación agraria, transfiriendo adjudicaciones a las empresas privadas agrimensoras, para que realicen los trabajos de campo del saneamiento de tierras, a fin de que ellas presencien en el lugar de los hechos a los poseedores de tierras, constaten si ellos cuentan con documentos de propiedad, inventaríen los inmuebles, los equipamientos, las áreas agrícolas y pecuarias, cuantificándolas en detalle, midan el perímetro de las posesiones declarada por los interesados y socialicen los resultados, consensuando con los aledaños. Los detentores tuvieron una excepcional oportunidad para afianzar sus posesiones pactando con sagacidad con los funcionarios privados.
En ese entonces, los detentores irradiaron sus técnicas de perspicacia, contactándose con los funcionarios que realizaban los trabajos de campo, repartiendo prebendas a diferente escala, desde gerentes hasta técnicos primerizos que recorrían inhóspitas tierras, aproximándose con dirigentes sindicales que pueden congeniar sus intereses y congraciándose con los funcionarios del INRA, para que las beneficiosas planillas de campo hechas por privados sean aprobadas en los informes técnico- jurídicos con prontitud.
Esos formularios y fichas que estos presuntos propietarios se hicieron llenar, hoy son considerados fundacionales de su derecho y, por tanto, de la violación de su seguridad jurídica ante los tribunales y ante los cuestionados papeleos del INRA. En 2007, el informe del exviceministro Alejandro Almaraz constató que los formularios de uno de los predios de Branko Marinkovic tenían ceros aumentados con otro bolígrafo, es decir, de 100 daba a entender que se trataban de 1.000. Este tipo de hechos es más que normal en los papeleos de campo de aquella época de saneamiento.
En 2004, Marinkovic declaró poseer 4.000 ganados, pero las imágenes satelitales demostraban que no había mejoras humanas en dicho predio aquel año. Entonces, mientras los delicados trabajos de saneamiento de las tierras eran ejecutados por las empresas, la misión del INRA aparentaba ser innecesaria. ¿Marinkovic es tan poderoso? Un funcionario me dijo en voz baja que ‘nadie se atreve a hurgarlo’, ¿será así? Leí memoriales del INRA enviadas al TA con tres líneas de petición que no dicen nada, afirman remitirse a las carpetas. En otras palabras, avalan el saneamiento concluido en el gobierno de Áñez. No es extraño que un determinado funcionario con poder de representar a un ministro o a un director, firme un memorial con ese tenor porque fue servidor público de los periodos cuestionados.
La tierra, la tierra. La cuestión es cómo leer ficción, pero es real. Vi una resolución suprema original de 1976 firmada por Hugo Banzer y Natusch Busch, que dotó más de 3.000 hectáreas a una familia en la Chiquitanía, prohibiendo su venta, pero 30 años después fue vendida a menonitas; éstos en la gestión del gobierno de Áñez se beneficiaron con más de 31.000 hectáreas de dotación: habían comprado el título extendido por Banzer. Si esto parece ficción, hay otras historias más ficcionales. La biblioteca del Banco Central custodia el “Padrón general de concesiones de tierras del Estado de 1925 a 1936”; según el documento, los hermanos Suárez, sucesores en junio de 1926, recibieron la concesión de 2.485.641 hectáreas para actividades gomeras. Así, alguien podrá contar más historias ficcionales, pero narradas en la vida real, para quienes ni imaginamos al tamaño de estas extensiones de tierras. Por ejemplo, en la gestión 2020, el INRA extendió 45.166 títulos agrarios para comunidades campesinas del departamento de La Paz en tan solo 10.186 hectáreas. El minifundio se consolidó con 2.300 metros cuadros en promedio por cada título agrario.
(*) Distopía, representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Lo contrario a Utopía.
(*)Wilbert Villca L. es sociólogo
