DIBUJO LIBRE
La paz, como derecho, es un derecho humano del que tod@s somos titulares, consiguientemente, todas y todos tenemos derecho a vivir en paz: todos y todas tenemos derecho a una paz justa, sostenible y duradera; “todos los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz”. Para lograrlo, los Estados deben adoptar políticas nacionales hacia la eliminación de la amenaza de los conflictos, de la violencia y de los contubernios en contra de la institucionalidad democrática de nuestros pueblos. “El respeto al derecho ajeno es la paz”, en consecuencia, “no puede haber paz sin derechos humanos, como que no puede haber derechos humanos sin paz”. Esta es la fórmula para que podamos vivir en libertad y con la garantía de no sufrir violencia. Ni mucho menos atentados y asaltos cobardes bajo la sombra del tumulto, la confusión y de la mano de intereses oscuros.
Lamentablemente, en los últimos tiempos en nuestra ciudad, más concretamente en la populosa zona de Villa Fátima, ese derecho a vivir en paz se encuentra en entredicho y en definitiva conculcado. Vecinas y vecinos coartados en sus derechos de libre tránsito y locomoción, como negocios perjudicados, así como mujeres, niños, niñas y ancianos en zozobra, producto de la fuerza de la irracionalidad plasmada en piedras, dinamitas, gases, palos, puños y caprichos obsesivos por ser los únicos.
El pasado 8 de septiembre fuimos testigos de la arbitrariedad, abuso y descontrol de algunas personas o, mejor dicho, de algunos dirigentes que quieren imponer, a punta de golpes y acciones desmedidas, su “derecho” de exclusividad y negar el derecho del otro a realizar una actividad lícita en nuestro país. El saldo, una construcción destruida, otras dañadas, seis heridos de gravedad y muchos otros con lesiones graves y leves.
El punto de enfrentamiento, la hoja sagrada, que en otros tiempos era de unidad, de identidad, de beneficio y de alegría. Hoy por hoy es instrumento de enfrentamiento y conculcación de derechos humanos, no porque la hoja sea mala en sí, sino por la ambición al valor que da ésta en los centros de venta y la angurria de algunos por querer monopolizar su venta y descalificar cualquier intento de iniciativa de otros grupos que, en el marco del Estado Constitucional de Derecho, tienen la posibilidad de realizar dicha actividad comercial. Ya el entonces presidente y luchador social sudafricano Nelson Mandela nos decía que “privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad” y, en consecuencia, nuestros propios derechos; uno de ellos es el de realizar una actividad lícita, que suponga para sí y su familia una vida digna.
Así, nos olvidamos de que en el centro se encuentran los límites a la violencia, reflejado en los derechos humanos de todos y todas; nos olvidamos que la fuerza de los derechos humanos está por encima de cualquier interés grupal o personal, que la fuerza de los derechos humanos constituye la garantía para la paz, la prosperidad y la convivencia en respeto y dignidad de nuestras familias y pueblo en su conjunto.
El respeto a los derechos humanos nos enseña que el diálogo, el entendimiento y el derecho que tienen todos a realizar una actividad económica lícita son la fuerza que debe estar por encima de todo interés, de toda fuerza bruta y de toda irracionalidad, que lo único que logra es llanto, sangre, luto y destrucción por doquier.
Como bolivianas y bolivianos debemos afrontar nuestros problemas bajo la lógica del respeto a los derechos humanos y por más grande que sea el problema, mucho más grande debe ser nuestro deseo de resolverlos de forma pacífica y en empatía recíproca, pues como bolivianos debemos tener la capacidad de resolver las diferencias en un marco de diálogo y respeto, poniendo por encima de todo la fuerza de los derechos humanos como medio y garantía de paz o, como decía la activista Cynthia McKinney: “Somos mucho más fuertes cuando nos tendemos la mano y no cuando nos atacamos, cuando celebramos nuestra diversidad […] y juntos derribamos los poderosos muros de la injusticia”, esa injusticia que seguramente sienten los hermanos de la Adepcoca (Asociación Departamental de Productores de Coca), es la misma injusticia que sienten los hermanos del denominado “mercado paralelo”. Ambos son hermanos, divididos por el monopolio de la venta y el mercado de la hoja de coca, y sujetos ambos a sus propias camisas de fuerza, llenas de irracionalidad y de caprichos. Ninguno acepta el diálogo y mucho menos la fuerza de los derechos humanos, que constituye no solo los límites a la intransigencia y a la violencia, sino que es la garantía misma para su sobrevivencia con dignidad y respeto. No debe enceguecernos la ambición ni los cálculos políticos, pues cuando políticos se infiltran y marchan entre ellos, esas peticiones, que pueden ser legítimas, se deslegitiman; asimismo, no debemos ser tentados por intereses foráneos y, mucho menos, por intereses oscuros que utilizan a las organizaciones sociales para causar división, enfrentamientos sin sentido, y tampoco debemos torcer nuestro brazo a las ambiciones de grupos o dirigentes mal intencionados, guiados por apetitos personales desde oscuros espacios de poder, que tienen como finalidad no la reivindicación de los derechos de un determinado grupo social, sino la perversa intención de desestabilizar nuestras instituciones, nuestras organizaciones sociales y, en definitiva, nuestros gobiernos, pues no de otra manera se pueden entender estos hechos sino como intentonas o ensayos de romper el orden constituido por el voto del pueblo en las urnas.
En ese contexto, debe quedar claro y debemos decirlo sin temor: ¡la fuerza de los derechos y no la fuerza bruta debe imponerse por encima de todo y todos!
(*)betty yañíquez L. es abogada, diputada nacional
