En menos de 72 horas, desde que corriera el plazo establecido en el cabildo del domingo pasado, fueron liberados con medidas sustitutivas, 15 de los 17 detenidos acusados de sendos ataques a sedes de movimientos sociales en Santa Cruz de la Sierra. Dos de ellos fueron condenados a 4 años de cárcel tras someterse a un proceso abreviado. Por la levedad de su condena, podrán obtener medidas sustitutivas.
No obstante, pese a que era una de las demandas del Cabildo, los dirigentes cívicos anunciaron que el paro continuará, al menos hasta que esté promulgada la Ley del Censo.
“El paro indefinido continúa, de ninguna manera se ha mencionado levantarlo”, informó Fernando Larach, primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz.
“Todo el mundo está presentando proyectos de ley, pero lo que se necesita es que esté aprobada la ley”, explicó Larach.
Los hechos se remontan al 11 de noviembre pasado. Una marcha de gremiales que se dirigía hasta el monumento de El Chiriguano, fue interceptada por un grupo identificado con la Unión Juvenil, lo que derivó en un enfrentamiento en el que intervino la Policía con gasificación.
En medio de la trifulca, un grupo de manifestantes atacó la sede de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, provocando un incendio que fue controlado por los bomberos, aunque se quemaron al menos dos ambientes del predio.
Paralelamente, otro grupo se dirigió a la sede de la Central Obrera Departamental (COD), que fue saqueada, destruyeron mobiliario y vidrios. También intentaron incendiarla.
La Policía movilizada evitó que se produzcan otros hechos vandálicos en las oficinas locales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y de Bolivia Tv (BTV).
Por la quema de la sede campesina habían 10 detenidos y otros siete por el ataque a la COD.
La pregunta 5 del Cabildo del 13 de noviembre pasado indicaba que se daba 72 horas para liberar a los detenidos y pese a que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar, había dicho que el Poder Judicial “no aceptaba chantajes políticos”, finalmente se liberaron a casi todos los detenidos y dos se acogieron a proceso abreviado.
Uno de los abogados de los detenidos, Hugo Vaca, aseguró que “la Fiscalía no pudo sostener sus acusaciones”.
Vaca señaló que los 10 liberados tienen medidas sustitutivas, o sea fueron arraigados, deben pagar una fianza, tienen detención domiciliaria de 21.00 a 06.00 y no deben acercarse a personas involucradas con el caso.
