Los cooperativistas mineros amenazaron hoy, con desbloquear la ruta Caranavi – Alto Beni a plan de dinamitazos, ante la incapacidad del Gobierno de resolver este conflicto que ingresó en su onceavo día, informó el secretario General de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Alfredo Durán Oviedo.
El dirigente, consultado sobre si esas acciones pudiesen derivar en enfrentamientos, muertos y heridos, respondió: «podrían haber, pero el Gobierno será responsable de esta situación ya son once días de pérdidas».
«En un ampliado regional, hemos determinado desbloquear la ruta a Caranavi utilizando dinamita. A partir del medio día los cooperativistas estaremos movilizados para ir a hacer el desbloqueo correspondiente», dijo el dirigente minero.
«Usaremos dinamitas si el caso amerita tenemos que desbloquear ya que el Gobierno no cumple sus funciones y no se preocupa de solucionar y tampoco la gente de Caranavi tiene sensibilidad no podemos seguir esperando las ganas de uno o dos ministros encargados de solucionar este problema», sostuvo.
GOBIERNO PASIVO: El ministro de la Presidencia, Oscar Coca, en conferencia de prensa dejó en manos de los colonizadores de la provincia Caranavi y Alto Beni la solución del conflicto.
«Esta es la posición a que el Gobierno ha venido sosteniendo de manera firme, el emplazamiento definitivo debería corresponder a un fundamento técnico pero que sea propuesto por las Federaciones de la región esta es la posición del Gobierno. Sabemos del perjuicio que están ocasionando no sólo a Ferreco, sino a otros sectores. Nosotros entendemos que este es un problema que ellos (las siete Federaciones de colonizadores) que deben resolver», dijo.
Ese anuncio fue desvirtuado por los dirigentes cooperativistas. «No puede ser un asunto interno, puesto que el Gobierno está para hacer respetar las leyes y el derecho al libre tránsito. Y si el gobierno no lo hace nosotros obligatoriamente tenemos que movilizarnos, puesto que no hay otra alternativa y nosotros necesitamos trabajar», sostuvo.
Por su parte, el alcalde de la población del Guanay Rolando Tupa, advirtió que la situación de los habitantes es «desesperante» toda vez que no cuentan con alimentos, medicamentos, transporte y combustibles.
«Nosotros estamos cansados y hoy saldrá una marcha pacífica de 300 personas desde Guanay hasta Caranavi para pedir que se suspenda el bloqueo y ojalá que no suceda alguna desgracia», advirtió el burgomaestre.
Asimismo, el dirigente cooperativista recordó que una de las misiones constitucionales del Gobierno es garantizar el libre tránsito en el territorio nacional.
La nueva Constitución Política del Estado (CPE) en el capítulo referido a los derechos civiles y políticos en su parágrafo 7 señala: «los bolivianos y las bolivianas tienen los siguientes derechos. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano»
El artículo 251 de la Ley Fundamental establece: La Policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía y las demás leyes del Estado.
En ese marco el artículo 252 de la CPE determina: «las Fuerzas de la Policía boliviana dependen del presidente del Estado por intermedio del ministro de Gobierno», cargo que en la actualidad ocupa Sacha Llorenti.
El ministro Coca, consultado sobre si el Gobierno hará cumplir esos preceptos legales, dijo que «es un principio básico que no se lo discute y estamos en la disyuntiva de encarar ese tema y garantizar este derecho», se limitó en señalar.
