El paro indefinido continúa. Así lo anunció el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, acompañado del gobernador Luis Fernando Camacho.
“Aquí un poco triste, por cómo el Gobierno sigue subestimando el sacrificio de una población que exige un derecho. Mandamos una comisión que ha sufrido todo el día un ambiente hostil”, dijo, en una conferencia en la puerta de su domicilio, donde cumple arresto las 24 horas.
Santa Cruz tuvo tres representaciones en el Encuentro Nacional por el Censo en Cochabamba. Primero, la Comisión Interinstitucional, representada por Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Gabriel René Moreno; el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, con el alcalde Jhonny Fernández presente; y la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), con su directiva en pleno, además de los alcaldes de diferentes municipios.
La reacción de la primera, que lleva adelante un paro cívico que cumple hoy una semana, es la que generaba más expectativa.
Al salir de la reunión, Vicente Cuéllar pidió tiempo para analizar las propuestas del encuentro de Cochabamba por el Censo, y el Gobierno criticó que la representación de Santa Cruz asistió sin poder de decisión.
“Hemos pedido tiempo para hablar con el Comité Interinstitucional y según eso tomar una determinación”. Indicó que retornaba a Santa Cruz para elaborar un informe, que se lo evaluará en “el escenario donde se tomó decisiones”, la comisión que preside.
CRÍTICA.
La respuesta vino de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien al terminar la reunión dio una conferencia prensa, en la que objetó que el rector y los otros representantes hayan asistido sin tener “poder de decisión” para generar certidumbre al pueblo. “Todas las autoridades querían que hoy se dé una respuesta al país, decir que se había llegado a un acuerdo, dar un mensaje en conjunto, pero lamentablemente, por dos personas (Camacho y Calvo) frente a más de 300, se ha tenido que postergar el mensaje que todos los bolivianos esperaban”, cuestionó Prada.
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Camacho respondió desde Santa Cruz a la ministra, asegurando que la decisión de no aceptar las propuestas proviene del cabildo realizado el 30 de septiembre pasado. “No es la voluntad de dos personas, sino de miles que participaron del cabildo”, aseguró el Gobernador.
No obstante, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, indicó que se aguardará hasta hoy la respuesta del rector de la Universidad cruceña para definir el inicio del trabajo de la comisión técnica con el fin de que en un plazo de 30 días o menos se defina la fecha adecuada del Censo.
Si acaso la respuesta es negativa, dijo que el proceso censal continuará con el calendario definido por el INE que es realizar la encuesta nacional en abril del año 2024, emitir los resultados preliminares de población en septiembre y aplicarlos en una nueva redistribución de ingresos en octubre de ese año.
ALCALDES.
En tanto, el burgomaestre cruceño, Jhonny Fernández, alejado de las posturas de la comisión interinstitucional, aplaudió la posibilidad de hacer un censo entre octubre de 2023 y abril de 2024.
“Se ha debatido bastante y se ha buscado que el Censo sea técnico, se ha buscado que cada municipio dé a conocer su propuesta, y emitieron su criterio sobre el tema”, sostuvo Fernández.
En tanto, el vicepresidente de Amdecruz, Pedro Damián Dorado, alcalde de San Miguel de Velasco, denunció que los cívicos están amenazando y presionando a los alcaldes para acatar el paro.
“Tiene que escucharse fuerte en el país lo que está pasando en el departamento de Santa Cruz, los cruceños somos víctimas de una dictadura cívica promovida por los grupos de poder y logias cruceñas. Ellos nos dicen cuándo debemos dormir y a qué hora debemos despertar, cuándo debemos salir de nuestras casas, a qué hora debemos salir a comprar de nuestras casas”, manifestó.
