DIBUJO LIBRE
Ayer, 12 de noviembre, se cumplieron dos años de la gestión del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez. Animal Político le ofrece un breve repaso de las tareas que encaró en estos dos años la autoridad. Registrar, por ejemplo, que según Chávez “los arbitrajes de la nacionalización prácticamente se están extinguiendo”, o que a la fecha el Estado tiene en mesa (aunque una parte por cerrarse) nada menos que 81.000 procesos.
—¿Qué fue de la ‘herencia’ que le dejó el anterior procurador: un juicio contra Evo Morales en la Corte Penal Internacional de Justicia?
—Es el caso por los bloqueos que se decía no dejaban pasar los camiones de oxígeno; una causa abierta en septiembre por una comisión que ha viajado a La Haya y que ha costado más o menos medio millón de bolivianos. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha analizado la causa, y nos ha comunicado oficialmente que ha desestimado la misma, porque no había elementos legales que le permitan llevar un proceso contra el expresidente Evo Morales ante la Corte. Era una demanda absolutamente infundada y de carácter político. Los camiones sí han pasado. La Procuraduría, por responsabilidad, ha pedido información al sistema de salud para que nos digan si alguna persona hubiese fallecido por este motivo, y el sistema nos dijo que no.
—La Procuraduría hizo la revisión de las actas de voto de 2019 ¿Qué efecto tendrá a futuro eso?
—Hemos hecho un análisis de las actas, que es lo que nos compete. No somos un órgano para revisar el trabajo de otro órgano. Lo que buscábamos era aclarar un tema en que el Estado, como Estado, había sido puesto en la mira porque supuestamente se habría dado un fraude electoral en 2019. Lo que planteamos era bastante sencillo: si han denunciado un fraude, veremos si hubo y en qué sentido ha sido el fraude. ¿Qué es lo que hemos hecho? Revisar todas las actas, las 34.500, que han sido digitalizadas; hemos confrontado cada acta versus el resultado que figura en el cómputo, acta por acta; y hemos determinado que no ha existido fraude de ninguna manera, ni desvío de votos; sí hubo algunos casos en que estaba borrosa o que la había llenado el mismo notario porque no había quién escriba con claridad, o que había llenado más de un acta. Pero eso de ninguna manera invalida la elección. Ahora, hemos comparado las actas observadas por la OEA (226) con las de la elección de 2020, y en todas han dado igual o hasta mayor votación por el MAS.
—El rol de la OEA…
—La OEA no hizo una auditoría sino un estudio preliminar, que se ha quedado ahí. La Contraloría, diferentes estudios internacionales, han certificado que no había una auditoría como tal. El trabajo está publicado, hemos logrado despejar el tema del fraude; hemos hecho un informe interno que se hizo conocer a las autoridades nacionales, para que quede una constancia escrita. Si hay alguien que diga que hubo fraude, con este trabajo se va a poder ver si hay algún acta en que se ha cambiado los guarismos.
—De los varios casos que maneja, son especiales los relacionados a la nacionalización. ¿Cómo están?
—Lo primero era tener estrategias de negociación con las empresas nacionalizadas; esto ha sido con éxito, casi todas se han quedado; y en algunos casos las negociaciones han tenido que ver con la pretensión que ellos tenían versus lo que se ha pagado efectivamente. Yo puedo decir con total certeza que de un cien por ciento demandado, el Estado ha reconocido un 15% en promedio, de todas las pretensiones. Aparte de estos casos producto de la nacionalización, hay otros de arbitrajes comerciales, de empresas estratégicas. Los arbitrajes de la nacionalización prácticamente se están extinguiendo, quedan un par; uno de éstos ha sido el de BBVA (del sistema de pensiones), pero en esto no hemos nacionalizado nada, lo que hicimos fue tomar la administración por nosotros mismos. Hemos planteado la nulidad de este laudo arbitral (que dispone el pago de $us 105 millones).
—Parece que a fines de noviembre llega una comisión de la CIDH para ve el avance de la implementación del Informe del GIEI.
—Es para el seguimiento a las recomendaciones del GIEI; es un mecanismo importante, porque así ha sido acordado por nuestro gobierno; tenemos que dar los elementos necesarios a la comitiva sobre los avances. Hay el principio de gradualidad en el cumplimiento de estos informes; gran parte de lo hecho está en el Ejecutivo, en el Ministerio de Justicia, en el sistema de Salud, en varios lugares donde justamente hay que encontrar las respuestas puntuales a cada una de las recomendaciones del Informe. Es importante que la Comisión venga acá y escuche a los actores que considere pertinente y se lleve esta impresión y luego se apunte qué todavía queda pendiente.
—Las recomendaciones son entre más o menos puntuales y estructurales también.
— Sí. Incluso se cuestiona la institucionalidad de la Justicia. Eso hay que ver con cuidado, en todo caso estamos tranquilos, porque sabemos que las cosas más importantes se han ido cumpliendo.
—El caso Murillo. Por ahora, el interés mayor para el país parece el juicio civil.
—Estamos a menos de dos meses de que se lea la sentencia del juicio penal. Como no va a tener recurso de apelación, porque los que se declaran culpables, como lo ha hecho Murillo, renuncian a todos los derechos de impugnación. Con el equipo nacional e internacional hemos visto prudente esperar la sentencia. Nuestra estrategia siguiente es el juicio civil, que ha avanzado bastante, de hecho, los testigos principales que tenemos son quienes han sido acusados junto a Murillo, los cuatro que se han declarado culpables. Con el juicio civil queremos recuperar todo el dinero que se ha llevado este grupo delincuencial.
—Será al final que se diga cuánto se ha recuperado del dinero sustraído, pero parece que sí se ha recuperado.
—Hemos recuperado una buena parte, puedo anticiparlo, aunque no puedo dar el monto, pero igual tenemos que ir por el saldo, para que todo el dinero, más el costo que nos ocasiona este juicio, sea repuesto en el juicio civil.
—Empieza su tercer año de gestión.
¿En qué tareas se podría decir que se concentrará? —La primera gran tarea es, a través de sistemas informáticos, hacer un seguimiento a todos los procesos que tiene el Estado. El Registro Obligatorio de procesos del Estado, tenemos más de 81.000 procesos registrados al momento; de éstos la cuantía supera los 10.000 millones de dólares, es lo que está en juego en esos juicios. Entonces, si tuviéramos un seguimiento más adecuado, actualizado y personalizado, a través de sistemas informáticos, por lo menos los casos más importantes podríamos resolverlos la siguiente gestión, 2023. Esa es la meta que nos hemos puesto, recuperar los dineros del Estado a nivel interno, en juicios que han dormido mucho tiempo, y vamos a acelerar el cobro de estos dineros a favor de nuestro Estado, entendido éste como el nivel central, los gobiernos departamentales y los municipales. Eso va a importar el cambio de ciertos procedimientos legales.
—Diversidad de juicios, supongo.
— En gran medida son juicios contenciosos, tributarios, coactivos, fiscales; también hay penales, pero no son la estrella de estos procesos.
(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón
