El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, afirmó que la salud del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está garantizada y que, al contrario de lo dicho por su familia, recibe atención médica constante, incluso, de especialistas.
El jueves, Camacho dijo que no permiten el ingreso de sus médicos al penal de Chonchocoro; allá guarda detención preventiva desde el 30 de diciembre de 2022, investigado por el caso Golpe de Estado I.
Apoyado por sus familiares, incluso calificó de “dictadura” el gobierno del presidente Luis Arce.
“No se han referido a que tenga una atención médica personalizada de 24 horas y siete días a la semana por un personal profesional médico; entre ellos, una licenciada en enfermería, dos personas que están haciendo los controles diarios”, dijo el titular de Penitenciarías en entrevista con La Razón Radio.
Incluso dijo que los controles diarios a la salud de Camacho ocurren hasta cinco veces al día. “Tenemos los registros en un historial clínico”, aseguró.
También rechazó las supuestas restricciones de ingreso a los médicos especialistas de la autoridad regional. Afirmó que ellos participan en las juntas médicas del equipo de salud del penal de Chonchocoro y que, incluso, “son sus médicos los que han establecido sus tratamientos, recetas y medicamentos”.
Limpias negó que haya una supuesta restricción de visitas a los familiares del gobernador cruceño. Dijo que su esposa y sus hijos se turnan el acompañamiento del detenido preventivo y que prácticamente “conviven con él”.
Las declaraciones de Limpias responden incluso algunos medios de comunicación en torno a la supuesta vulneración de los derechos humanos de privados de libertad, a los que llaman “presos políticos”.
En el caso de Camacho, se encuentra recluso por disposición del juez Sergio Pacheco, en el caso que investiga los hechos precedentes a la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, en medio de una convulsión social y política, liderada, precisamente por Camacho.
Además, influyó la presión de los altos mandos de la Policía Boliviana y del Ejército, para que dejara el cargo.
