La Policía sospecha que funcionarios de la Corte Departamental Electoral (CDE) de La Paz están involucrados en la red de falsificadores que en tres años se apoderó de 10,5 millones de dólares de la renta Dignidad. Se envió un requerimiento fiscal para la investigación del caso.
«No se descarta la participación de funcionarios y otra gente allegada a la Corte Departamental Electoral de La Paz y efectivos policiales», aseveró ayer a los periodistas el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba, coronel Julio César Miranda.
Anunció que por el momento se citó a declarar en La Paz a una persona de nombre Shirley Julieta Molina Arzabe y que existe una orden de aprehensión para Guadalupe Mamani Apaza, quien presuntamente recogía la documentación fraudulenta en la sede de gobierno.
El vocal de la CDE de La Paz, Jorge Vergara, informó a La Razón que no tenía conocimiento de que algún requerimiento de la Policía habría llegado a esa entidad. «No nos ha llegado nada oficialmente».
Según la investigación de la FELCC, algunos de los miembros de esta organización eran ex funcionarios de entidades financieras. La red contaba con cómplices en al menos seis de estas empresas y de cada uno de los afectados cobró Bs 2.400.
Las financieras y personas de la tercera edad se sumaron a la querella interpuesta por la Fiscalía contra Álex y Erick Núñez Cruz, Iván Santos Durán Rojas, Juan Carlos Sirpa Flores y Edwin Álex Zambrana Copa, miembros de la banda de falsificadores.
«Las entidades financieras afectadas anunciaron su predisposición a coadyuvar en las indagaciones», informó el coronel Miranda.
La organización habría utilizado la base de datos de la CDE de La Paz tras comprarla en 5.000 dólares. Vergara afirmó que si utilizaron el padrón electoral fue el anterior al vigente.
Manifestó que el anterior padrón es vulnerable. «Si usted va al supermercado, le piden su NIT y ya tienen su nombre registrado», afirmó.
Miranda explicó que la fuerza anticrimen de Cochabamba coordina acciones con sus similares de La Paz y Chuquisaca para dar con los demás miembros de la organización.
La organización fue desbaratada el 22 de abril. Los hermanos Núñez Cruz encabezaron las tareas de adulteración de cédulas de identidad y certificados de nacimiento. La Fiscalía habría requerido datos para verificar la fidelidad de la información.
Banda operó tres años
Según la Policía, la banda cobró al menos 73.680.000 bolivianos. Los cómplices recibían las fotocopias de las cédulas y facilitaban el de- sembolso.
