DIBUJO LIBRE
En un puesto de fotocopias cercano a la UMSA vi, unas sobre otras, copias por entregar a los universitarios. El docente de Contabilidad de Costos dispuso su libro para lectura obligatoria. Pero, observé que el autor R.S.Z. prescindió del acento ortográfico en el primer vocablo y adicionó un punto sobrante, “Prologo.”. Repasando más sus páginas, constaté varias omisiones ortográficas básicas. Si el autor fuera interpelado por sus errores es probable que inflara su ego y tachara de intrascendentes los datos: infortunados los universitarios que comienzan estudiando textos con bajo nivel. Hay más.
En 2020 leí como aspirante a escritor los textos obligatorios cuando cursé mi diplomado en la UPEA. Entonces, me topé con una mixtura de oraciones incongruentes y párrafos inconexos de distintas fuentes confluidas en un solo plagio. En las facultades, de universitarios primerizos, nos obligaron a leer textos de viejos docentes que se atribuyen su autoría. Después de años, nos sorprendemos encontrando en la internet a sus autores creadores en otros países con los mismos títulos. ¡Imitar es cómodo y fácil!
Desde mayo hasta noviembre de 2022 examiné un sinnúmero de informes jurídicos redactados en la principal entidad que precautela los intereses del Estado boliviano. Un director, A.M.M., con aire de catedrático inequívoco que pretende ser juez, todavía trata a los abogados como si fuesen colegiales; les impone con coloridos tachones a reescribir varios impresos, insertando conectores, en mi opinión innecesarios, con jergas rimbombantes y pomposas, con adjetivos engordados y con adverbios: ‘presuntamente’, ‘anteriormente’, ‘en consecuencia’. Él cree que las negrillas, las cursivas y el tamaño acrecentado de oraciones realzan sus requerimientos y conminatorias, causando obediencia irrestricta. Esa autoridad, aún desconoce que en Colombia la institución homóloga a la que pertenece en Bolivia, es la impulsora de un lenguaje administrativo y jurídico democrático y accesible al público colombiano. Es más, ignora la existencia de reglas para la redacción y la técnica jurídica emitidas por la Real Academia Española. Él y sus colegas terminarán diciendo: “Son cuestiones de forma”. Considerarán habituales y comunes, a sabiendas de que se trata de acoso laboral y de abuso de autoridad con sus subalternos, algo inadvertido por su mandante. Esa situación es similar en otras entidades.
En junio de 2019 leí ante un grupo de campesinos una resolución administrativa del Ministerio de Minería que aprobó el ingreso de una operadora minera a mi comunidad. Pronuncié en voz alta tal como debería oírse: “ar-ti-cuu-lo 1”. Todos estallaron en carcajadas con múltiples gestos al escuchar las sílabas que deletreé. Otro párrafo enunciaba: “La comunidad no acepto”. Los concurrentes, desconcertados ante la errónea escritura, entendieron que no solo la comunidad había rechazado a la minera sino también el abogado rubricante de la resolución. Leí los términos tal cual estaban escritos para los lugareños: sin los acentos ortográficos. El documento acabó siendo pitorreado sin ser analizado por mis vecinos. En La Paz, expusimos nuestro repudio al documento ministerial al diputado uninominal de la C-36 y a su equipo técnico. El asesor minimizó los horrores de redacción como: “Defectos de forma y no de fondo”.
Sí, los abogados, supongo, sobreentendieron que los lectores de la resolución por obligación agregaríamos las tildes, inexistentes, para comprenderlos. Más bien, estamos acostumbrados a considerarnos pésimos lectores si leemos las incorrecciones tal cual observamos. Atribuimos como nuestro defecto el defecto del abogado que escribió. Seremos censurados y ridiculizados por cuestionar: “Algo simple y de forma”.
En octubre de 2022, visité al asesor del Procurador. Tenía a la vista en su escritorio al Compendio Normativa Agraria publicado recientemente por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). El director del INRA también publicitó por sus redes sociales el flamante lanzamiento. En el libro identifiqué decenas de equívocos que consideran semejanzas entre artículo y articulo. Cuando algún funcionario del INRA lea este texto, dirá: “Es cuestión de acentos, el texto sigue siendo invariable”.
¿Acaso mis observaciones están dirigidas a cuestiones meramente de forma? Cuando en una sentencia judicial, en un informe legal o en la querella de un fiscal los escribientes mencionen “articulo”, están refiriéndose al verbo articular. En cambio, si ellos digitan “artículo”, están citando una normativa. Un acento ortográfico define cuestiones de fondo.
Cuando me reuní con un grupo de funcionarios del Ministerio de Tierras, en 2021, les advertí: “Basta con escritos ‘articulos’ y ‘capitulos’; somos profesionales privilegiados por contar con un buen empleo”. Mis colegas se miraron con gestos de vergüenza y sonrisa.
La tilde es pequeña e insignificante a la vista, sí lo es. Una colega socióloga leyó tres veces el título de un párrafo sin acento ortográfico, pero ella no percibió la ausencia del signo ortográfico. Me respondió que no encontró incorrecciones. ¿Verdad? La colega consideró normal y obligación suya leer de forma correcta.
¿Por qué cuestiono la actitud de desdeñar como cuestión de forma la escritura incorrecta y las redacciones pomposas e ilegibles para el público? La comunicación escrita tiene que relacionarse con el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía. Las instituciones públicas administradoras tienen la obligación de hacerse entender. Los administrados (nosotros) tenemos el derecho de comprender. Las dificultades en la comunicación crean desconfianza y atentan contra la convivencia social. Los párrafos confusos, las frases complicadas y las palabras raras dificultan la comprensión de los textos. Privan a las personas del conocimiento y, por tanto, las inhiben de sus derechos y deberes democráticos. La democracia se fundamenta en la facilidad de comunicación entre administradores y administrados.
El 13 de diciembre de 2022, en el hall de la Vicepresidencia fui comentarista en la presentación del libro Memoria del Primer Encuentro de Intelectuales Indígenas de 2021. Compartí mis preocupaciones. Interpelé a los autores: “Si dicen ser indígenas, ¿para quién escriben, para ustedes o para los indígenas? Si el acto de escribir es una valiente faena, esa escritura debería servirnos para inyectar a nuestros lectores nuestra insatisfacción con la injusticia y con la dominación. Deberíamos convertir nuestros textos en armas subversoras. ¿Cómo? Escribiendo con párrafos claros, cortos y con verbos activos. Es preferible decir ‘mi mamá corre por el camino’, que decir ‘mi mamá se desplaza por el camino’”, concluí.
En cualquier oficina pública veremos un vasto papeleo desorganizado. Yo presumo que reviste a la ilegalidad. Sus dilatadas páginas están repletas de un lenguaje verboso y redundante que presumen intentos de tecnificación jurídica excesiva. Oclusivo porque obstruye a ser entendible y a ser indagable para el público llano. ¿Cuánto tiempo más veremos documentos con errónea composición y redacción? Ojalá alguien diga ¡basta, normemos!
(*)Wilbert Villca L. es sociólogo
