Vivimos una paradoja política extraordinaria. Conceptos que nacieron en las aulas universitarias francesas de los años sesenta para cuestionar el poder —la deconstrucción, el perspectivismo, la crítica a las «grandes narrativas»— han terminado fragmentando el campo progresista que las propugnaba. Mientras tanto, sus adversarios aprendieron y apuntan las mimas armas contra ellos. La política de las identidades, que prometió visibilizar opresiones múltiples y democratizar la representación, ha derivado en una tribalización que paraliza la acción colectiva y entrega el campo económico intacto a las grandes corporaciones. ¿Cómo llegamos hasta aquí?
Los orígenes
Cuando Foucault analizaba la microfísica del poder, cuando Derrida deconstruía las oposiciones binarias del pensamiento occidental, cuando Lyotard declaraba el fin de los metarrelatos, no imaginaban estar proporcionando el arsenal conceptual que medio siglo después usaría tanto la izquierda progresista como la derecha populista. Su proyecto era legítimo: mostrar que las verdades presentadas como universales y naturales eran en realidad construcciones históricas que servían a intereses específicos de dominación.
La política identitaria surgió de esta crítica. Si la razón universal era en realidad la perspectiva del hombre blanco europeo presentada como neutra, entonces era necesario afirmar las identidades particulares marginadas: mujeres, personas racializadas, disidencias sexuales, pueblos colonizados. El feminismo de segunda ola proclamó que «lo personal es político», extendiendo la crítica más allá de la economía hacia la familia, el lenguaje, la cultura. Los movimientos por derechos civiles, LGBTQ+ e indígenas construyeron identidades colectivas como base para la acción política.
Durante décadas, estos movimientos lograron transformaciones reales. Visibilizaron formas de opresión que el marxismo clásico había ignorado o subordinado a la lucha de clases. Conquistaron espacios de representación, modificaron lenguajes, ampliaron derechos. La interseccionalidad prometía articular estas luchas múltiples sin jerarquizarlas. Todo parecía apuntar hacia una democracia más inclusiva, más consciente de sus exclusiones históricas.
Victoria cultural, pero no económica
Pero mientras la izquierda ganaba batallas culturales, perdía la guerra económica. Las décadas de 1990 y 2000 mil vieron una hegemonía cultural progresista en universidades, medios y corporaciones que adoptaron discursos de diversidad e inclusión. Al mismo tiempo, el neoliberalismo desmantelaba el estado de bienestar, precarizaba el trabajo y concentraba la riqueza como nunca antes.
Se vio entonces la capacidad del sistema para absorber toda crítica cultural mientras blindaba su núcleo económico. Las corporaciones celebraban el orgullo LGBTQ+ con publicidad arcoíris mientras explotaban trabajadores en condiciones infrahumanas. La diversidad en los directorios empresariales coexistía con desigualdad salarial obscena. La política identitaria se reveló perfectamente compatible con el capitalismo tardío. No demandaba redistribución económica sustantiva sino reconocimiento cultural. Pedía representación en las élites existentes, no transformación de las estructuras que las producían.
El giro inesperado
Con toda claridad, a partir de los 2000 sucedió algo que los teóricos posmodernos no anticiparon: la derecha adoptó sus herramientas conceptuales. Si todo conocimiento es perspectiva y poder, ¿por qué no cuestionar el consenso científico sobre cambio climático o vacunas? Si las identidades pueden afirmarse con orgullo, ¿por qué no el orgullo blanco, cristiano, nacionalista? Entonces, si existe el privilegio de raza, ¿por qué no denunciar el «privilegio» de las minorías beneficiadas por acción afirmativa?
Steve Bannon estudió explícitamente a Gramsci para construir una contrahegemonía cultural de derecha. Trump interpretó el posmodernismo perfecto: rechazo de verdad objetiva («hechos alternativos»), política como espectáculo, transgresión como autenticidad, construcción de realidad mediante narrativas repetidas en redes sociales. Bolsonaro, Orbán y otras replicaron el modelo: presentarse como víctimas de una élite cultural progresista, construir identidades mayoritarias supuestamente amenazadas, usar victimización como fuente de autoridad moral.
La ironía es brutal: las herramientas forjadas para cuestionar el poder fueron apropiadas por quienes buscan preservarlo o restaurarlo. El relativismo epistémico que debía liberar perspectivas marginadas ahora legitima conspiraciones y negacionismo. La política identitaria que debía empoderar oprimidos ahora moviliza a mayorías que se sienten desposeídas por el progresismo cultural.
La fragmentación terminal
Pero el problema más profundo es interno. La política identitaria contiene una lógica centrífuga que la impulsa hacia fragmentación infinita. Cada identidad afirmada genera subdivisiones sobre autenticidad, pureza, representación legítima. El feminismo se fragmentó en decenas de corrientes mutuamente hostiles. El movimiento LGBTQ+ experimenta divisiones sobre inclusión trans. Los movimientos de izquierda colapsan en purgas sobre quién traicionó los principios.
Hemos visto esto recientemente en casos dramáticos. El MAS en Bolivia, que construyó una coalición sin precedentes de pueblos indígenas y sectores populares, se fragmentó en una guerra tribal entre evistas y arcistas, paralizando al gobierno y traicionando las esperanzas de transformación. El movimiento MAGA estadounidense experimenta fracturas entre facciones que se acusan mutuamente de no ser suficientemente leales a Trump o a los «verdaderos» valores conservadores. Podemos en España, el Movimiento 5 Estrellas en Italia, Syriza en Grecia: coaliciones que prometían renovación política terminaron en fragmentación y esterilidad.
Redes sociales como acelerador
Las redes sociales no causaron esta dinámica, pero la aceleraron exponencialmente. Sus algoritmos optimizan para engagement, que correlaciona con indignación, simplificación y tribalismo. Un llamado a la reflexión matizada genera indiferencia; una denuncia de traición se viraliza. Influencers de todo el espectro político compiten por atención radicalizando posiciones, denunciando desviaciones, reclamando pureza identitaria.
Las redes democratizaron la voz, pero tribalalizaron el espacio público. Ya no existe ágora común sino campos de batalla donde tribus se lanzan eslóganes. La política se reduce a performance de identidad para algoritmos que recompensan extremismo.
¿Hacia dónde ir?
Enfrentamos una encrucijada. La política identitaria visibilizó opresiones reales que demandan atención. Negar el racismo, el sexismo, la homofobia o el colonialismo sería regresión inaceptable. Pero su forma actual —fragmentaria, culturalista, desconectada de economía, amplificada por redes sociales extractivas— ha llegado a un callejón sin salida.
Algunos proponen retorno a universales emancipatorios: igualdad radical, justicia, solidaridad humana. Otros defienden populismo de izquierda que articule demandas particulares bajo un «nosotros» frente a las oligarquías. Otros más insisten en vincular reconocimiento identitario con redistribución material, rechazando la separación artificial entre cultura y economía.
Lo cierto es que es necesario superar la falsa dicotomía entre universalismo que borra diferencias y particularismo que impide acción común. Las identidades son reales y políticas, pero no pueden ser el único eje de organización. Construir mayorías democráticas capaces de transformación estructural requiere solidaridades que trasciendan tribus sin negarlas, que reconozcan particularidades sin disolverse en fragmentación, que cambien tanto cultura como economía.
