DIBUJO LIBRE
A fines de la década del 60 y principios del 70, la prensa y el gobierno peruano protagonizaron una conflagración mediática, cuyos ecos iban a llegar hasta Bolivia. La guerra puso en cuestión la propiedad sobre los medios. Ninguno de los bandos dio su brazo a torcer. En Perú, el suceso acabó en la “expropiación” de diarios; en Bolivia, sentó las bases para la creación de un semanario dirigido por los trabajadores de la prensa.
En ese periodo, se cumplió con creces la máxima que planteó el periodista e historiador Ryszard Kapuscinski: “Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante”.
Esos hechos ocurridos hace 53 años, con el actual conflicto peruano que ya suma cerca de 60 muertos, han vuelto a cobrar actualidad.
NACIONALISMO.
Con la depresión económica global y una desigualdad social interna como telones de fondo, las Fuerzas Armadas de Perú, comandadas por el general Juan Velasco, el 3 de octubre de 1968, asumieron la dirección del Estado. Pronto, el Presidente depuesto fue deportado y el Parlamento quedó disuelto.
Los escándalos políticos eran recurrentes. Pero, el acontecimiento que sacudió el avispero de la rebelión militar fue la alteración de precios en los contratos con la empresa estadounidense “International Petroleum Company” (IPC). Los diarios definieron ese hecho como la corrupta desaparición de “la Página Once”.
Al momento de asumir el gobierno (1968-1975), el Ejército lanzó un “Manifiesto” nacionalista: “Poderosas fuerzas económicas, nacionales y extranjeras, en complicidad con peruanos indignos, detentan el poder político y económico inspiradas en lucrar desenfrenadamente, frustrando el anhelo popular y la realización de básicas reformas estructurales (…)”.
En ese marco, Velasco, seis días después de su ascenso al poder, ordenó la toma militar de IPC, lo que le generó un respaldo multitudinario. Luego, nacionalizó la industria pesquera, minera, petrolera, las telecomunicaciones, el comercio exterior, y dictó una radical reforma agraria.
ESTATUTO.
La posición “populista” del Ejército generó rechazo en las elites peruanas. Ellas no dudaron en usar una de sus armas habituales: la difusión de noticias parcializadas a través de su prensa, radio y televisión.
Ante ello, el régimen nacionalista, el 30 de diciembre de 1969, reaccionó. Promulgó el “Estatuto de la Libertad de Prensa”. En los parágrafos 10, 11, 12 y 13 se resolvió que las personas, “accionistas” y “capitales” que permiten difundir “publicaciones periódicas” deben ser de “origen peruano”; “los derechos y acciones no podrán ser transferidos a extranjeros”, y que los medios “no deberán dedicarse a otras actividades empresariales”.
En el Artículo 16 instituyó que “en marzo y septiembre de cada año las empresas periodísticas harán constar, en espacio preferente de sus propias publicaciones, la nómina de sus accionistas y directorio, el monto de su capital, la participación accionaria de cada uno de sus socios, cargos que desempeñan y la relación de los acreedores hipotecarios y prendarios, con especificación del monto de cada crédito (…)”.
RECTIFICACIÓN.
El Decreto Ley, del parágrafo 21 al 25, determinó también que toda persona natural o jurídica que se considerará “agraviada por cualquier información” podía hacer uso del “derecho de Aclaración o Rectificación”: “Su inserción se realizará en la misma página y columnas y con los mismos caracteres con que se publicó”.
Con la finalidad de que los propietarios y directores de los medios cumplan la ley, el Estatuto incluyó un Capitulo “De infracciones, delitos y sanciones”.
Por ejemplo, en el caso de una “transferencia de acciones a extranjeros” (citado arriba), en el Artículo 36 se definió que “esa infracción será sancionada con la pérdida de las acciones indebidamente transferidas, las que pasarán, sin pago alguno, en un 40% a propiedad del denunciante y el 60% al sindicato de empleados y obreros de la empresa (…)”:
Tiempo después, ante el incumplimiento empresarial de esas medidas, el régimen militar expropió varias entidades mediáticas y las entregó a los trabajadores.
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REACCIONES.
Así, el Estatuto generó una confrontación que fue seguida por agencias de noticias y periódicos internacionales. Frente a las acusaciones de ser “comunista”, “dictador” y “conculcador” de la libertad de expresión, el gobierno de Velasco rechazó esas “falsedades” y argumentó que los “dueños de los medios” mezclan la “libertad de empresa para defender sus intereses económicos” con la “libertad de prensa” de los periodistas.
Los diarios bolivianos, en enero y febrero de 1970, informaron también sobre el tema. Presencia destacó las siguientes noticias: “Perú: El Comercio critica la nueva ley de prensa dictada por el gobierno”; “Presidente de la SIP (Sociedad Interamericana de la Prensa) deplora nueva ley de prensa en Perú”; “Periodistas afirman que estatuto de prensa es contrario a la Constitución”; “Periodistas realizarán huelga general por 48 horas”; “Nueva ley de prensa motiva reacciones”; “Periodistas realizaron huelga en contra del estatuto”; “Gobierno peruano rechaza la intervención de la SIP”; “Periodistas continuarán lucha en defensa de libertad de prensa”.
En la misma línea, El Diario, a través de sus noticias, “censuró” el Decreto-Ley del Perú e insinuó su “derogación”.
BOLIVIA.
Desde otro enfoque, el rotativo Hoy informó que el “Frente Único de Trabajadores” de los diarios peruanos Expreso y Extra “felicitaron” al gobierno por el Estatuto “cuyo contenido reivindica a los trabajadores de las empresas periodísticas”. Después, se concentró en los efectos y repercusiones que se generaron a escala nacional.
El 21 de febrero, detalló que el gobierno del general Alfredo Ovando aprobó, mediante decreto del 19 de febrero: 1) “medidas en favor de los periodistas”; 2) prohibió la circulación de diarios comerciales los días lunes; 3) autorizó la difusión de un semanario del Sindicato de la Prensa, y 4) obligó a las empresas a publicar comentarios editoriales de sus asalariados.
Hoy, el 25 del mismo mes, destacó la “creación de la Asociación Nacional de la Prensa”, institución defensora de los intereses de los patrones de los medios. El 27, publicó el “Pronunciamiento de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) sobre el decreto del 19 de febrero”, donde exigió su inmediata “revisión” y defendió a los dueños de las empresas informativas.
La experiencia peruana acicateó la actividad revolucionaria de los obreros de la prensa boliviana y permitió la apertura de una nueva alborada bajo el gobierno de Juan José Torres, desde octubre de 1970.
(*)Miguel Pinto P. es Periodista
