El Comité pro Santa Cruz decidió alejarse del Comité Interinstitucional y dejó en situación complicada al movimiento cívico que en 2022 propició protestas por Censo 2023 contra el Gobierno.
Una de las causas conocidas de ese quiebre es la falta de coordinación entre las organizaciones que lo componen, que afectaron a la capacidad de convocatoria de la organización en los últimos intentos de movilización. Además de un juicio contra sus otrora líderes.
Hace dos semanas, la organización no pudo rearticularse, como lo anunció, con protestas contra el Gobierno en relación a las “leyes malditas”, como llamó. Una reducida marcha y un bloqueo “nacional” no pudieron concretarse.
Con el desmarque del Comité pro Santa Cruz, dicho Comité Interinstitucional quedó solo; la Gobernación de Santa Cruz redujo su respaldo político al ser encarcelado en Chonchocoro el gobernador Luis Fernando Camacho.
Tal vez su momento “más fuerte” lo alcanzó en el conocido paro regional de los 36 días, que comenzó el 22 de octubre de 2022 y terminó el 26 de noviembre de ese año. Entonces, se exigía Censo de Población y Vivienda en 2023; y los líderes de esa medida terminaron aceptando que ese evento sea en marzo de 2024.
La fecha es “un concho (sobra)” había dicho entonces Camacho. Éste se encuentra bajó detención preventiva por cuatro meses más, acusado de los hechos precedentes al derrocamiento del presidente Evo Morales en 2019.
Movimiento cívico
Los líderes del Comité Interinstitucional eran el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar; el titular del Comité pro Santa Cruz de entonces, Rómulo Calvo, y Camacho. Otros sectores menos visibles de ese departamento también integraban la organización.
Cabildos y movilizaciones caracterizaron las protestas, que luego degeneraron en jornadas de violencia, como la muerte de al menos tres personas a causa de la presión y los puntos de bloqueo. Además, grupos violentos de apoyo al Comité pro Santa Cruz quemaron las sedes de la Federación de Campesinos y la Central Obrera Regional.
Precisamente ese paro, según datos del Gobierno, generó una pérdida económica de unos $us 36 millones por día, o sea, $us 1.296 millones al final de la medida.
Los líderes del paro (Cuéllar, Camacho, Calvo y José Luis Santistevan) ahora están investigados por la supuesta comisión de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; atentado contra el Presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, entre otros.
Dicha investigación fue abierta a instancias del secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022. El caso radica en La Paz, pese a que los hechos ocurrieron en el departamento de Santa Cruz. Precisamente, esto fue cuestionado por Cuéllar.
Desmarque
El miércoles, ahora con Fernando Larach como presidente, el Comité pro Santa Cruz (CPSC) anunció su salida del Comité Interinstitucional.
Por unanimidad este directorio ha decidido no participar de la comisión interinstitucional”, informó Larach en conferencia de prensa.
Sin embargo, dijo que la organización seguirá “trabajando en torno a la institucionalidad que hace parte del CPSC”.
El martes el Comité Interinstitucional tuvo una reunión en la que fue designada una nueva dirección. El vicerrector de la UAGRM, Reinerio Vargas, quedó como vocero y Santistevan, como coordinador.
Ambos pugnaron por llegar a encabezar el Comité pro Santa Cruz, en las elecciones en las que Larach fue elegido presidente.
