Se han reportado al menos 10 trabajadores de la prensa agredidos durante los 28 días que dura el paro cívico indefinido en Santa Cruz. Los agresores han sido identificados tanto entre los bloqueadores que apoyan el paro como en los que se oponen y en especial se apunta a la Policía.
Ante esta situación, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz convocó a un «Plantón en defensa de los periodistas» en el atrio del Comando Departamental de la Policía cruceña.
La Asociación, presidida por el periodista Roberto Méndez Herrera, demandará que se abra un proceso disciplinario contra el uniformado responsable del ataque contra el periodista de Unitel Leonardo Gil.
Gil fue el tercer comunicador de la misma red televisiva que sufrió una agresión. El primero fue Mario Rocabado, que el 1 de noviembre recibió una dura golpiza durante un conflicto en el municipio de La Guardia. Por ese hecho hay dos detenidos Marco Antonio Pinto Fernández, de 22 años y Constantino Carachuyo Choque, de 27, que se encuentran a disposición del Ministerio Público.
Asimismo, el 12 de noviembre pasado fue el turno de Yerko Guevara, que fue agredido durante los enfrentamientos en la avenida Grigotá, que derivaron en la quema de la sede de Campesinos. Dos mujeres lo protegieron de que lo sigan agrediendo. Todavía no hay detenidos por este hecho, que fue captado en vivo por diferentes señales de Tv y redes sociales.
Finalmente, Leonardo Gil fue el tercer periodista de Unitel agredido, esta vez por un gas lacrimógeno que disparó un policía e impactó en su mano, provocándole la necesidad de dos puntos de sutura. El reportero estaba cubriendo los duros enfrentamientos en el Plan 3.000
“Mi esposo me contó que encendió la luz de la cámara, porque es como usualmente se advierte a los policías de la presencia de un periodista, pero fue peor porque le dispararon a quemarropa. Al caer, perdió el teléfono celular corporativo y también el personal”, relató Stefany Claros, esposa de la víctima a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
De hecho, no fue el único comunicador afectado en esta refriega. La periodista Darling Heredia del portal La Tuti, denunció que fue interceptada por manifestantes contrarios al paro y golpeada en el rostro, además de sufrir el robo de su teléfono móvil. Afirmó que la obligaron a emitir una transmisión en vivo, la cual quedó registrada en la nube pese a la sustracción de su móvil.
Ambos hechos sucedieron durante la madrugada entre miércoles y jueves. Pero la madrugada del viernes fue el turno de Joaquín Matías, reportero de la Red Uno, que fue víctima de una agresión al recibir una pedrada en la cabeza quedando herido cuando reportaba la llegada de policías al Plan 3000.
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Asimismo, desde los medios estatales reportaron que los periodistas Carlos Iporre, Paola Moreno y el camarógrafo Franklin Quilla, de Bolivia Tv, fueron increpado,s atacados y sufrieron daños en sus equipos de trabajo.
El periodista Iporre fue interceptado por grupos radicales de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) mientras hacía el reporte para el noticiero y, al ser identificado como periodista de Bolivia TV (BTV), lo obligaron a que corte su trasmisión y deje de relatar lo que ocurría en la avenida Grigotá el 13 de noviembre.
Y ese mismo 13 de noviembre, el personal de BTV tuvo que ser evacuado luego que una turba de manifestantes trató tomar el edificio de la televisora estatal, tras la quema de la Federación de Campesinos, el saqueo en la Central Obrera Departamental y el intento de toma del Instituto Nacional de Estadísticas.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, condenó los hechos de violencia ocurridos en Santa Cruz y la agresión a los periodistas de diferentes medios de comunicación, entre ellos a los medios de comunicación estatales.
“Lamentamos y condenamos los hechos de violencia provocados en Santa Cruz. Reafirmo que fueron provocados, porque existe una responsabilidad en quienes mantienen posiciones intransigentes para exigencias sin sustento”, denunció.
En tanto, la Defensoría del Pueblo condenó las agresiones contra trabajadores de la prensa en el paro indefinido de Santa Cruz y exigió que se esclarezcan estos hechos y se sancione a los responsables.
“La Defensoría tiene registrados en total 31 casos, donde están incluidos los casos de los periodistas en Santa Cruz. No podemos permitir que los periodistas sean limitados en su actividad, estamos haciendo la investigación”, dijo el defensor Pedro Callisaya.
La Defensoría observó, además, la falta de protección para la labor periodística y la falta de garantías del pleno ejercicio de la libertad de prensa y del pleno acceso a la información.
