La reunión interinstitucional de emergencia convocada ayer por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, culminó con el pedido a la brigada parlamentaria cruceña del inicio de procesos penales contra los responsables de la organización del Censo de Población y Vivienda 2022. Demandan también que la asignación de recursos se realice sobre la base de las proyecciones intercensales del INE.
El rector de la Universidad Autónomo Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, al informar sobre la parte conclusiva de la reunión sostenida, exigió “que nuestra brigada parlamentaria inicie procesos penales por incumplimiento de deberes contra los responsables políticos y técnicos del Censo”.
Las instituciones congregadas demandaron que el Presupuesto General del Estado de 2023 “se elabore en el marco de las proyecciones intercensales oficiales del propio Institucional Nacional de Estadística (INE), generando mecanismos de compensaciones sobre la base de proyecto de desarrollo para aquellos municipios que por pérdida poblaciones están en riesgo de perder recursos económicos”.
Además del rechazo a la postergación del Censo, decidida al marte en el Consejo Nacional de Autonomías, otro punto relevante de las conclusiones es la convocatoria a una “cumbre departamental de emergencia por un censo oportuno y transparente, para este viernes 15 de junio a las 13.00”.
En la reunión estuvo presente el gobernador Camacho, autoridades de la UAGRM; el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; asambleístas nacionales, departamentales y municipales, entre otros.
El Consejo Nacional de Autonomías recomendó, ayer miércoles, que la realización del Censo sea diferida hasta 2024. El Censo de Población y Vivienda es regido por el INE, dependiente del Ministerio de Planificación.
