El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, envió dos consultas a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) cruceña, referidas a la suplencia del gobernador, Luis Fernando Camacho.
En ambos casos, se le solicita al presidente de la ALD, Zvonko Matkovic, que el Legislativo de la Gobernación se pronuncie sobre los artículos 25 y 26 del Estatuto Autonómico cruceño.
“¿Cuál es la naturaleza jurídica y alcances de la ausencia temporal e impedimento definitivo del gobernador del departamento? ¿Cúales son las causales por las cuales se materializa la ausencia temporal e impedimento definitivo del gobernador del departamento? ¿Cuál es el procedimiento ante la ausencia temporal e impedimento definitivo?”, son las preguntas del vicegobernador Aguilera.
La primera nota está fechada el 6 de enero y, la segunda, el 16.
Por su parte, el asesor de Gestión del Gobierno Departamental de Santa Cruz, Efraín Suárez, dijo que Aguilera puede asumir el cargo “ante cuatro situaciones”.
Primero, explicó, “por una renuncia; un revocatorio de mandato; por muerte de la autoridad o por una sentencia ejecutoriada, “que no se ha dado”.
Puede leer: Asesor de la Gobernación cruceña dice que hay una ‘sucursal’ en Chonchocoro
Con estas misivas el vicegobernador descarga su responsabilidad en la voluntad de la ALD para interpretar el Estatuto Autonómico.
El debate sobre la suplencia de Camacho se instaló luego de su aprehensión y detención en el marco de las investigaciones por el caso Golpe de Estado I, el 28 de diciembre del año pasado.
En esa fecha, la Policía aprehendió a la autoridad departamental en un inusual operativo.
Posteriormente fue trasladado a La Paz y ahora cumple con una detención preventiva de cuatro meses, medida dispuesta por el juez Sergio Pacheco.
El caso Golpe de Estado se abrió a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty e investiga los hechos que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.
Entonces, Camacho lideraba el Comité pro Santa Cruz y las movilizaciones que denunciaban un supuesto “fraude electoral” en el proceso del 20 de octubre de ese año.
