La justicia dictó este martes detención preventiva en la cárcel de Palmasola para la dueña y tres educadoras de la guardería Garden House de Santa Cruz acusadas por los delitos de lesiones graves y gravísimas y atentado contra la salud pública.
En tanto, el otro propietario del jardín de infantes se benefició con detención domiciliaria para lo cual debe pagar una fianza, además tiene arraigo y debe presentarse en la Fiscalía cada semana para firmar el cuaderno.
Durante la audiencia cautelar, que se prolongó por más de ocho horas, el Ministerio Público presentó todas las pruebas recolectadas durante el allanamiento a la guardería. Entre esos elementos están las imágenes de las cámaras de seguridad que develan el maltrato a una de las víctimas y las cintas de embalaje.
También fueron presentados los resultados de los exámenes psicológicos practicados a los menores de edad que señalan que padecen “estrés postraumático” por los maltratos que recibían y los alimentos vencidos que les daban a los infantes de merienda, entre otros.
Tras escuchar los argumentos de la fiscal Delmy Guzmán, la juez Primiero de Instrucción en lo Penal, Patricia Murillo, determinó detención por 120 días en Palmasola para Romy A., directora y propietaria de la guardería Garden House; también para las educadoras Lucía C., Brenda M. y Josefina A.
Los cinco acusados fueron aprehendidos tras conocer la violencia ejercida en contra de un niño de tres años de edad a quien lo ataban de pies y manos con cinta de embalaje. El maltrato fue registrado por las cámaras de seguridad de la guardería luego de la denuncia que realizó la madre de la víctima ante la dirección la guardería.
Tras hacerse público este hecho aparecieron otras 11 víctimas cuyos padres se adhirieron a la denuncia. La Fiscalía libró las órdenes de aprehensión y, desde el viernes hasta el domingo, la Policía aprehendió a los implicados. Las víctimas fueron sometidas a una evaluación psicológica cuyos resultados develaron que padecían «estrés postraumático». Uno de los niños expresó «temor extremo» al ver en la mano de uno de los psicólogos una cinta de embalaje, según el resposable de la Defensoría de la Niñez, Carlos Honor.
El abogado de las víctimas, Romel Ipamo, informó a La Razón que hay más víctimas y la Fiscalía tiene listas más órdenes de aprehensión contra otros implicados.
