Tras una semana de conflictos en la Asamblea Legislativa por la aprobación de la ley del Censo, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, insistió en que solo una norma garantizará el proceso y dijo que desconfía del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La autoridad departamental argumentó que un decreto supremo no es suficiente para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos para el Censo y sus resultados, que permitirán la redistribución de recursos y escaños.
“El decreto lo han cambiado tres veces, ya no hay garantías, teníamos que haber tenido el Censo hace unos días; la ley es para tener garantías”, dijo en un breve contacto con los periodistas.
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Al menos 10 diputados de oposición realizaron una vigilia en la Asamblea Legislativa, luego de que se declaró un cuarto intermedio sin fecha, ni hora en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados.
En esa sesión se debía analizar una ley para definir los lineamientos del Censo de Población y Vivienda.
Sin embargo, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja no presentó el informe sobre el proyecto de ley.
Camacho convocó a representantes del Comité pro Santa Cruz y la Universidad Gabriel René Moreno.
Esas instituciones son miembros del Comité Interinstitucional del Censo, a tomar una posición regional sobre la falta de una ley para realizar esa consulta.
El conflicto por la fecha del Censo derivó en un paro que cumple este viernes 35 días.
El Comité Interinstitucional, que lidera la protesta en Santa Cruz, “desconfía” del Decreto Supremos 4824, que establece el empadronamiento el 23 de marzo de 2024.
Por su parte, los tres órganos del Estado afirmaron que la entrega de resultados en septiembre de 2024 “es suficiente”.
