Ante la escalada de violencia en Santa Cruz, que lleva 19 días de paro indefinido, la Defensoría del Pueblo exigió reencaminar el diálogo, con la ayuda de “facilitadores válidos”, para resolver la crisis por la fecha del Censo.
El Comité Interinstitucional cruceño impulsa la medida de presión para que el empadronamiento nacional se realice en 2023, sin embargo, el Gobierno concluyó, recientemente, que el proceso se puede realizar, máximo entre marzo y abril de 2024.
“Lamentamos la tozudez de estos actores en conflicto y exigimos que se reencamine el diálogo para lograr soluciones”, afirmó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
En ese marco, agregó que “si las partes en conflicto no están en la posibilidad de lograr este ámbito de solución, entonces pedimos que se busque facilitadores válidos (…) y se reencamine la posibilidad de solucionar este conflicto”.
El Defensor afirmó que la confrontación entre los sectores está alcanzando “una dimensión que puede tornarse incontrolable, en algún momento”.
La jornada de miércoles se registraron hechos de violencia en la región cruceña.
Hubo agresiones físicas a ciudadanos, amenazas de toma de instituciones públicas, además que se quemó un vehículo y se reportó la existencia de heridos.
Callisaya lamentó que el hecho más grave fue la muerte de un motociclista, cuando intentaba pasar un punto de bloqueo.
En medio de ese escenario, el gobernador Luis Fernando Camacho, la noche de este miércoles ratificó la continuidad del paro y que no dará “brazo a torcer”.
“Esta lucha la vamos a ganar, vamos a seguir en las calles, con fe, con convicción, con unidad”, afirmó durante una concentración.
En ese marco, Callisaya cuestionó la continuidad de este tipo de medidas que conflictúan más este escenario, pues “se pone en peligro a la ciudadanía”.
“Llamamos a todos lo actores de este conflicto a que podamos lograr un escenario de soluciones para pacificar el país”, enfatizó.
