En la última década, la expansión del crimen organizado se ha consolidado como un desafío fundamental para los Estados latinoamericanos y sus democracias. Si en el pasado pensábamos que este problema superaba solo a Estados débiles, con poca capacidad de proyectar su autoridad y presencia en amplias zonas de sus territorios, hoy es claro que también genera graves problemas entre los más fuertes de la región, como Costa Rica, Chile y Uruguay, países que han visto incrementar notoriamente los niveles de violencia criminal en la última década. Lo mismo ocurre con naciones del Primer Mundo que son emblema de la socialdemocracia, como Suecia, Países Bajos y Bélgica, que enfrentan niveles de violencia «narco» sin precedentes.
Para entender la naturaleza del crimen organizado y su relación con la democracia y el Estado, es necesario problematizar una serie de supuestos que subyacen a nuestra visión convencional sobre el tema. Por un lado, usualmente asociamos crimen organizado a altos niveles de violencia visible (por ejemplo, a homicidios). Pero en realidad, la violencia es mala para el negocio porque genera visibilidad social y atrae la atención de la opinión pública. El mejor crimen organizado y el más próspero es el que no se ve.
Por otro lado, cuando pensamos en crimen organizado tendemos a asociarlo al narcotráfico, y cuando pensamos en narcotráfico, tenemos en mente a los grandes carteles mexicanos o colombianos, que controlan toda la cadena de valor del negocio. Es decir, imaginamos una sola organización, integrada verticalmente, que produce, distribuye, vende localmente, exporta y lava dinero. Sin embargo, la realidad del crimen organizado es sumamente compleja, varía rápidamente y se adapta a las nuevas oportunidades y a las ventajas competitivas que ofrecen distintos países y economías locales. En esa realidad conviven, compiten y cooperan múltiples organizaciones (algunas locales, algunas transnacionales) que explotan una diversidad de mercados ilegales. Es decir, el «narco» es solo uno de esos negocios.
Las estructuras criminales pueden lograr la integración horizontal (desarrollando varios negocios) y la integración vertical (controlando distintas etapas de un mismo negocio), pero también pueden funcionar de forma más atomizada. Entender mejor los niveles de integración horizontal y vertical de los intercambios que ocurren en un territorio determinado es una de las claves para comprender su «lugar» en el mapa del crimen organizado, así como el tipo de estructura criminal que desafía y coopera con agentes estatales y actores políticos en cada país.
Como dijimos, los mercados ilegales son variados. Incluyen actividades como la trata de migrantes y la trata sexual, la explotación laboral, el sicariato, el microcrédito, la extorsión (desde el impuesto de seguridad y la «vacuna» a comercios locales hasta el secuestro extorsivo), el tráfico de terrenos y lotes para vivienda, la explotación de productos primarios como la madera, la fruta y la minería, y el tráfico de especies protegidas. El tráfico de arena, catalizado por la expansión de la industria de la construcción, constituye otro negocio próspero en la región. El reportaje «La noche de los caballos», ganador del Premio Gabo en 2024, que relata la operación de un enorme negocio de exportación de equinos robados desde Argentina hacia Europa, nos ha vuelto a mostrar la variedad que alcanza el negocio ilegal.
De la gran mayoría de estos mercados no hablamos. En Chile, por ejemplo, están casi completamente ausentes del debate público sectores muy dinámicos como el de las máquinas tragamonedas presentes en buena parte de los almacenes en los barrios populares, el tráfico de medicamentos en ferias, o el mercado ilegal de la ropa usada (importada y luego vendida informalmente en el mercado nacional e internacional). La extorsión en varias de sus expresiones es otro negocio en expansión del que casi no hablamos.
Esta falta de análisis hace que no percibamos lo dúctiles que estas organizaciones pueden ser. Por ejemplo, los carteles que operan en el estado de Michoacán han comenzado a especializarse en la exportación de palta (aguacate) y limón hacia Estados Unidos, donde se los sindica como responsables del alto precio de esos productos, mientras que el Clan del Golfo (también conocido como los Gaitanistas, un grupo originado en las autodefensas colombianas) domina el tráfico de migrantes cuyo epicentro es la región del Darién en Panamá. Por esa ruta migran hacia eeuu, bajo la «protección» y «guía» del Clan, latinoamericanos, pero también asiáticos. En 2023, transitaron por ese paso al menos 500.000 personas.
En América del Sur, la tala, la minería ilegal, el tráfico de hidrocarburos, el mercado de apuestas, la extorsión a negocios, y el tráfico y explotación de migrantes se han convertido en negocios prósperos de importantes organizaciones que solo identificamos como traficantes de droga. Aunque por sus altas rentas y la violencia que suele generar en el ámbito barrial el narcotráfico acapara la atención en el debate sobre seguridad en nuestros países, lo cierto es que la expansión de los «nuevos negocios» nos obliga a pensar en el crimen organizado de otra manera.
