DIBUJO LIBRE
Transcurrieron ya tres años del quebrantamiento del orden constitucional mediante un golpe de Estado y de las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata. También pasaron poco más de cinco meses desde que se dictó la sentencia judicial en la vía ordinaria, determinando 10 años de cárcel, para la Sra. Áñez por el caso “Golpe II”. Sin embargo, en un hecho que motiva la mayor preocupación, los demás autores del golpe, comenzando por Luis Fernando Camacho, continúan sin proceso judicial iniciado, por subrepticios motivos que llevan a pensar que hay un pacto de impunidad.
En cuanto a la Sra. Áñez, ya se estableció que el procedimiento idóneo de juzgamiento según manda la Constitución y la Sentencia Constitucional 0052/2021 —no solo como senadora sino también como autoproclamada presidenta— es el juicio ordinario. Tal precepto jurídico fue confirmado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 357/2022 del 4 de noviembre de este año, que confirmó la Resolución 912/2022 de 13 de octubre de este año, emitida por el Juzgado Tercero de Instrucción Anticorrupción respecto del “Caso Empresa Boliviana de Alimentos (EBA)”, que es un juicio por delitos cometidos en gestión gubernamental. Esto significa que los actos de gobierno de la Sra. Áñez, junto con todos los autores intelectuales y materiales de las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata, deben ser juzgados también por vía ordinaria, sin ningún privilegio.
Reitero enfáticamente, con las leyes y la Constitución en las manos, que cualquier intento de insistir en que a la mencionada expresidenta de facto le corresponde juicio de responsabilidades, solo podría ser resultado de una oscura e ilegal negociación política entre algunos legisladores del MAS con la oposición de derecha, con el objetivo de dejar en la impunidad a todos los demás responsables del golpe, olvidándose de esta forma de procesar a Luis Fernando Camacho, que tuvo directo protagonismo en los hechos, a Carlos Mesa, a Jorge Quiroga y todos los que estuvieron en la reunión de la Universidad Católica Boliviana el 10 de noviembre del 2019, incluyendo a representantes de misiones diplomáticas internacionales y de la Iglesia Católica. Cualquier legislador —sea de Comunidad Ciudadana, de Creemos o, peor, del MAS— al que se le ocurra efectuar semejante negociación por un espurio acuerdo de impunidad, deberá saber que puede ser enjuiciado por contrariar la Constitución.
Pero las consecuencias de la impunidad que aún prevalece en el juzgamiento de los hechos golpistas de 2019, también se manifiestan en el actual conflicto por el Censo. La ola delictiva (agresiones, extorsiones, violaciones grupales, uso de material explosivo, armas blancas y de fuego, que dejaron heridos y hasta muertes, saqueos de viviendas particulares y negocios privados, incendios de mercados de abasto y sedes sindicales) que se da en Santa Cruz, efectuada por personas violentas, grupos de fuerza irregulares como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que arremetieron contra la población más humilde de los barrios populares, no puede ni debe quedar en simples denuncias que no prosperan en la fase investigativa.
Las lacerantes imágenes del incendio de la Federación de Campesinos el viernes 11 de noviembre, o en el Plan Tres Mil, atacado en la noche del miércoles 16 de noviembre que, pese a la tergiversación de los medios (Unitel y Red Uno) controlados por las logias empresariales, se viralizaron en las redes sociales, mostraron algo que el constitucionalista Franklin Gutiérrez ha calificado como una “dictadura local” ejercida por el gobernador y jerarcas cívicos.
Las conductas por parte de miembros de ese grupo irregular se adecúan a distintos tipos penales, por citar algunos: asociación delictuosa (artículo 132 del Código Penal), organización criminal (132 Bis), terrorismo (133), violación (308) y varios otros que pasan por lesiones, homicidio y asesinato.
Esta ausencia de garantías jurídicas y seguridad ciudadana en la capital cruceña constituye un grave peligro para nuestra democracia y nuestra integridad territorial; un riesgo que seguirá creciendo en la medida en que en los estrados judiciales y en la Fiscalía de Santa Cruz no se haga nada para sancionar penalmente tan graves hechos.
Para los fines de la justicia, la Fiscalía General del Estado, en apego a sus atribuciones, debe conformar una comisión nacional de fiscales, tomando en cuenta que oficinas públicas atacadas y vandalizadas, como la Estación Policial Integral (EPI) de La Guardia, pertenecen a una entidad (la Policía Boliviana) de carácter nacional; o las sedes de organizaciones sindicales obreras y campesinas saqueadas e incendiadas dependen de entidades matrices nacionales. Este accionar penal investigativo es impostergable, siguiendo las recomendaciones del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de agosto de 2021, que recomendó al Estado desarticular, juzgar y encarcelar a los miembros de estos “grupos de naturaleza parapolicial” como la UJC o la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
También puede leer: Levantan huelga víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata de 2019
En el afán de no dejar impune el cúmulo de acciones criminosas, no se puede dejar de lado el hecho de que estos grupos terroristas cuentan con apoyo logístico y económico, por lo que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) debe ser parte de los procesos para esclarecer quiénes son responsables de financiar a los grupos de choque. Del mismo modo, se debe investigar sus vínculos internacionales, como con el saliente presidente del Brasil, Jair Bolsonaro o con el partido de extrema derecha Vox de España (que realiza talleres de reclutamiento para Creemos, el partido de Camacho), correspondiendo también la participación de la Procuraduría General del Estado.
En este escenario, el Ejecutivo está entre la pared y espada de la impunidad. Si no toma acciones determinantes para evitar que los miembros de la UJC queden impunes, la espiral de violencia seguirá creciendo. Si no toma acciones para el avance de los juicios penales ordinarios contra todos los golpistas de 2019, las conspiraciones antidemocráticas van a empeorar.
(*)Álvaro Flores S. es abogado. Apoya al Comité Impulsor de Justicia (CIJ)
