El secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, Miguel Sorich, explicó que el gobierno departamental atraviesa por una “iliquidez temporal” debido a la reducción de ingresos por hidrocarburos, la falta de planificación financiera y una contratación “irracional” de personal.
El 10 de abril, la Gobernación de Santa Cruz anunció que se aplicarán nuevas medidas económicas, con la finalidad de ahorrar Bs 70 millones a raíz de una crisis económica y un periodo de iliquidez.
En entrevista con La Razón Radio, Sorich afirmó que ante la crisis se estableció un plan de reingeniería económica para dar solución a la crisis. Prevé optimizar los recursos hasta el 31 de diciembre.
Al ser consultado sobre las causas de la crisis, explicó que, la reducción elevada de ingresos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es uno de los factores principales. A diciembre de 2022, la Gobernación recibía Bs 1.030 millones por regalías de carburantes y en el mismo periodo de 2023 recibió Bs 761 millones. “Son Bs 300 millones menos”.
Otra causa ―según dijo― fue la falta de planificación financiera y de pagos a sus proveedores, y la inexistencia de un plan de tesorería. “Entraban recursos y se veía qué se pagaba y qué no. No había una programación de pagos”.
“Hemos identificado falta de planificación financiera, era más reactivo que planificado”, añadió.
Aunque no quiso dar nombres, aseveró que el responsable de la crisis es el Ejecutivo de la Gobernación, antes encabezada por el gobernador electo Luis Fernando Camacho, detenido en el penal de Chonchocoro, en La Paz.
Sin embargo, adelantó que una auditoría establecerá responsabilidades.
Actualmente, la institución está encabezada por el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, quien hizo una serie de cambios en las secretarías y personal.
Sorich indicó que, desde el 1 de abril, el personal de Aguilera hizo un análisis financiero y una revisión de auditorías. Como resultado se pudo evidenciar que la oficina está atravesando por una “situación crítica”.
Develó que la Secretaría de Hacienda emitió un informe con datos de septiembre y diciembre en el cual advirtió al Ejecutivo que se estaba gastando más de lo que ingresaba. “En función de los ingresos de Bs 2.030 millones, se gastó Bs 2.400 millones”.
“La secretaría fue responsable en emitir su informe en 2023, donde advirtió la situación que podía suceder si gastábamos más de lo que estábamos ganando”.
De ese modo, se generó una “deuda flotante”, que son obligaciones que se adquirieron desde septiembre que no tenían la fuente de pago. “Los resultados son los que estamos viviendo, ese es el problema”.
Develó que, de octubre a diciembre de 2023, se hicieron compras de manera “irracional”; por ejemplo, se adquirió un servició de Bs 60 millones, pero la Gobernación no contaba con fondos para pagar al proveedor del servicio.
“Se recibió el servicio, pero no teníamos fondos. Nos hemos fiado sin saber de dónde vamos a pagar”, explicó.
Sin embargo, Sorich consideraó que, con la implementación del programa de optimización financiera y las medidas de control de gasto, la crisis se solucione hasta fin de año. “La iliquidez es temporal”, insistió.
Anunció que desde su despacho se van a establecer mecanismos de innovación para generar nuevos ingresos. “Algunas de las medidas son la reducción de personal, restricciones vehículos y optimización de gastos”.
Asimismo, aseveró que los proyectos en el departamento están garantizados.
“Haremos revisiones la presupuesto para dar prioridad a los proyectos”. Por ello, pidió tranquilidad a la población cruceña.
Al ser consultado sobre posible sanción a las autoridades ejecutivas, responsables de la crisis, aseguró que el departamento de auditoría es el despacho correspondiente para establecer sanciones.
“Será el departamento de auditoría o las instituciones correspondientes que establecerán alguna sanción (para los responsables)”, informó.
El 27 de febrero, Aguilera presentó el informe de confiabilidad del gobierno departamental, que estableció 40 observaciones que pueden derivar en procesos administrativos, civiles e incluso penales contra los responsables.
El 2 de febrero, quien fuera vicegobernador asumió sus funciones por mandato del Tribunal Constitucional, que consideró el resguardo del Estatuto de Santa Cruz en relación a la suplencia temporal. El gobernador electo se resistía a ceder sus tareas, pese a su condición de recluso en el penal de Chonchocoro, en La Paz.
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